Cuando faltan 15 días para que termine el plazo de la prórroga concedida a la Unión Temporal UMC para que entregue las obras de mejoramiento en El Malecón, surge una nueva polémica alrededor del cuestionado proyecto, luego de que la Contraloría Municipal hiciera un hallazgo de tipo penal, y se viera en la obligación de trasladar el informe de la investigación a instancias de la Fiscalía. 

El hecho se da tras determinar que la obra fue financiada con recursos que ya habían sido asignados a otros proyectos. 

Así lo indicó el ente de control en un comunicado, donde señala que la anterior administración municipal, en cabeza del Jairo Yáñez, destinó para la ejecución de la mencionada obra recursos de destinación específica, es decir, que ya estaban asignados para otros proyectos que contaban con el aval del plan de obras, tales como: la intersección de la Avenida Cero con Diagonal Santander;  intersección de la Diagonal Santander con Avenida Gran Colombia y el proyecto del canal Bogotá. 

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Estos recursos habrían sido desviados sin contar con autorización previa por parte del Concejo Municipal y sin tener estudios de factibilidad que avalaran técnica y presupuestalmente este cambio de destinación. 

La Opinión consultó a Marcela Rodríguez, directora de Planeación en la pasada administración, quien aseguró desconocer el contenido del informe, “tendría que revisarlo en detalle, en todo caso, como siempre, soy respetuosa de las decisiones de los órganos de control”. 

Vecinos piden paralización de la obra  

Además del embrollo legal en que está sumido ahora el programa de mejoramiento de El Malecón, la obra ahora enfrenta la  protesta de los vecinos de barrios contiguos a la avenida Los Libertadores, por estar en desacuerdo con la construcción de unas casetas, que se hicieron sobre la zona del  separador vial. 

La molestia parte del hecho de que supuestamente la construcción de estos espacios no estaba contemplada en el proyecto inicial, dijo Eduardo Quintero, de Asomalecón, “eso lo termina imponiendo seguramente algún contratista, porque ahí no es un solo contratista, sino son varios y que cada quien hace y ejecuta lo que le corresponde”, añadió.

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Pero más allá de esto, el principal problema radica en las consecuencias que traería a los sectores circundantes, tanto de orden público como de riesgo peatonal.

“Esas casetas no fueron socializadas y representan un peligro para la gente, porque esa –la avenida Los Libertadores- es una vía rápida. ¿A quién se le ocurre construir esos quioscos allí? Accidentes es lo que van a traer esas casetas”, cuestionó Mary Stapper, presidenta del Consejo Comunal de los barrios Los Caobos, Los Libertadores y Quinta Vélez. 

La líder comunal asegura que esto vendría a complicar el problema que ya tienen en Los Caobos –por ejemplo- sector que “se nos ha llenado de locales comerciales, ruido, basura, indigentes. Eso no es pensar en urbanismo”, dijo y llamó a los responsables a reflexionar sobre lo que considera un error.  

Para Quintero el problema nació desde el momento de la concepción de la obra pues, asegura, que no se tomaron en cuenta los criterios turísticos para su proyección, “una cosa es proyectar  una obra de urbanismo, para zonas residenciales, y otra es un proyecto  de  remodelación o embellecimiento del paisajismo para una zona turística”, dijo. 

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Alternativas

En este contexto, lo que piden los vecinos del Malecón es una reunión urgente con el alcalde Jorge Acevedo, y sus directores de Planeación e Infraestructura, “para que nos digan cómo le van a dar continuidad a la obra”, sostuvo Quintero.

La resolución del problema parte por conocer  la función que van a cumplir las mencionadas casetas en los separadores, cinco en total, según lo proyectado, de las cuales ya han sido construidas tres. 

Si el plan es establecer ventas de comida rápida, como fue en sus inicios, cuando el Malecón era la gran atracción para los cucuteños  de los años 80 y el flujo vehicular por la zona era escaso, los vecinos advierten una oposición férrea por los riesgos que implica. En ese caso pedirían la demolición inmediata de dichas estructuras. 

En contrapartida, proponen se le dé un fin administrativo o de vigilancia a esas instalaciones,  como la reinstalación de un Comando de Atención Inmediata -CAI-de la Policía, oficinas de turismo o deporte, que no impliquen riesgos a la comunidad. 
 

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