El pasado 8 de febrero y después de un pulso que se prolongó durante dos años entre las mayorías del Consejo Directivo y la entonces directora administrativa, Claudia Cecilia Uribe Rangel, la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, Comfanorte, fue intervenida.

Los graves problemas de gobernabilidad que ocasionó este rifirrafe terminaron por afectar los intereses de los afiliados, impidiendo que estos recibieran a conformidad los beneficios del sistema de subsidio familiar y por esa razón fue necesario que la Superintendencia tomara el control de la entidad por un periodo de seis meses.

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Ese plazo termina ya este domingo 8 de agosto y la atención está puesta ahora en lo que viene, es decir, si se amplía algunos meses más la medida cautelar y se mantiene a Bernardo Alonso Wilches al frente de la Caja o, por el contrario, la Supersubsidio le da el visto bueno al plan de mejoramiento implementado durante todo este tiempo y se convoca a la asamblea de empleadores para la elección del nuevo Consejo Directivo.

Este último escenario es clave, puesto que son los 10 consejeros (cinco representantes de los empleadores, cuatro de los trabajadores sindicalizados y uno no sindicalizado) los encargados de postular y elegir al nuevo director administrativo de Comfanorte en propiedad, quien llegará para cerrar definitivamente la era Uribe Rangel, tras dos décadas de permanencia en el cargo.

Con esta elección se confirmará o desvirtuará también la tesis que ha venido tomando fuerza desde que se conoció la intervención, en el sentido de que el grupo político de Albino García y su hijo, el senador conservador Juan Carlos García Gómez, será el que asuma ahora el control de la entidad, al igual que durante años lo ha tenido en Comfaoriente.

Por ahora, lo único cierto es que el informe de cumplimiento con las mejoras y correctivos sugeridos por la Superintendencia de Subsidio fue entregado ya el pasado 31 de julio y de su revisión depende la decisión que se tome por parte del superintendente Julián Molina Gómez.

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La Opinión conoció que para la próxima semana está prevista una visita por parte de delegados de la entidad gubernamental a la Caja, con el fin de revisar detalles de la ejecución presupuestal y otros aspectos. De ahí que la expectativa está servida entre los empresarios y trabajadores.

Lo que se ha hecho en estos seis meses

Cuando la Supersubsidio resolvió intervenir Comfanorte señaló que, por cuenta de sus roces y diferencias, tanto el consejo directivo como la directora de la entidad se alejaron del cumplimiento de sus deberes legales y estatutarios, omitiendo la toma y ejecución de decisiones indispensables para poder cumplir con los objetivos del sistema de subsidio.

La situación llegó a tal punto que en 2019 no fue aprobado el presupuesto de la Caja para el año siguiente, razón por la cual la dirección administrativa se limitó a dar continuidad a los proyectos y programas aprobados en las vigencias pasadas y en ese sentido no se planearon nuevas inversiones en favor de los afiliados. Tampoco se implementaron planes y programas que contribuyeran al fortalecimiento y ampliación del portafolio de servicios.

En diálogo con La Opinión, Bernardo Alonso Wilches, el director administrativo de Comfanorte  encargado por el agente especial de intervención, explicó cuáles fueron esos hechos de mayor gravedad alertados por la Superintendencia y los ajustes o cambios implementados desde que inició el proceso de intervención:

-Falta de aprobación y autorización del presupuesto anual: Alonso Wilches señaló que una de las primeras medidas tras su posesión fue aprobar estos recursos, teniendo en cuenta que el desarrollo y ejecución de los programas y proyectos sociales estaba paralizado y esa situación impactó a los afiliados.

“Esta Caja es muy sólida, pero había muchísima plata en las cuentas sin invertir. La plata estaba estancada y eso generó un rezago en el cumplimiento de metas y en la atención de los afiliados, que son nuestra razón de ser”, dijo.

Señaló que tan pronto se subsanó este vacío, Comfanorte pudo implementar, por ejemplo, un subsidio del 100% en las pensiones de los beneficiarios categoría A y B que estudian en las instituciones educativas de la entidad.

De la misma forma, mencionó que en el primer semestre de 2021 lograron generar la asignación de subsidios de vivienda por un valor total de $490 millones, entregaron 662 créditos a trabajadores afiliados por $1.302 millones y alcanzaron un cumplimiento de los ingresos operacionales del 101%.

