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Registraduría pide hacer la revocatoria en Cúcuta el 27 de marzo
La entidad le volvió a pedir al gobernador que aplace la consulta prevista para este domingo.
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Miércoles, 26 de Enero de 2022

En medio de la expectativa que hay en la ciudad por la votación de la revocatoria promovida contra el alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, se acaba de conocer que la Registraduría Nacional pidió un nuevo aplazamiento de la consulta.

En un oficio dirigido al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, el registrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán Namén, solicitó que en aras de cumplir con la iniciativa ciudadana se establezca una nueva fecha para su realización y se defina un día que “material y jurídicamente se pueda realizar”.

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En esa medida, proponen que ese nuevo plazo se fije para el 27 de marzo, pues consideran que es el más conveniente para poder cumplir con las actividades del calendario electoral.

“(…) tiempo razonable para que los sectores establecidos en el artículo 34 ibídem, tengan el derecho que exhibe la norma y apropiado para desarrollar el proceso contractual ajustado a la Ley 80 de 1993”, se lee en el documento enviado al mandatario departamental.

En este se explica que la Registraduría Nacional fue notificada hasta el lunes 24 de enero del oficio expedido por el director general del Presupuesto Público Nacional, Omar Montoya Hernández, en el que se autoriza la asignación de los $792 millones que le hacían falta a la organización electoral para la jornada democrática.

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Así las cosas, la entidad no alcanzaría esta semana a cumplir con los trámites contractuales que implica la organización y logística de la jornada de votación prevista para este domingo 30 de enero.

Por ahora se espera un nuevo pronunciamiento por parte del gobernador frente a esta nueva petición que hace la Registraduría.

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Días atrás, cuando la entidad remitió un oficio similar manifestando la imposibilidad de llevar a cabo el mecanismo de participación por falta de recursos, La Opinión conoció que Serrano Guerrero no iba a modificar el decreto que convoca a los ciudadanos a las urnas, por cuanto la fecha ya establecida fue fijada en el marco de una decisión judicial que le tuteló el derecho a un ciudadano y como tal debía respetarse y cumplirse.
 

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