La paz total del presidente Gustavo Petro recibió un nuevo revés que podría poner en vilo toda la ley que le dio piso jurídico a sus negociaciones con grupos armados.

Esta vez, la Procuraduría General de la Nación le envió un duro concepto a la Corte Constitucional en el que le pide que declare inexequible la “totalidad” de la Ley 2272 de 2022 “por medio de la cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 2002, se define la política de paz de Estado, se crea el servicio social para la paz y se dictan otras disposiciones”.

La petición fue firmada directamente por la procuradora general Margarita Cabello y llegó al despacho de la Corte este mismo viernes 31 de marzo en un documento de 13 páginas.

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“Para la Procuraduría es claro que, en virtud de la noción amplia de unidad normativa desarrollada en la jurisprudencia, la Corte Constitucional deberá declarar la inexequibilidad de la totalidad de la Ley 2272 de 2022 para asegurar la supremacía de la Carta Política y el cumplimiento de sus fallos (...)”, reza el documento.

El concepto de la Procuraduría llega en medio de una demanda que estudia la Corte Constitucional y que pide tumbar el artículo 2 de la Ley de paz total que le permite al Gobierno negociar nuevamente con desertores de anteriores procesos de paz.

Dicho punto estable que el Estado está autorizado a adelantar acercamientos y negociaciones con grupos armados dentro de los que caben “los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado colombiano, que contribuyan con su desmantelamiento”.

En el contexto de esa batalla jurídica, el Gobierno ha enviado sus propios conceptos en los que se ha contradicho sobre la posibilidad de negociar con desertores. Pese a que en un primer momento dijo que exfirmantes de paz como Iván Márquez habían perdido toda posibilidad de negociar tras traicionar el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, en un documento posterior aseguró que es el jefe de Estado el que tiene la potestad de decidir con qué grupos negocia y a cuáles les exige sometimiento.

Sobre los argumentos de la Procuraduría para pedir que se declare inconstitucional la norma, el ministerio público expuso que algunos artículos se agregaron después de que la Ley pasara por las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes, por lo que no hubo lugar a que fueran debatidas en esa instancia por los congresistas.

Así las cosas, la Corte Constitucional continuará evaluando la demanda en contra de la paz total y decidirá si pasa el examen de la alta corte o si es inconstitucional y debe ser declarada como inexequible.

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