Ya es un hecho. La reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que nació en 2011 con el fin de proteger, asistir, atender y reparar integralmente a quienes habían sido afectados por el conflicto, pero que afronta un considerable rezago, quedó en firme, luego de que el presidente Gustavo Petro la sancionara.
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La modificación a la histórica norma surgió, principalmente, con el propósito de equipararla al Acuerdo de Paz suscrito en 2016 en La Habana, con la desaparecida guerrilla de las Farc, además de establecer mejores condiciones para una pronta y eficaz reparación a las víctimas, teniendo en cuenta que, luego de doce años de implementación, apenas el 14% de los 9’409.808 víctimas inscritas ha recibido su indemnización.
El último informe de seguimiento de la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría advierte, adicionalmente, que se necesitarían por lo menos $300 billones para garantizar todas las medidas de asistencia, atención y reparación hasta el año 2031.
Diógenes Quintero, representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, y uno de los impulsores de la reforma, explicó que, justamente, entre los avances más significativos que se consiguieron con esta reforma figuran los mecanismos para lograr que el proceso en favor de los beneficiarios de la Ley 1448 se cumpla con celeridad y eficacia.
En ese sentido, dijo que como uno de los mayores problemas que enfrenta la norma hoy es la reparación, se estructuraron dos componentes: uno de ellos tiene que ver con la creación de una comisión de financiamiento, que lo que hace es buscar cuáles serían las alternativas para generar fuentes de financiación, y el otro, la escogencia del mecanismo de indemnización.
“Muchas víctimas sí esperan la reparación desde lo económico, desde la indemnización, pero muchas también lo que dicen es que para ellas la reparación puede ser una beca en la universidad para un hijo, o una casa. Entonces, creamos un mecanismo en la ley que se llama acuerdos restaurativos, en los que la víctima es la que le dice al Estado cómo se sentiría reparada”, señaló el congresista.
Al respecto, la reforma a la ley establece que las personas que se encuentren en el Registro de Único de Víctimas y a la fecha no hayan sido reparadas o se encuentren en proceso de asignación de una medida de indemnización, restitución o rehabilitación, podrán voluntariamente cambiarse a una ruta restaurativa.
“El Gobierno Nacional reglamentará una ruta restaurativa de indemnización que consistirá en un mecanismo según el cual, de manera voluntaria, las víctimas y el Estado buscarán medidas concertadas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción, las cuales deberán guardar relación directa con el hecho victimizante para su reparación integral”, dice la reforma.
Se amplía el universo de víctimas
Quintero dijo que otro de los cambios principales que se incorporó en la Ley 2421 de 2024, que acaba de sancionar el presidente de la República, es la ampliación del universo de víctimas, en la medida que ya no solo se reconocerá a los afectados por las guerrillas o los paramilitares, sino a todos los que han padecido el accionar de los distintos grupos delincuenciales.
Adicionalmente, se incorporaron nuevos hechos victimizantes que no estaban reconocidos, como el confinamiento.
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“Para los efectos de la presente ley, se consideran víctimas a todas las personas que sufran desplazamiento y confinamiento de manera individual o colectiva, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación aplicable”, dice el artículo 3 de la nueva ley, en su parágrafo 6.
Entre tanto, las víctimas que sean reconocidas en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pasarán automáticamente a hacer parte del Registro Único de Víctimas.
El representante a la Cámara dijo que si bien estos y los demás cambios que se incluyeron con la reforma amplían el universo de víctimas y la realidad que enfrenta el país puede desbordar cualquier capacidad de respuesta, lo que intentaron también fue llamar la atención del Estado sobre esa responsabilidad que debe cumplir con los afectados por el conflicto.
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“Todos hablan de las víctimas, de la paz, pero al final, cuando se trata de asignar presupuestos, de fortalecer la Unidad para las Víctimas, todo se queda en discursos. Entonces, lo que se quiere es ver cómo aceleramos el proceso. El Estado tiene mucha oferta en subsidios y la idea es que eso también sea dirigido a la población víctima”, planteó.
Celebra la Defensoría
La Defensoría del Pueblo, que fue promotora de la modificación a la Ley de Víctimas, destacó la importancia de que la norma que introduce cambios sustanciales a la política de atención integral a las víctimas del conflicto ya sea una realidad.
“Destacamos la promulgación y sanción presidencial de la Ley 2421 de 2024, que modifica la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a las víctimas para garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, manifestó la entidad en su cuenta de X.
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Allí hicieron también una relación de los principales logros alcanzados con la reforma, en favor de la población que ha sufrido el accionar de los grupos armados:
-Fortalece la articulación de la Ley de Víctimas con la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
-Robustece las capacidades de coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas a nivel nacional y territorial.
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- Garantiza los derechos de las víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública, quienes no contaban con mecanismos de reparación a través de su régimen especial.
-Fortalece procesos de retorno, reubicación e integración local, con visión de soluciones duraderas.
- Refuerza la implementación de medidas de indemnización, rehabilitación, atención psicosocial, reparación colectiva y garantías de no repetición.
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