A solo siete meses de conocerse la decisión de un juez en funciones de control de garantías que impuso medida de aseguramiento intramural sustitutiva por domiciliaria por arraigo en contra del exalcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, por una investigación relacionada con irregularidades cometidas en la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Cormoranes, un nuevo escándalo rodea la figura del exmandatario. 

Y es que en esta oportunidad, la Fiscalía General de la Nación imputó el cargo de prevaricato por acción al exalcalde y a dos exconcejales de Cúcuta, por presuntamente tramitar un acuerdo que en 2012 permitió incorporar al área urbana zonas que tenían unas características que se concebían como de especial importancia ecológica.

Según el organismo acusador, durante su administración, Ramírez puso a consideración del Concejo de Cúcuta un proyecto de acuerdo para ampliar el perímetro urbano que incluía áreas de protección ambiental.

En ese sentido, la Fiscalía advirtió que los excabildantes Juan Pablo Celis Vergel y Wilmar Manuel Cepeda Basto “presentaron ponencias favorables y permitieron que en los distintos debates fuera aprobada la iniciativa, que finalmente fue sancionada por  Ramírez Paris-Lobo, el 23 de julio de 2012”.

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Por otro lado, observó que tanto la exposición de motivos del proyecto de acuerdo como la ponencia “positiva” que hicieron los exconcejales,  favorecieron la decisión que permitió   cambiar el uso del suelo en los terrenos de conservación ambiental, en los que confluían quebradas y cuerpos de agua, cuando la decisión exigía un concepto por parte de la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander (Corponor), que no se tuvo.

‘Tenemos los elementos para desvirtuarlo’

De acuerdo con la versión suministrada por Juan Pablo Celis Vergel y Vicente Pérez Giraldo, quien asumirá la defensa de Wilmar Manuel Cepeda, a quienes involucra la Fiscalía en la formulación de cargos, cuentan con los argumentos jurídicos para desvirtuar la imputación.

Entre algunos de los argumentos que esgrimeron, se encuentra el hecho de haber sido solo los ponentes del proyecto de acuerdo que el exalcalde Donamaris Ramírez llevó al Concejo. 

Aunque  Juan Pablo Celis Vergel señaló que será prudente ante las acciones  legales que ejercerán sus abogados mientras esperan que la Fiscalía haga la acusación, consideró que la imputación carece de argumentos jurídicos que la sustenten, por cuanto lo único que hicieron fue cumplir con el reglamento del Concejo de Cúcuta. 

“Nos limitamos a dar ponencia en ese momento a un proyecto de acuerdo porque fuimos designados por la mesa directiva y ahora la Fiscalía aparece con este absurdo donde plantea una coautoría, como si la ponencia en sí acarreara un delito”, señaló.

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El exconcejal dijo que para emitir un concepto favorable al proyecto de acuerdo,  tomaron en consideración los estudios y certificaciones que presentó la administración junto a su equipo de planeación y en esos documentos –entre otros puntos- se aseguraba que no había área forestal en las zonas de incorporación. 

“Lo único que hicimos fue dar una apreciación favorable, pero el concejal es libre de decidir si aprueba o no aprueba el concepto de los ponentes. Solo cumplimos con la obligación que teníamos dentro de los estatutos del Concejo”, añadió.

‘No direccionaron la aprobación’ 

Vicente Pérez, abogado de Wilmar Cepeda, afirmó que la formulación de imputación por parte de una fiscal especializada contra la corrupción ante el juzgado primero municipal con función de control de garantías, guarda relación con el proyecto de Acuerdo 028 del 2012, “por el cual se ajusta el POT de San José de Cúcuta”.  

Explicó que para la Fiscalía fue incorrecta la modificación que se hizo del Plan de Ordenamiento Territorial en ese acuerdo que exploraba la posibilidad de construir urbanizaciones en algunas zonas del municipio, pero lo que le llama la atención que los cargos se imputen solo a los dos exconcejales. 

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“Es un aspecto para nosotros fundamental criticar por qué la Fiscalía decidió excluir de tajo a los otros 17 concejales que también votaron a favor, cuando ellos lo que hacen es proponer al Concejo que se discutan y que su postura sea favorable en ningún momento está direccionando el voto de los demás”, opinó.

El abogado señaló que tiene  la certeza de contar con los elementos para demostrar que Wilmar Cepeda ejerció su labor como concejal “de manera honorable y apegado a lo que son los mandatos legales, buscando con su actuación beneficio para la ciudadanía”. 

La defensa esgrime que el concepto a favor que dieron los exconcejales tuvo que ver con aspectos territoriales urbanísticos y ambientales de la época y que los requisitos de modificación del POT se tienen que analizar con base a las condiciones normativas vigentes para el año 2012.

Investigaron grabaciones 

En 2012, el nombre de Donamaris Ramírez estuvo en el ojo del huracán por los debates que generó en el Concejo de Cúcuta la incorporación de predios rurales al Plan de Ordenamiento Territorial, cuando cumplía funciones como alcalde.

Esto luego que Pedro Durán Barajas, concejal para la época, presentara ante la Procuraduría General de la Nación una denuncia con las grabaciones de unos audios, en la  que acusaba al mandatario de pedirle a un supuesto propietario de tierras $20 millones para entregarle a cada concejal, a cambio de obtener la autorización para modificar el POT. 

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Durán presentó la querella con la grabación que dijo le llegó en un sobre por debajo de la puerta de su residencia el 23 agosto del 2012. En el audio se intentó vincular a quien en esa época era la gerente de la desaparecida Metrovivienda, Luz Karime Coronel, debido a que se escuchaba de fondo una voz femenina. 

Tanto Ramírez como la funcionaria negaron la acusación, señalando que se trataba de un montaje, lo mismo que los concejales que participaron en la aprobación del proyecto de acuerdo 040, del 15 de julio de 2012.

Entre los cabildantes que aprobaron la iniciativa en primer debate se encontraban Juan Pablo Celis y Wilmar Cepeda, junto con Alex Corredor, Manuel Iván Granados, José Leonardo Jácome, Carlos Jaimes y Julio Vélez. 

El exalcalde Donamaris Ramírez fue absuelto en este caso por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en providencia aprobada mediante acta No. 466 del 11 de diciembre de 2013, fundamentando su decisión en argumentos como “la imposibilidad técnica de analizar las grabaciones, definir su procedencia y determinar la forma en que fueron realizadas”. 

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