La siguiente historia hace parte de un especial multimedia llamado 'Viejas figuras, nuevos desafíos', desarrollado por Colombiacheck y Consejo de Redacción, con el apoyo de la DW Academy. Si quiere ver el especial completo dé clic en la siguiente imagen.

Las elecciones legislativas y presidenciales que tuvieron lugar en marzo, mayo y junio pasado, para definir la recomposición del Congreso, así como el nuevo presidente de los colombianos dejaron un evidente ganador en Norte de Santander: el partido Centro Democrático. Esta agrupación aumentó en cerca de 30.000 su votación al Senado y en casi 27.000 la de Cámara, lo cual les permitió asegurar un representante para el periodo 2018-2020. Hasta el preconteo, la candidata Milla Romero se daba como una segura senadora, pero en los escrutinios la historia cambió y esa curul finalmente se perdió. Con el anuncio de la renuncia de Álvaro Uribe las posibilidades de entrar revivieron para la dirigente, pero ante la reculada del exmandatario, todo quedó igual.

Lo cierto es que después de no tener ningún parlamentario elegido por la región para el cuatrienio anterior, el uribismo no solo logró meter a uno de los suyos en el Congreso sino que también se convirtió en el departamento donde Iván Duque obtuvo -en primera y segunda vuelta- el mayor porcentaje de votos.

Mientras que el 27 de mayo 378.192 personas (61%) votaron por Duque en esta zona, en la ronda definitiva la cifra aumentó a 486.000 (77,89%). Este resultado lleva implícito un elemento que se ha convertido en un punto de quiebre en la historia reciente de la frontera colombo-venezolana y que -además de alterar de manera significativa todos sus indicadores- seguirá influyendo en la escena electoral: la migración.

La crítica situación que afronta el país vecino y que ha obligado a millones de personas a emigrar hacia Colombia y a otros lugares del continente buscando mejores condiciones de vida, fue capitalizada de manera exitosa por el CD, partido que -bajo la tesis de la amenaza ‘castrochavista’ y  el riesgo de correr el mismo camino de Venezuela si se elegía un proyecto ‘populista’- terminó por conquistar adeptos y votos. Buena parte de estos apoyos pudieron ser de colombianos alarmados por la migración, pero es cierto también que muchos votos han empezado a cambiar de territorio.

Cada día -en promedio- unas 4.664 personas de las 40.621 que ingresan por los pasos limítrofes no regresan a su país (cifras de Migración Colombia a junio).

Durante las recientes jornadas electorales, las redes sociales fueron inundadas de falsos mensajes que alertaban sobre la supuesta influencia del voto venezolano en la configuración del mapa político colombiano y el inminente favorecimiento a partidos como el de las desmovilizadas Farc.  Nada de eso ocurrió. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) tan solo consiguió un total de 52.532 (0,34%) votos al Senado en toda Colombia, 2.115 (0,39%) de los cuales fueron en Norte de Santander. Sí pudo haber influencia de votos de migrantes pero, paradójicamente,  parece que  beneficiaron más al uribismo.

¿Votos importados?

Eduardo Espinel nació en Venezuela, pero sus padres y abuelos son colombianos. Llegó a Colombia hace dos años, tras el cierre de la frontera ordenado por Nicolás Maduro en agosto de 2015. Desde entonces, lidera ‘Venezolanos en Cúcuta’, una Fundación dedicada a organizar, hacer seguimiento y tender una mano a los venezolanos residentes en esta región. Así se ha ganado el reconocimiento de sus coterráneos e incluso de figuras como la exdiputada María Corina Machado.    

Durante la pasada contienda legislativa y presidencial esta plataforma sin ánimo de lucro habría movilizado votos en favor del uribismo aprovechando su información (censos), el respaldo económico que recibe de empresarios y su influencia en la comunidad colombo-venezolana. Espinel no lo confirma de manera explícita, pero sí reconoce que   trabajó en la campaña de Iván Duque. “Nosotros vimos la mejor opción que tenía Colombia, porque venimos sobrellevando el ‘castrochavismo’ durante más de 19 años en Venezuela. Lo que hicimos fue hacer un llamado para despertar conciencia. Un llamado a no repetir la historia”, dijo.

