La Fiscalía General de la Nación convocó este 25 de julio una audiencia en la que imputará formalmente a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Sneyder Augusto Pinilla, exsubdirector; y Luis Eduardo López Rosero, contratista, en el marco del escándalo de corrupción que sacudió la entidad.

La audiencia, que será pública por disposición de la Fiscalía, marcará el inicio de un proceso judicial de gran envergadura y presentará los primeros resultados y pruebas sobre el entramado de corrupción en la UNGRD.

El caso, que ha generado gran expectación en el país, involucra serias irregularidades en la contratación para el suministro de agua en el departamento de La Guajira y en la ejecución de obras de mitigación en varios departamentos, incluyendo Córdoba, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar, Nariño, Chocó y Cauca.

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La Fiscalía acumuló evidencia sustancial que sugiere la existencia de un esquema de corrupción que desvió recursos públicos destinados a estas importantes iniciativas.

La imputación de los tres involucrados estará centrada en varios delitos graves, incluyendo concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Estos cargos reflejan la magnitud del escándalo y las profundas irregularidades que se han descubierto en la gestión de los contratos de la UNGRD.

Defensa y posibles acuerdos

López y Pinilla podrían buscar un principio de oportunidad, una figura legal que les permitiría reducir sus penas a cambio de colaboración sustancial con la Fiscalía.

Pinilla tomó un paso significativo al aceptar parcialmente su culpabilidad. El 9 y 10 de julio, el exsubdirector firmó un acuerdo con la Fiscalía en el que acepta una pena de cinco años de cárcel y la devolución de 292 millones de pesos.

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El acuerdo incluye la aceptación de los delitos de peculado agravado y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, la medida suscitó críticas, incluido un contundente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en redes sociales, quien calificó la pena de "poquita cárcel" y cuestionó la posibilidad de que Pinilla disfrute de los beneficios del botín obtenido.

El presidente Gustavo Petro ha sido claro en su postura respecto a la corrupción. En anteriores declaraciones, Petro criticó a Olmedo López por no denunciar las irregularidades cuando asumió la dirección de la UNGRD y advirtió que cualquier funcionario implicado en actos corruptos debe enfrentar la justicia y cumplir penas de prisión.

Por su parte, Olmedo López acordó con la Fiscalía devolver mil millones de pesos al Estado como parte de un compromiso para cooperar en la investigación del escándalo de corrupción que sacudió a dicha entidad gubernamental.

Germán González, consultor y analista político, indicó que ambos podrían ofrecer información clave sobre otros actores involucrados en el esquema de corrupción y proporcionar documentos y evidencias que ayuden a desmantelar la red. Este acuerdo de colaboración podría incluir la propuesta de cumplir una pena de prisión más reducida, posiblemente un año de cárcel y el resto en prisión domiciliaria.

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“Su cooperación facilitaría el avance del proceso judicial al permitir a la Fiscalía obtener pruebas adicionales y desmantelar la red de corrupción”, destacó González, quien explicó que este desarrollo podría también conducir a la identificación y procesamiento de otros individuos implicados en el caso. Además, el ente acusador tendría la facultad de remitir copias a la Corte Suprema de Justicia, para que esta considere la información en su investigación contra los congresistas presuntamente involucrados.

Según González, López y Pinilla podrían proponer un acuerdo en el que cumplirían una pena de prisión reducida, posiblemente un año en prisión efectiva y el resto en prisión domiciliaria. Esta propuesta está en discusión con la Fiscalía, que debe decidir si acepta o rechaza el acuerdo.

Repercusiones en el contexto político

La audiencia del 25 de julio será un punto de inflexión en el caso y podría tener amplias repercusiones políticas. El escándalo de corrupción en la UNGRD ha puesto en tela de juicio la gestión de los recursos públicos y ha expuesto posibles sobornos a congresistas para influir en reformas gubernamentales.

La Fiscalía, al presentar pruebas y cargos, intensificará la presión pública sobre el gobierno y cuestionará la legitimidad de las reformas.

González subraya que la visibilidad del caso y la actitud firme de la Fiscalía podrían debilitar la posición del gobierno actual, poniendo en riesgo la estabilidad política del país. El nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, enfrentará el desafío de avanzar en una agenda legislativa ambiciosa en medio de un contexto político turbulento.

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A medida que se acerca la fecha de la audiencia, el país estará atento a los resultados y estrategias de defensa que emergen en este caso de corrupción. Las decisiones tomadas en esta audiencia podrían cambiar el curso del proceso judicial y tener un impacto duradero en el sistema de justicia y en la política nacional.

La corrupción permeará en este gobierno

La sombra de la corrupción persigue al gobierno en medio de los procesos de investigación, amenazando con empañar el resto de su mandato. Aunque los escándalos de corrupción para ganar votos en el Congreso no son nuevos, este representa un golpe significativo a su legitimidad, especialmente para un gobierno que durante la campaña prometió acabar con estas prácticas y mantener una política de tolerancia cero hacia la corrupción.

Según González, la oposición no tardará en aprovechar esta situación. Los resultados de las investigaciones, previstos para 2025, nutrirán su narrativa de campaña antigobierno con miras a las elecciones de 2026, fortaleciendo su posición y argumentos contra la administración actual.

Además, si estos escándalos continúan, también minarán la cohesión de las mayorías que ha construido el presidente en el Congreso. No solo pondrán en riesgo la legitimidad y validez de las reformas aprobadas, sino que también aumentarán la fragmentación interna de los partidos, endureciendo el faccionalismo a favor y en contra del gobierno, ya que un escándalo de esta magnitud genera incentivos para no permanecer bajo la sombra del ejecutivo.

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