Nuevas fuentes lícitas pero irregulares han surgido en Venezuela durante las dos últimas décadas como resultado del círculo causal que se genera entre la corrupción sistémica y las redes criminales.

En su más reciente informe, la organización Transparencia Venezuela reveló como, mediante el traspaso de activos del Estado y las exportaciones de chatarra, el gobierno venezolano ha obtenido recursos para mantener sus operaciones.  

La organización señala que aunque hay muchos vacíos de información relacionados con la entrega de empresas propiedad del Estado o activos estatales a privados, a efectos de cuantificar la magnitud de estas transacciones, seleccionó los cuatro casos más representativos.

Se trata de negociaciones que se realizaron entre el entre 2020 y 2021, como la venta de la filial de Pdvsa en República Dominicana, las negociaciones con diversas estaciones de servicio de Pdvsa, además de los casos del Hotel Alba Caracas y del Central Azucarero Sucre.

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Los casos fueron seleccionados porque las estimaciones de activos vendidos o ingresos anuales perdidos superan el millón de dólares.

Cálculos de Ecoanalítica refieren que el Estado venezolano deja de percibir alrededor de 148,2 millones de dólares por la entrega irregular y no registrada de estas empresas.

Traspaso de activos del Estado

El default en el que incurrió el Estado venezolano con sus bonistas en 2017, así como las sanciones aplicadas por Estados Unidos a partir de ese mismo año han aislado a Venezuela del sistema financiero tradicional. 

Sin este acceso, existen una serie de consecuencias muy significativas para el país, entre las que destaca la imposibilidad de adquirir nuevos créditos para financiarse y las enormes limitaciones para comercializar sus productos lícitos.

Los créditos estatales constituyen una herramienta de suma importancia para regular los flujos de caja de los países y usualmente ayudan a financiar el gasto público. 

De acuerdo a Transparencia Venezuela, ante la ausencia de esta herramienta fundamental, Venezuela financió su gasto con ingresos ordinarios cuando se producía el desplome de la industria petrolera.

Advierte, además, en un reciente estudio que “al menos desde 2015 el gobierno está poniendo algunas empresas estatales bajo la administración de actores privados”.

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La sistematización de esos datos recabados arroja que desde esa fecha y hasta finales de 2021, al menos 33 compañías propiedad del Estado venezolano pasaron a ser administradas por el sector privado. “Estas han sido empresas en mayoría del sector agroalimentario, seguido por las del sector turismo y el manufacturero”, indica el informe.

Central Azucarero Sucre

La gobernación del estado Sucre estableció una alianza estratégica con la empresa Corporación Tecnoagro. Esto permitiría a los privados tomar cierto control sobre la operación de la azucarera desde finales de 2020.

La Central posee una capacidad de molienda de azúcar de 300.000 toneladas anualmente que  representan alrededor de 24 millones de dólares en ingresos anuales a precios internacionales de azúcar, es decir, que el Estado venezolano estaría dejado de percibir alrededor de USD 24 millones cada año que dure la alianza estratégica. 

Estaciones de servicio cedidas 

Según informes de Transparencia Venezuela, Pdvsa ha decidido retirar de manera unilateral concesiones a un grupo de operadores de estaciones de servicio para dar paso a nuevos actores privados. 

Se han entregado 50 nuevas concesiones de 400 que están planificadas. Se estima que el consumo interno de gasolina en Venezuela es cerca de 90.000 barriles diarios y reportes de Reuters establecen que funcionan unas 1.680 estaciones de servicios en el país. 

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“Al anualizar el consumo diario y estimando el precio de venta de USD 0,50 por litro, se obtiene que las 50 concesiones ejecutadas generan un ingreso de USD 77,7 millones anualmente”.

Hotel Venetur Alba Caracas

El Hotel Venetur Alba Caracas es un emblemático hotel del centro de la capital venezolana que en el pasado recibía a centenares de turistas internacionales. Era privado, pero pasó a manos del Estado, bajo la administración de Hugo Chávez y comenzó a deteriorarse rápidamente. 

Según declaraciones del ministro de Turismo, Alí Padrón, la gestión de Nicolás Maduro planea realizar una alianza comercial para la administración del Hotel Alba Caracas con una empresa turca experta en la rama pero que no han identificado.

La estructura del Alba tiene 780 habitaciones por lo que, con un precio promedio por noche de USD 90. Utilizando los niveles de ocupación de otro reconocido hotel de iguales dimensiones y servicios, el Estado venezolano podría dejar de ingresar aproximadamente USD 3,6 millones al año.

Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa)

Para pagar deudas de Pdvsa con República Dominicana, Venezuela vendió su posición de 49% de las acciones de la empresa de refinación dominicana Refidomsa por 88,1 millones de dólares. 

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El Estado había adquirido estas acciones en 2010 cuando pagó 131 millones de dólares al gobierno dominicano, por lo que la pérdida de valor como consecuencia de esta operación ronda los 42,9 millones nominales.

La Chatarra como válvula de escape

Un flujo de ingresos inusual que encontró el gobierno hace pocos años es la venta y comercialización del inventario de chatarra ferrosa del país.

La actividad consiste en recolectar restos de hierro por tonelada para exportarlos a socios comerciales que luego procesan y reciclan el material para utilizar la materia prima.

Una gran fuente de chatarra en Venezuela son las estructuras de hierro previamente utilizadas por empresas del Estado para sus actividades económicas.

A pesar que estos elementos no están en uso siguen siendo activos del Estado y los procesos irregulares de su venta y exportación son otro claro ejemplo de cómo se está depurando al Estado en búsqueda de ingresos, sostiene Transparencia Venezuela.

Durante el año, se exportaron 1.013.990 toneladas de chatarra, según cifras de TradeMap. Esto representa un ingreso de USD 454 millones anualmente.

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