En tres días se cumplen 16 meses del ataque con una camioneta bomba a la Brigada 30 del Ejército, en Cúcuta. Ese atentado, que se registró el 15 de junio de 2021, a las 3:01 p. m., dejó más de medio centenar de personas heridas y una gran afectación en la infraestructura de la guarnición militar.
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Y este suceso que estremeció a la capital de Norte de Santander también dejó capturadas a once personas, señaladas de ser las responsables del hecho y, además, de ser una célula urbana de la disidencia del Frente 33 de las Farc, en cabeza de Javier Alonso Veloza García, alias Jhon Mechas.
Pero hoy, tras un año y tres meses de estar enfrentando un juicio por terrorismo, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, daño en bien ajeno y concierto para delinquir agravado, se conoció que tres de los detenidos están a la espera de que el Tribunal Superior de Cúcuta le dé vía libre a un preacuerdo que hicieron con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad como cómplices y así solo recibir una condena de 48 meses de prisión.
La Opinión conoció que Jhon Fredy Lizarazo Rodríguez, Vladimir Acosta Pérez y Edinson Durán Ascanio son quienes el pasado 5 de septiembre, en la audiencia de acusación, preacordaron con el ente acusador y aunque el juez aceptó eso, el representante de la Procuraduría se opuso y apeló, porque consideró que esa condena era una vergüenza para todo lo sucedido. Por esa razón, ahora el Tribunal Superior de Cúcuta se encargará de determinar si es procedente o no.
Alfredo Yermaín Trujillo Salcedo, abogado defensor de Jhon Lizarazo Rodríguez, sostuvo que luego de verificar con la Fiscalía todo el material probatorio, su cliente y los otros dos hombres serían cómplices del hecho y no coautores como se pretendió hacer ver, logrando reducir la pena a cuatro años.
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Pero, de lograr el visto bueno por parte del tribunal, Lizarazo, Acosta y Durán solo pagarían la mitad de la condena por buen comportamiento y estudios.
La decisión del Tribunal Superior de Cúcuta solo se conocerá entre tres o seis meses.
¿Qué pasará con el resto de capturados?
Mientras que los ocho restantes: Fredy Maldonado Torrado, Geraldine Fiayo Torrado, Yefferson Gamboa Durán, Joaquín Medina Duarte, Yeison Bernal Rincón, Andrés Medina Rodríguez, Ciro Gutiérrez Ballesteros y Aurelio Suárez Pérez, seguirían adelante con el juicio y podrían llegar a ser extraditados a Estados Unidos, para que respondan por terrorismo y conspiración.
Las autoridades estadounidenses, por su parte, también se han encargado de adelantar un proceso penal por lo ocurrido, porque el día del atentado en la Brigada 30 había 18 militares de ese país, que se encontraban coordinando varias acciones contra el narcotráfico en el departamento.
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Una corte del Distrito Sur de Florida, en Miami (Estados Unidos), tendría a cargo la valoración de las pruebas que presenten los investigadores estadounidenses para solicitar formalmente al gobierno de Colombia la extradición de los detenidos el 17 de julio de 2021 y que hoy están presos en un centro carcelario de Bogotá.
Las fichas más importantes para las autoridades de ese país serían el excapitán del Ejército Andrés Fernando Medina Rodríguez, señalado de organizar y ejecutar el atentado; el exescolta contratista de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, y Aurelio Suárez Pérez, quien creyó que escondiéndose en pleno corazón del Catatumbo, entre El Tarra y Tibú, jamás lo iban a capturar para que respondiera por los actos terroristas en los que habría participado en Cúcuta, pero en los primeros días de noviembre de 2021 fue capturado.
De ser extraditados, estas personas podrían enfrentar penas que estarían entre los 40 y 80 años.
Lo ocurrido
El ataque contra las instalaciones militares provocó la movilización del presidente de la República de ese entonces, Iván Duque; el ministro de Defensa, Diego Molano; las cúpulas del Ejército y la Policía, así como un gran número de investigadores del FBI, pues parte de los heridos fueron militares estadounidenses que estaban apoyando a las autoridades colombianas en la lucha contra el narcotráfico.