Explicó además que durante el plebiscito impulsado el año pasado por la oposición venezolana, en contra de la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro, él y su fundación movilizaron 11.721 personas que hacen parte del censo que han levantado y de las cuales, afirma, 75% tiene cédula colombiana. Por eso, no descarta que muchos de ellos hayan votado para el Congreso y para la Presidencia en Norte de Santander.

Pero este líder venezolano va mucho más allá. Asegura que gracias a su trabajo humanitario ha detectado una población flotante integrada por al menos 70.000 compatriotas suyos -con cédula colombiana- que podría incidir en términos electorales a futuro: “pues, aunque no están todavía certificados por el Consejo Nacional Electoral, porque son jóvenes que hasta ahora están haciendo su requerimiento (de la cédula) y que votaban era en Venezuela, ya están radicados aquí”. Por eso insiste en hablar de ciudadanos colombo-venezolanos.

En estas zonas de frontera como la de Norte de Santander, su característica histórica fue el intercambio comercial y cultural. Gracias a esa relación que por décadas existió entre ambos países, fue que muchos colombianos hicieron vida en Venezuela, obtuvieron su nacionalidad y tuvieron sus hijos allá. Eso sin contar los millones de colombianos que viajaron hacia Venezuela huyendo del conflicto armado interno. Hoy, ante la situación humanitaria venezolana, el panorama es el opuesto. Miles son los retornados en busca de sus derechos, incluido el de elegir y ser elegido.

"Allá había más de 4 millones de colombianos haciendo vida en Caracas, en distintos estados. Hoy -por culpa de la crisis- ya están radicados acá. Algunos todavía no están inscritos en la censo electoral y no pudieron votar, otros sí”, explica Espinel.  

A mediados de junio pasado, una vez finalizó el proceso de Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV), una especie de censo que adelantó el Gobierno para conocer en detalle la radiografía de la migración venezolana, el Ministerio de Relaciones Exteriores estimó en 250.000 el número de colombianos retornados desde el vecino país. Llegaron principalmente al Atlántico, a Bogotá y a Norte de Santander, aunque esos mismos informes no precisan cifras exactas por región.

¿Nuevos ciudadanos colombianos? Las cifras causan inquietud.

Los resultados de marzo, mayo y junio pasado en términos electorales, sumado a las cifras migratorias que cada vez son más precisas, ya generan inquietud entre quienes hacen cuentas para las elecciones locales y regionales de 2019.

Según los registros de Migración Colombia, hasta el primer semestre de 2018, la población venezolana en Colombia sumaba 870.093 personas, sin contar 250.000 retornados. De ellos, 381.735 son migrantes regulares, es decir, que cuentan con visa o Permiso Especial de Permanencia (PEP) y otros 442.462 que están en proceso de regularización a través del  RAMV, pues pese a tener una vocación de permanencia en el país, no contaban con ningún registro vigente en Colombia; es decir sin cédula de extranjería, visa de permanencia, Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP) o el PEP vigente.

Cabe recordar que en 2012, cuando aún Hugo Chávez estaba en el poder y la situación de Venezuela no estaba en un abismo tan profundo, la cifra de migrantes que registró su ingreso a Colombia -pero que no salió- era de 23.259, apenas un 2,6% de los que se reportan hoy.

Las estadísticas recopiladas por la Cancillería colombiana muestran que en los últimos tres años el número de venezolanos que ingresaron a nuestro territorio pasó de 7.737 en 2015 a 232.776 durante 2018. El aumento ha sido de 3.157%.

De las 442.462 personas que se registraron entre el 6 de abril y el 8 de junio pasado en el RAMV, 106.389 aseguraron tener algún vínculo o parentesco con colombianos y 59.366 dijo vivir con ellos. Muchos de ellos podrían aprovechar esas redes familiares para buscar su nacionalidad colombiana.

Llama la atención también que 369.506 ciudadanos registrados confirmaron a las autoridades colombianas su interés de establecerse en este país a largo plazo, es decir, por más de un año. Tan solo 2.863 personas manifestaron la intención de retornar a su nación en un plazo corto.

