La Procuraduría General lanzó este domingo duras críticas contra el gobierno de Gustavo Petro y las acciones emprendidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), frente al manejo de la crisis derivada por el temporal de lluvias que ha afectado a gran parte del país y dejado a su paso miles de damnificados.
El Ministerio Público alertó por el manejo que le ha dado el Ejecutivo a la declaratoria de situación de desastre, que ajusta 730 días en marcha, mientras “siguen sin corregirse las malas prácticas que han favorecido que se presenten graves casos de corrupción en la UNGRD”.
Para el ente de control, hay serias falencias en la manera como el Gobierno ha gestionado la declaratoria de situación desastre y el manejo para mitigar el impacto de la situación, puesto que no hay “definición y ejecución de medidas integradas e inclusivas encaminadas a prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes”.
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También criticó que, contrario a lo que debería suceder, que las regiones y zonas donde “se deberían tener mejores condiciones de resiliencia” respecto a la crisis climática y la manera de encararla, lo que hay es una “mayor exposición a las amenazas y de vulnerabilidad a los desastres”.
“Las delegadas para la Gestión y Gobernanza Territorial y la de Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios destacaron entre los aspectos más críticos y sobre los que se deben adoptar acciones inmediatas para garantizar los derechos de los afectados, la ausencia de Planes de Acción Específicos para la Recuperación (PAE) para las declaratorias de situación de desastre nacional de los decretos 2113 de 2022 y 037 de 2024”, resaltó la Procuraduría.
El organismo puso en evidencia que el Gobierno no ha aplicado el “principio de oportuna información”, sumado a la precariedad en el “seguimiento y evaluación del Plan de Acción Específico para la Recuperación del decreto 020 del 16 de enero 2024”, en el que se declaró “la existencia de una situación de desastre en el departamento de Chocó, por el término de doce (12) meses, prorrogables hasta por un periodo igual”.
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Además, la Procuraduría recordó que la norma vigente establece como “falta gravísima relacionada con la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente”, no cumplir con las funciones que debe realizar la UNGRD.
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