El condenado exalcalde Ramiro Suárez Corzo sigue dando de qué hablar y todo por las presuntas acusaciones que se le endilgan por estar coordinando dos campañas políticas desde una suite del piso 11 del Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM), a donde fue llevado hace más de un mes por supuestas afecciones de salud. Suárez ingresó al hospital justo en el momento en que le revocaron el beneficio de casa por cárcel.
Una fuente del citado centro asistencial le dijo a La Opinión que si bien Suárez tiene como enfermedad de base la diabetes, las incapacidades que se estarían expidiendo para mantenerlo recluido en dicha suite no tendrían sustento real.
Es más, la fuente le aseguró a este diario que el hospital procedió a retirar a un médico que se negó a firmar una incapacidad para Suárez “por no existir motivo científico”.
Días antes de este hecho, el Inpec también procedió a retirarle una enfermera privada que el exalcalde contrató para que lo asistiera durante su hospitalización. “El tratamiento que debe recibir será el mismo que se da a los presos regulares”, habría dicho el citado instituto al momento de ordenar el retiro de la asistente del condenado exalcalde.
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Pero la enfermera fue posteriormente reemplazada por una experta en fisioterapia del hospital que habría delegado el gerente del centro asistencial, Tonino Botta, cuyo jefe político es, precisamente, Suárez Corzo.
La misma fuente, que pidió no ser identificada por temor a represalias, confirmó las denuncias hechas por el periodista Daniel Coronell en la sección ‘El Reporte Coronell’ en la W Radio, en las que se afirmó que el condenado exalcalde Ramiro Suárez, desde la suite 11 del hospital Universitario Erasmo Meoz coordinaba las campañas de William Villamizar a la Gobernación y de Leonardo Jácome a la Alcaldía de Cúcuta.
“Pese a que existe restricción para el ingreso a la suite de Suárez, es cierto que allá se ve una romería de líderes, candidatos al Concejo, Asamblea y Alcaldía en busca de orientaciones y apoyos para sus campañas”, dijo la fuente.
Añadió que a esa suite se ha visto ingresar al candidato a la alcaldía de Cúcuta, Leonardo Jácome.
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El pasado 19 de julio, hace un mes y tres días, un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad le revocó al condenado Ramiro Suárez Corzo el beneficio de casa por cárcel de la que había gozado durante tres años.
A partir de esa fecha, Suárez Corzo, sentenciado a 27 años de cárcel por el homicidio de Alfredo Enrique Flórez, enfermó y buscó hospitalizarse justo en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde precisamente funge como gerente Tonino Botta, cuota política suya y nombrado en esa posición en la actual administración del gobernador Silvano Serrano Guerrero.
Durante la Alcaldía de Suárez Corzo, el ahora gerente del hospital estuvo bajo sus órdenes como cabeza de Imsalud, en Cúcuta.
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Suárez Corzo completó, hasta ayer, un mes y tres días hospitalizado en el Huem.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), dijo que reforzará la guardia de la suite hospitalaria para impedir que el condenado exalcalde continúe haciendo política.
Lo que se rumora en los pasillos del Meoz es que Suárez Corzo habría conseguido que el gerente del hospital, Tonino Botta, le ampliara la incapacidad para mantenerse en el confort de la suite del piso 11, al menos mientras se cumplen las elecciones del próximo 29 de octubre, esto debido a que la incapacidad del exalcalde estaba por treinta días y el plazo se venció el pasado sábado, cuando el Inpec debió trasladarlo a la cárcel.
La Opinión acudió ayer al Hospital Universitario Erasmo Meoz en busca del gerente del centro asistencial, Tonino Botta, pero su jefe de prensa informó que él se iba a pronunciar a través de un comunicado.
La relación de Botta y el homicida exalcalde data desde mucho antes de que este último fuera alcalde de Cúcuta en el periodo 2004-2007.