Las regiones con mayor presencia de venezolanos en Colombia son Bogotá (23,5%), La Guajira (11,7%) y Norte de Santander (11,4%). En esta última región, las cifras de Migración señalan que hay 99.190 personas provenientes de Venezuela repartidas en 36 de sus 40 municipios. De ellas, 82.285 están debidamente registradas en el reciente censo del Gobierno Nacional.

Por su parte, la Registraduría Nacional informó que durante 2017, 5.248 ciudadanos venezolanos con padre o madre colombiana, mayores de 18 años, se acercaron a una de las sedes de la entidad a tramitar su cédula de ciudadanía. En el primer semestre de este año lo hicieron otros 8.125, para un total de 13.373 nuevos ciudadanos colombianos.

Muchas de esas personas no necesariamente están radicadas en el departamento, pues algunas de ellas siguen viviendo del otro lado de la frontera, pero la cruzan para tramitar un documento que les permite acceder a beneficios que ofrece el Estado colombiano en salud, educación y hasta empleo. Ellos, sumados a los 70.000 de los que habla el presidente de ‘Venezolanos en Cúcuta’, Eduardo Espinel, podrían hacer la diferencia en unas elecciones territoriales como las que tendrán lugar el próximo año.

Estas estadísticas conducen al siguiente análisis: en municipios como Villa del Rosario, por ejemplo, que conecta a Colombia con Venezuela por el puente internacional Simón Bolívar, con enorme presencia migratoria (22.050 personas hasta junio 8 de este año), la dinámica migratoria resultaría decisiva en términos electorales. Allí, el último alcalde, Pepe Ruiz Paredes, se eligió con 17.294 votos y el concejal con la mayor votación  solo necesitó 1.070 tarjetones marcados a su favor.  En esta localidad del área metropolitana de Cúcuta, la inscripción de cédulas aumentó 37% entre 2014 y este año. La tendencia se mantendría de cara a los  comicios del próximo año, pues se trata de una elección completamente local en la que suelen desplegarse estrategias mucho más eficaces para capturar votos.

Cúcuta es otro punto neurálgico de concentración de ciudadanos venezolanos (37.153) y registra datos reveladores del impacto que genera la migración en la escena electoral.  Al  analizar la cifra de cédulas inscritas para las elecciones legislativas y presidenciales, se evidencia un aumento del 43 % (30.950 personas más en el Censo Electoral), que en las mismas elecciones de 2014. El Centro Democrático y el Partido Conservador, que tuvieron un discurso similar en torno a la crisis venezolana obtuvieron las mejores votaciones en la capital del departamento con entre 52.000 y 54.000 votos, el pasado 11 de marzo.

En esta ciudad, el actual alcalde se eligió con cerca de 103.000 votos, lo cual deja ver que si por lo menos la mitad de los casi 40.000 migrantes que hay en la ciudad tienen participación en la nueva contienda, sumarían un 20% decisivo para desequilibrar cualquier balanza.

En ese sentido, el concejal del CD, Juan Carlos Capacho, reconoce que la población migrante y los retornados que tienen su cédula colombiana, sí serán determinantes pues, según él,  son votos nuevos que están basados en una experiencia que no se quiere repetir y confían en un discurso y en unas propuestas diferentes al populismo al que están ya acostumbrados y al que ahora le temen.

Hay otros casos inquietantes en el departamento. El de Ábrego, municipio de la convulsionada subregión del Catatumbo, es uno de ellos. Allí han llegado a residir 442 personas provenientes del vecino país. Al cierre del proceso de inscripción de cédulas del año pasado, esta fue una de las localidades del país que más llamó la atención por el elevado aumento del Censo Electoral, pues pasó de 315 cédulas registradas hace cuatro a 771. Eso quiere decir 145% más. Es evidente que en esta ocasión hubo nuevos liderazgos políticos en la zona que lograron apoyos importantes para partidos como Cambio Radical que ganó allí en las elecciones al Congreso. Pero también es necesario subrayar la similitud que guardan la cifra de nuevos inscritos (456) con el número de habitantes nuevos en esa localidad (442) ¿Simple coincidencia o nuevas clientelas entre migrantes? En Ábrego un alcalde se puede elegir con 5.000 votos y un concejal con cerca de 500.

Edgar Díaz, exgobernador de Norte de Santander (2012- 2015) y ahora senador de la República por Cambio Radical, ha sido uno de los primeros en manifestar inquietud por el impacto de la migración en la reconfiguración del mapa político local del próximo año.

