Poco a poco el proceso penal que las autoridades estadounidenses adelantan contra el exmilitar Andrés Fernando Medina Rodríguez y los otros capturados que están vinculados al atentado de la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, toma más fuerza y muy pronto podrían ser pedidos en extradición.

Y quienes se están encargando de fortalecer todo el proceso son varios expertos en investigaciones contra el terrorismo del FBI, que hoy se encuentran en Colombia recopilando las pruebas contra la supuesta célula urbana de la disidencia del frente 33 de las Farc que se encargó de cometer el hecho, de la cual hacía parte Medina Rodríguez y el escolta contratista de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, entre otros más.

Una corte del distrito sur de Florida, en Miami (Estados Unidos), será la encargada de valorar esas pruebas que presenten los investigadores estadounidenses para hacerle la solicitud formal a las autoridades de Colombia de la extradición de casi todos los que fueron detenidos el pasado 17 de julio y que hoy están presos en un centro carcelario de Bogotá.

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La Opinión conoció que por lo menos ocho de los hoy capturados podrían tener su tiquete aéreo hacia una cárcel de Estados Unidos, porque el atentado con la camioneta bomba no solo iba dirigido contra la Brigada 30, sino que también era para los 18 militares de ese país que se encontraban en ese momento coordinando varias acciones contra el narcotráfico en el departamento.

Los delitos por los que procesarían a los que serían extraditados son terrorismo y conspiración, por lo que sus penas estarían por los 40 años, cada uno, y de ser culpables podrían pagar hasta 80 años de prisión.

Buscando confesiones

Precisamente, como las penas son tan altas, los agentes del FBI se han estado reuniendo con cada uno de los hoy capturados, buscando que colaboren con la justicia estadounidense para otorgarles algunos beneficios como las rebajas en las condenas.

Con el primero que los investigadores se entrevistaron fue con Andrés Medina, alias ‘El Capi’, quien ya habría comenzado a contar algunas cosas, como que en el atentado hay varios militares involucrados.

“Lo principal que busca el exmilitar es que a su papá, Joaquín Medina, quien ayudó a comprar la camioneta en la que pusieron los explosivos y la moto, en la que escaparon, no lo extraditen y lo saquen de todo este proceso, pues como él mismo lo ha dicho, lo usó para adquirir los dos vehículos, sin que supiera para qué eran”, contó una fuente cercana a la investigación.

Además, las autoridades colombianas y de Estados Unidos están seguras de que el excapitán es una ficha clave dentro de la investigación que le siguen a Javier Alonso Veloza García, alias Jhon Mechas o Jhon Barbas, máximo líder de la disidencia del frente 33 de las Farc, no solo por el atentado, sino por narcotráfico y sus nexos con el cartel de Sinaloa (México), quien ya tiene una circular roja de Interpol.

Otros con los que ya se entrevistaron los investigadores del FBI fueron Geraldine Fiayo Torrado, Vladimir Acosta Pérez, Jhon Freddy Lizarazo Rodríguez, a quienes les preguntaron qué sabían de Aurelio Suárez Pérez, otra ficha clave entre ‘Jhon Mechas’ y la célula urbana de la disidencia en Cúcuta.

Geraldine es la pareja sentimental de Suárez Pérez, mientras que Vladimir Acosta es medio hermano de él. Sin embargo, no consiguieron mucha la información.

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La joven les indicó a los agentes que ella conoció a Aurelio hace un año. Durante seis meses mantuvieron una amistad y luego se enamoraron y se fueron a vivir juntos, pero que jamás supo qué hacía. Dijo que él en una oportunidad le pidió que fuera a recoger 51 sudaderas, pero que no le preguntó por qué ni para qué.

Luego en la entrevista con Jhon Freddy Lizarazo, los estadounidenses tampoco pudieron conseguir mucho, pues él les afirmó que no tenía nada que ver en el hecho y que solo se dedica a trabajar en una mina, sin embargo, con las interceptaciones telefónicas que están en manos de la Fiscalía, las autoridades colombianas aseguraron que él se encargó de hacer inteligencia para la célula urbana.

Los agentes del FBI también hablaron con Vladimir Acosta Pérez, hermano medio de Aurelio Suárez, y tampoco habrían encontrado mucha información, porque él se limitó a decir que su familiar es un líder comunal y estaba protegido por el Estado, ante eso, le informaron al abogado defensor de ellos que si querían un beneficio de rebaja de pena, tenían que colaborar, pues ya tendrían abundante material probatorio que le entregarán a la Corte Federal, donde todos estarían vinculados en el atentado.

Las autoridades estadounidenses también están esperando si Ciro Gutiérrez, el escolta de Aurelio Suárez, va a colaborar, pues él sería otra ficha importante en esta investigación. Además, se espera que pronto sean emitidas otras órdenes de captura contra quienes ayudaron a ‘El Capi’.

Abogado inconforme

Alfredo Yermaín Trujillo Salcedo, abogado defensor de Geraldine Fiayo, se mantiene en decir que su clienta no tiene nada que ver con los atentados que se presentaron en Cúcuta, entre el 15 y 25 de junio.

“¿Qué tiene que ver una conversación de Geraldine con su esposo, que le pide que recoja 51 uniformes, que no se saben de qué son, con los atentados que se dieron? ¿Qué relación tiene eso con los atentados? ¿Acaso en el atentado de la Brigada 30 usaron algún uniforme?”, son las inquietudes del jurista durante el proceso penal que se está adelantando con las autoridades colombianas.

Trujillo también se mostró preocupado porque si los investigadores del FBI aseguran que ya tienen pruebas contra sus clientes, “¿de dónde salieron? Será que la Fiscalía les entregó a ellos todo el material probatorio que dicen tener, entonces ¿la reserva que se maneja bajo la jurisdicción colombiana qué? Además, ninguna autoridad ha querido revelar cómo se inició la investigación, qué motivos fundados hay, como lo indica la ley”.

Para el abogado, este proceso penal ha sido muy complejo y ahora con la posible extradición de sus defendidos, no sabe qué va a pasar con el juicio que se debe adelantar acá en Colombia, por eso peleará para que no se los lleven.

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Aurelio, ¿un líder comunal?

Durante las pesquisas, las autoridades han logrado conocer que Aurelio Suárez Pérez, quien es señalado de ser el contacto directo de la célula urbana de la disidencia con su máximo jefe ‘Jhon Mechas’, contaba con un esquema de seguridad de la UNP porque aseguró ser un líder comunal en el corregimiento de Filo El Gringo, de El Tarra, y que el Epl lo había amenazado.

Ante eso, la UNP le nombró un escolta que era Ciro Gutiérrez y le puso a su servicio una camioneta, la cual habría usado para transportar algunas cosas que serían suministradas a esa organización criminal.

La Opinión conoció que gran parte de la familia de este hombre está en esa población de la zona rural de El Tarra y que desde hacía dos años se había ido a vivir en el corregimiento La Gabarra, en Tibú, donde también era líder comunal.

Además, Aurelio haría parte de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y participó en los recientes bloqueos en las vías que de Cúcuta conduce a Tibú y a Sardinata.

Antes de salir huyendo, porque se dio cuenta de que lo iban a capturar por los atentados, les indicó a varios familiares y conocidos que eso era falso y que todo se trataría de un montaje, pero que iba a buscar aclarar toda esa situación, porque creía que de pronto su escolta fue el que hizo todo, sin él darse cuenta.

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