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La Opinión buscó a los candidatos a la Gobernación y Alcaldía de Cúcuta, William Villamizar y Leonardo Jácome, para preguntarles sobre las denuncias que se hicieron sobre que Ramiro Suárez les manejaba sus campañas desde el Hospital Universitario Erasmo Meoz, pero solo el primero se pronunció respondiendo que "él manejaba su campaña y que este año no ha ido al hospital".
Habla Tonino Botta
El gerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz, Tonino Botta, en torno a las visitas que recibe en su suite el condenado exalcalde, respondió ayer en un comunicado que “corresponde al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta, la ejecución y vigilancia de la pena privativa de la libertad impuesta por la justicia penal a Ramiro Suárez”.
Indicó que las labores de monitoreo, seguimiento, control, custodia y vigilancia a Suárez Corzo están asignadas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y se encuentra sujeto al reglamento interno de cada establecimiento de reclusión.
En cuanto a los señalamientos que hablan de que el condenado excalcalde tiene convertida la suite del hospital en directorio político, Botta respondió que “la autorización para visitas y acompañamiento del personal privado de la libertad, corresponde al director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Media Seguridad de Cúcuta.
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Asimismo, desmintió que en el Erasmo Meoz existan habitaciones VIP para la atención de pacientes hospitalizados.
A la pregunta que le hizo este diario sobre el retiro de un médico que se negó a firmar una incapacidad para Suárez Corzo, Botta se limitó a responder que en cuanto a las incapacidades esto hace parte de la historia clínica de los pacientes y legalmente no se puede hablar de los documentos en donde reposa la información del diagnóstico, tratamientos o incapacidades.
Este diario llamó, ayer, en reiteradas ocasiones al director de la Cárcel de Cúcuta, Ángel Torrado, para conocer su posición respecto de las denuncias que se hicieron del lugar donde es mantenido bajo atención medica el condenado exalcalde de Cúcuta, pero no respondió a las llamadas.
El periplo del condenado exalcalde por la cárcel
El largo camino que Ramiro Suárez Corzo ha tenido que afrontar ante la justicia comenzó en junio del 2004, apenas seis meses después de haberse posesionado como alcalde de los cucuteños con 127.261 votos y una popularidad que aún mantiene.
A las 5:00 de la mañana de ese 24 de junio una comisión de la Fiscalía General de la Nación llegó a la casa del exgobernante para hacer efectiva una orden de detención en su contra.
La razón fue que meses antes, dos presuntos miembros de las AUC que decidieron colaborar con las autoridades, declararon que el asesinato del exasesor jurídico de la Alcaldía Alfredo Enrique Flórez se ejecutó como un favor que los comandantes paramilitares quisieron hacerle a Suárez Corzo. Tiempo después, estas mismas personas se retractaron de sus afirmaciones.
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Posteriormente, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá revocó la resolución de acusación tras considerar que existieron dudas razonables sobre las presuntas sindicaciones de colaboración con grupos paramilitares, retractación de testigos y falta de elementos nuevos para fundamentar los cargos.
Sin embargo, luego de permanecer dos años en libertad y cuando todo parecía retornar a su normalidad, la sombra de las autodefensas apareció nuevamente en la vida de Ramiro Suárez Corzo y el 7 de septiembre fue vuelto a capturar por orden de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.
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El 3 de abril del 2009 recobró su libertad una vez más.
El 12 de agosto de 2011, en plena campaña electoral de autoridades locales y regionales y cuando se alistaba para participar en un acto proselitista en el colegio La Salle, Ramiro Suárez Corzo fue capturado nuevamente por las autoridades, luego de que revocaran la sentencia de primera instancia del Juzgado Octavo Penal Especializado de Bogotá, que el 2 de abril del 2009 lo había absuelto.
El 24 de julio de 2020 abandonó la cárcel La Picota de Bogotá, después de que le otorgara medida de aseguramiento con detención domiciliaria en la capital del país.
Finalmente, el 9 de agosto de 2022, y después de varios intentos fallidos, el exalcalde logró su traslado a Cúcuta para continuar pagando la condena de 27 años de prisión.
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