“Eso es peligroso porque la gente vota y no sabe ni siquiera por quién votar”. Su expresión resalta el riesgo de que por necesidad y/o por desconocimiento los nuevos votantes pueden ser muy manipulables, tanto o más que quienes son seducidos por las tradicionales estructuras clientelistas ya existentes en la región.

Para el próximo año, quienes llegan más fuertes a la contienda, sin duda, son el Centro Democrático, que en esta ocasión podría aterrizar la misma coalición que hizo para las presidenciales con el Partido Conservador, a fin de intentar conquistar la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, además de aumentar su presencia en concejos y la Asamblea, en donde el uribismo hoy solo cuenta con un diputado.

En competencia por el primer cargo del departamento se encuentran ya, el excontralor Silvano Serrano Guerrero, del grupo político del gobernador William Villamizar, y Martín Martínez, secretario de Hacienda de Norte hasta hace algunos días. Ninguno de los dos tiene hasta ahora un partido político como plataforma.

Aunque la lista de posibles candidatos hoy es larga y son muchos los que están tanteando el terreno y en busca de un aval, lo cierto es que detrás de bambalinas volverá a estar el poderío del condenado exalcalde Ramiro Suárez, quien desde prisión buscará imponer nuevamente su ficha en la Alcaldía de Cúcuta, y los exsenadores Manuel Guillermo Mora Jaramillo y Juan Manuel Corzo, que resultaron ser dos de los grandes ‘quemados’ de la pasada contienda legislativa.

En la izquierda el panorama es un poco más incierto, pues aunque la coalición que acompañó a Gustavo Petro en segunda vuelta en la región obtuvo la nada despreciable suma de 112.000 votos, en este momento no hay una figura visible que los pueda capitalizar en las regionales de 2019.

Los migrantes, a merced de los oportunistas

A pesar de que todavía falta más de un año paras las elecciones, quienes comienzan a aparecer en el partidor como posibles candidatos saben que un elemento decisivo en esa disputa por las alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas será el fenómeno de la migración. Así lo considera Fabio Torres, analista político de la región, para quien ese tema aparecerá -sin duda- en la agenda y en el juego de las estrategias de campaña.

Para Torres, el próximo año se verá también el aprovechamiento tradicional hacia los electores en potencia que están atravesando dificultades. “Es decir, aprovechar su necesidad, antes que hacerlos parte de una comunidad en Colombia”.  Por eso, advierte que esa misma condición de vulnerabilidad podría significar el trasteo de votos por parte de candidatos de diferentes partidos.

Todo lo ya descrito en Norte de Santander es susceptible de empeorar. Dependerá de la política exterior en el arranque del nuevo gobierno que se ha mostrado mucho más severo en sus posturas sobre el vecino país, lo que podría agravar la actual crisis diplomática e incidir en una mayor -o menor- entrada de retornados o venezolanos a Colombia.

Esta región, con un promedio de 1’355.787 habitantes según la última proyección del DANE, registró un nivel de pobreza del 40% y un 11,1% de pobreza extrema en 2017. Uno de sus puntos débiles siempre ha sido la economía, como resultado de la falta de industria, la dependencia que tenía con Venezuela, las malas condiciones de su infraestructura vial y la alta presencia de cultivos ilícitos, aunque entre enero y abril de este año las exportaciones crecieron en un 63% con relación al mismo periodo del año anterior.

Su capital, Cúcuta, es una de las ciudades con el mayor porcentaje de desempleo e informalidad del país, muy por encima de la media nacional. Si bien en el trimestre abril-junio la cifra de desempleados se ubicó en el 14,4% -1,8 puntos menos que en el trimestre anterior- la ciudad sigue entre las cuatro con más desocupación. La informalidad entre febrero y abril fue del 69,4%, un promedio que ha mantenido durante los últimos 10 años.

A estos nada favorables indicadores se le suma un contexto de violencia que por décadas ha vivido el departamento como consecuencia de la presencia de actores arados, hoy Eln y Epl, antes también Farc y paramilitares. Una percepción de inseguridad del 44%, en aumento, en parte por cuenta de la llegada masiva de venezolanos, y muy a pesar de que las cifras de homicidios y hurtos a personas han disminuido en el primer semestre del año, en un 18,8% y  9%, respectivamente.