La investigación para esclarecer quiénes estaban detrás del hecho se inició de inmediato y la orden era capturarlos lo más rápido posible; por eso, en menos de una semana tuvieron muchos detalles de cómo se planeó todo y más pistas de los responsables, pues las autoridades estadounidenses también prestaron apoyo tecnológico.
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Un mes más tarde, para el 17 de julio, la Fiscalía, apoyada por la Policía, el Ejército y el FBI capturó a 10 de los presuntos responsables del atentado, pero un integrante de esa presunta estructura criminal, que era considerado una ficha clave del atentado y que fue identificado como Aurelio Suárez Pérez, alcanzó a escapar y se escondió en el Catatumbo. Sin embargo, el 7 de noviembre lo capturaron.
Las pruebas contra todos ellos fueron contundentes. La Fiscalía obtuvo videos que fueron grabados por Andrés Medina Rodríguez dentro de la guarnición, en los que se podía ver cómo estaban organizando la ejecución del suceso, además, mostraba dónde se encontraban los militares estadounidenses.
El ente investigador también obtuvo mapas y documentos que mostraban que el hecho fue muy bien planeado. Lo confuso fue que la Fiscalía tuvo interceptados a todos los integrantes de esa organización desde mucho antes del atentado y a pesar de saber lo que iba a suceder, no hizo nada para evitarlo.
Atentado al expresidente Duque
A Andrés Medina Rodríguez también se le vincula al atentado contra el presidente de la República de ese momento, Iván Duque, en Cúcuta, ocurrido el 25 de junio, diez días después del atentado en la Brigada 30.
Lo primero que se habría ingeniado el exmilitar fue dispararle a la aeronave, por eso ‘Jhon Mechas’ comenzó a buscar dos tiradores, ubicándolos en Tibú. Cuando se conoció que el exmandatario vendría a la capital de Norte de Santander para ir a Sardinata, a una reunión con campesinos, ya tenían todo listo para el ataque.
“Al parecer, alias ‘El Capi’ (Andrés Medina) suministró sus conocimientos aeronáuticos y militares para ubicar los puntos vulnerables del Black Hawk (en el que iba el presidente Duque) durante el aterrizaje, calculó los tiempos y distancia del helicóptero, elaboró un estudio topográfico del aeropuerto Camilo Daza y señaló cómo debían comportarse los tiradores y en qué lugar ubicarse para no ser detectados”, aseguró en ese entonces la Fiscalía.
Una vez estaba todo organizado, un miembro de la disidencia, según las autoridades, se habría contactado con Jhon Freddy Lizarazo Rodríguez, alias Miguel o El Flaco, para que se encargara de almacenar las armas en su vivienda y entregarlas horas antes del ataque.
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Y para recibir las armas habrían contratado a Freddy Esteban Maldonado, quien era un líder comunal del barrio El Progreso, pues según una fuente judicial, los dos fusiles, la munición y los proveedores que usarían, presuntamente, se las entregaron ocultas dentro de un montón de chatarra.
Édison Durán Ascanio habría sido contactado por la disidencia y por Ciro Gutiérrez para que ejecutara el plan, porque sabían que él hizo parte de las extintas Farc y se reincorporó a la vida civil, además, lo acompañaría otro hombre que hoy está siendo buscado por las autoridades.
Y para lograr que los dos hombres estuvieran el día y a la hora precisa que se daría el ataque contra la aeronave que transportaba al mandatario de los colombianos, señaló la Fiscalía, habrían contratado a Yeison Herminio Bernal Rincón, quien es un conductor de taxi, y que, el 24 de junio, tenía que recoger a los dos tiradores en el corregimiento La Gabarra, de Tibú, y Cúcuta.
El 25 de junio, Bernal Rincón habría llevado a los dos hombres y las armas hasta un lote baldío de La Conquista, desde donde atacaron el helicóptero que transportaba al expresidente Duque y una comitiva cuando regresaban de Sardinata e intentaban aterrizar en el aeropuerto internacional Camilo Daza.
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