-Gobierno corporativo: en la resolución que ordenó la intervención se señala que entre 2018 y 2020 se presentó una significativa cantidad de quejas, denuncias y acusaciones relacionadas con el incumplimiento de las disposiciones legales del Consejo y la dirección administrativa que afectaron significativamente el desempeño de la Caja.

Al respecto, el director indicó que en el plan de mejoramiento lo que se hizo fue adecuar el manual de gobierno corporativo para que esta situación no se vuelva a presentar.

“Se establecieron algunos procedimientos expresos para que no se rompa el gobierno corporativo. En ese sentido, el Consejo Directivo guarda ahora la obligación de sustentar la razón de por qué se atraviesa frente a ciertas decisiones. Ahora no se puede decir que no se aprueba algo porque sí, pero, a la vez, el Consejo tampoco se convertirá en un comité de aplausos”, explicó.

-Manual de contratación: el director administrativo aseguró que había una recomendación formulada por la Superintendencia de Subsidio, sobre la necesidad de hacer ajustes al manual de contratación, con el fin de hacer más transparentes los procesos y que así se implementó durante estos seis meses de intervención.

“La idea es que esto sea más transparente, que podamos competir todos y que haya más posibilidades de participar por un contrato. Además, este manual se adaptó de tal manera que usted no compre porque se me ocurrió o porque sí, sino con una respectiva planeación y bajo la creación de una necesidad”, dijo.

-Política de gestión humana: Bernardo Alonso Wilches informó que al recibir la Caja, una de las quejas más recurrentes que encontró fue en torno al clima laboral.

“Con esta nueva política de gestión, si usted tiene que imponer una sanción sabe que no la puede imponer arbitrariamente, tiene que garantizarle el derecho de defensa al trabajador y eso está en el reglamento interno.  No lo puedo sancionar porque quiero, tengo que agotar todo un procedimiento. En esa medida, siento que la relación hoy con ambos sindicatos es de respeto; si se tienen que tomar medidas hay que habilitar el proceso sancionatorio, pero con una política fija”, explicó.

Destacó que en todo este tiempo lograron también aumentar el número de afiliados y hoy esta Caja de Compensación cuenta con 8.810 empresas, que tienen afiliados a 103.873 trabajadores dependientes. Así mismo, aseguró que al cierre del primer semestre lograron llegar con un remanente positivo de $4.343 millones y un crecimiento del 10% de los ingresos comparado con el primer semestre de 2020.

Sobre la injerencia de Juan Carlos García

Cuando se conoció la designación de Bernardo Alonso Wilches como director administrativo de Comfanorte, de inmediato se le relacionó como una cuota del senador conservador Juan Carlos García Gómez y el grupo político de su padre, Albino García, pues este ha sido asesor externo durante muchos años de la otra Caja de Compensación Familiar del departamento, Comfaoriente.

En efecto, al revisar algunos documentos que reposan en internet, se puede leer que Alonso Wilches ha ejercido como apoderado y defensor de Comfaoriente en diferentes procesos, muchos de ellos recientes.

Al ser consultado sobre su cercanía con el congresista nortesantandereano, el director de Comfanorte señaló que durante 20 años ha trabajado en el sector y en diferentes departamentos, razón por la cual es amigo de personalidades tanto del mundo de la política, como empresarios, militares y autoridades eclesiásticas.

“Tengo amigos en todos los lugares a donde he ido a trabajar; hace parte de mi gestión conocer a las personas, entonces, sí conozco mucha gente”, dijo, pero no se refirió en particular a su relación con García Gómez.

En ese mismo sentido, el director descartó que tras su llegada a la Caja de Compensación se haya dado un remezón en la planta de personal o cambios para favorecer a algún sector en particular.

“No ha habido una sola persona a la que se le termine el contrato de trabajo con justa o sin justa causa. La verdad es que no se han removido empleados. En los CDI, que no son propios de la Caja, las personas que se han ido son los que van renunciando, igual los profesores”, aseguró.

En su momento, el senador García descartó que haya algún interés de su movimiento político en tomar el control de Comfanorte y que tenga alguna injerencia en el proceso de intervención del que fue objeto esa entidad.