El Catatumbo, a la espera de Duque

Si la migración puede convertirse en un factor de peso en la contienda democrática que se vivirá el próximo año, la llegada de un nuevo Gobierno también será determinante en las apuestas electorales que surjan en zonas como el Catatumbo, golpeadas por la presencia de actores armados que se disputan el territorio a sangre y fuego (Eln, Epl, bandas criminales), financiados por el aumento de las áreas sembradas con cultivos de uso ilícito y otras rentas ilegales.

Salvo cuatro municipios (Teorama, El Tarra, San Calixto y Hacarí), el Centro Democrático logró pintar con sus colores las otras siete localidades que integran esta conflictiva subregión. Este triunfo fue interpretado como una especie de mensaje, frente al cambio que reclaman sus comunidades tras un acuerdo de paz con las Farc que sigue generando muchas dudas, pese a la esperanza que despertó, por la transformación que traería a sus territorios.

“Los procesos de sustitución están muy demorados. La parte más difícil para el Gobierno Nacional no fue la negociación ni el proceso de paz con las Farc, sino cumplirle al pueblo, a la región, a los cultivadores de hoja de coca que nuevamente creyeron en el Gobierno y en el proceso de paz”, lamentó recientemente el alcalde de Tibú, Jesús Escalante.

Por eso, la expectativa ahora está centrada en los eventuales cambios en las estrategias de  sustitución de plantas que aterrice Iván Duque. En campaña, el nuevo presidente anunció reiteradamente que esta alternativa dejaría de ser voluntaria y habría mayor énfasis en la erradicación forzosa. El pasado 8 de agosto, esta posición fue confirmada por el nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien anunció el fin de la erradicación voluntaria a la que se le venía apostando en el Catatumbo.

No obstante, hoy hay incertidumbre, puesto que en su primera visita a la región, el pasado 9 de agosto, Duque no se refirió concretamente al futuro de la sustitución y, en términos muy generales, habló de la importancia de afianzar el trabajo con los líderes sociales, “porque creemos que hay que fortalecer el trabajo con ellos para las iniciativas productivas, para los programas de sustitución y erradicación con el acompañamiento de la Fuerza Pública”.

Un punto más que quedó en el tintero, tras esta visita, es el del fortalecimiento de la capacidad operacional de la Fuerza Pública anunciado para los primeros 100 días de gobierno, pues si bien el recién posesionado presidente les prometió a los catatumberos varias iniciativas sociales como los emprendedores comunitarios, esquemas de agricultura por contrato, así como la puesta en marcha de algunas obras estratégicas de infraestructura que por décadas se han reclamado, como la vía Tibú-La Mata, la llegada de más uniformados no es precisamente lo que esperaban las comunidades de la zona, pues esta ha sido, de siempre, una de las principales críticas hacia los distintos gobiernos, en la medida que lo que se intensifica es la confrontación armada.

Entre 2015 y 2016, Norte de Santander pasó de tener 11.527 hectáreas con coca a 24.831, según el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de las Naciones Unidas.  Esta cifra ubica a la región como la tercera con la mayor área de cocales, después de Nariño y Putumayo. Según cálculos de las autoridades regionales entre 15.000 y 20.000 familias están asentadas en esas áreas y derivan ingresos de las siembras ilícitas.

Por esa razón, líderes como Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo, consideran que las decisiones de Duque en sus primeros meses de gobierno para esta región, podrían ser determinantes para establecer diálogos y encontrar salidas concertadas a los problemas de la zona.

Si el camino es la represión, se desencadenaría nuevamente el levantamiento de los campesinos y con ello el fortalecimiento de liderazgos en sectores de izquierda, algunos de ellos afines al partido FARC, que podrían hacerse visibles para las elecciones de 2019. En eso coinciden varios voceros de organizaciones campesinas y sociales, quienes prefieren no adelantarse a posibles escenarios electorales puesto que consideran que hoy en el Catatumbo todo depende del arranque de la nueva administración nacional y de las forma como ella enfrente la guerra creciente entre el Eln y el Epl en medio del aumento de los cocales.

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