Hay un tema que viene incomodando la tranquilidad y el sueño al registrador nacional, Hernán Penagos, la retórica insistente que se ha venido construyendo desde la Casa de Nariño sobre la posibilidad de un fraude electoral que se gestaría desde la Registraduría para las próximas elecciones.

El 2026 será un año fundamental para que el progresismo, la tendencia política de izquierda que lidera el presidente Gustavo Petro, pueda mantener unas mayorías electorales que ganó en el 2022, comenzando por la propia Presidencia de la República y ser la bancada más fuerte en el Congreso, algo que nunca se había visto en ese sector.

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Hablar de un eventual fraude no ha sido ajeno a Petro. Incluso al revisar los momentos electorales que le han rodeado en los últimos años se encuentra que lo ha tenido como un referente permanente, aunque a la postre los resultados le han resultado exitosos a él y a su grupo político del Pacto Histórico, como pasó en las elecciones del Congreso.

El 13 de marzo de 2022, cuando fueron las elecciones del Congreso, el entonces precandidato presidencial Gustavo Petro llamaba a sus seguidores a estar atentos a un robo de votos. “Estamos siendo testigos de un masivo fraude electoral, tal como lo advertimos previamente. Decenas de miles de mesas de votación no reportan ningún voto a favor del Pacto Histórico debido a irregularidades, como se ha demostrado en el proceso de escrutinio. Hacemos un llamado a cuidar masivamente los votos, no nos robarán el futuro de Colombia”, expresó Petro.

La voz de Petro en ese momento contrastaba con lo que decía su alfil en la lista al Senado, el hoy director del DPS, Gustavo Bolívar, quien consideraba que “tenemos que aceptar que nos han dado garantías, nos han dejado nombrar un auditor para que esté presente en el escrutinio y sobre todo tenga acceso a los códigos fuente de la Registraduría, que era una petición”. En la misma línea estuvieron en la época María José Pizarro y Roy Barreras, quienes consideraban que no habría fraude.

En marzo pasado cuando daba posesión a unos magistrados del Consejo de Estado empezó a hablar del tema. “...el software de la Registraduría con que se hacen los escrutinios, es maleable, es modificable, es débil, es manipulable desde adentro, desde afuera, y fue a través del software que se hizo el fraude al partido Mira, en beneficio de otros que ya no vale la pena recordar. Esa sentencia mostró una debilidad profunda del sistema electoral colombiano”, manifestó.

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Y complementó al respecto que “entonces alumbra un aviso del Consejo de Estado. Tenemos una enorme vulnerabilidad en nuestro sistema electoral que es proclive al fraude y por tanto un enorme peligro de la democracia. Esa fue una luz hecha con esfuerzos, con horas, con dedicación, que se irradió del Consejo de Estado”.

La visita de la SIC

Unos días después de esa advertencia presidencial, la superintendente de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, ordenó hacer una serie de visitas administrativas de inspección los días 12, 13, 14, 15, 18, 20 y 22 de marzo de 2024 a las instalaciones de la Registraduría.

El propósito de la visita de la SIC era recaudar información relacionada con el cumplimiento de la normatividad en materia de protección a la libre competencia económica en el marco de la contratación estatal. Es decir la superintendente pretendía encontrar las supuestas irregularidades que se han dado en la contratación con la multinacional Thomas Greg and Sons.

Fue tal la molestia e intimidación que suscitó esa visita a la Registraduría, que los funcionarios que atendieron a la SIC reclamaron la presencia de la Procuraduría y en un video que se conoció de ese momento se observa cómo la funcionaria de la superintendencia aseguraba que no había una investigación en concreto, ni algún delito que se estuviera cometiendo.

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Y en lo que ha sido llamado por algunos sectores como el plan de intimidación del gobierno a la Registraduría, el que también entró en esa acción fue el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quien interpuso una denuncia contra el registrador Hernán Penagos por entregarle un millonario contrato a Thomas Greg para la realización de las elecciones de las Juntas Administradoras Locales (JAL), que se harán el 2 noviembre próximo.

Idárraga se fundamentó en decir que el contrato por 40.000 millones de pesos se diseñó a la medida de la empresa que es “reina” de la contratación para los procesos electorales en la Registraduría.

Penagos, quien había mantenido un prudente silencio en el primer semestre de su gestión, hizo acompañar esos procesos de contratación para elecciones atípicas por la Procuraduría General de la Nación, la cual hizo el seguimiento a todo el proceso contractual de estas elecciones y de ahí constató que todo se hizo dentro de la legalidad.

Ante esa compleja situación, el registrador Penagos contestó que “los funcionarios responden ante los órganos de control, no ante funcionarios de un gobierno. Un funcionario de un gobierno no puede sentenciar quién comete actos legales o ilegales”.

Y para que no queden dudas que los asuntos de la operación de la Registraduría se han convertido en un interés del gobierno, el pasado 10 de noviembre el mandatario replicó en su cuenta de X Petro compartió un mensaje de su Cielo Rusinque, en la que defendía la función de vigilancia que podría tener ese despacho sobre la entidad, justificando que imputó cargos a nueve funcionarios de la Registraduría por no entregar información en las visitas de marzo pasado.

Petro además comentó que “¿Por qué algunos sectores políticos y de la prensa, al lado de Barbosa, no quieren que la Superintendencia cumpla su función constitucional en la contratación de la Registraduría? Aquí se explica la función constitucional de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

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¿Recorte al presupuesto?

No puede dejarse por fuera de esas acciones del Gobierno contra la Registraduría lo que pasó con el presupuesto general de la nación, porque al momento de hacer la ponencia para el primer debate el monto solicitado apenas se acercaba a los 800.000 millones de pesos, cuando se habían solicitado cerca de 3,3 billones de pesos que son fundamentales para empezar a contratar toda la organización electoral del 2026.

Aunque esa situación supuestamente se dijo por parte del Gobierno que fue una equivocación, ese fantasma por el momento desapareció porque el presupuesto general del 2025 se hundió en el Congreso y el gobierno deberá expedir el monto que presentó en el proyecto, 525 billones, en donde están incluidos los 3,3 billones de la Registraduría.

Al ser preguntado el registrador sobre toda esta situación si es una intimidación de parte del gobierno, de tajo lo negó, pero advirtió que sí hay algo preocupante en todo eso. “Yo no siento persecución, lo que creo es que en algunas entidades no tienen claridad de cómo funciona la estructura del Estado colombiano, la Registraduría es un órgano autónomo, independiente”.

Y Penagos va más allá, “el gobierno no puede investigar a entidades autónomas como la Registraduría. Aceptar que una entidad del gobierno pueda investigar a la Registraduría es aceptar que puede investigar a la Procuraduría, a la Fiscalía y a las Cortes y así no está diseñado la estructura colombiana”.

El registrador además dice que no sabe por qué el mandatario ha hechos esas diversas declaraciones en contra del sistema electoral, pero sostiene que esas aseveraciones obligan a explicar de forma recurrente a los colombianos cómo se hacen las elecciones.

“Yo la verdad no tengo la menor idea de por qué lo dice, pero en Colombia es muy importante explicar permanentemente cómo funciona el proceso electoral y con eso sin duda debe haber garantía y tranquilidad de los ciudadanos”.

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