El Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta figuran entre las zonas del país donde los líderes sociales y exguerrilleros de las Farc están más expuestos a ataques de grupos armados ante la dinámica de violencia que se registra en esta región.
Así lo concluyó Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), al referirse al estudio que en conjunto realizaron con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, programa Somos Defensores, Comisión Colombiana de Juristas y fundación Forjando Futuros.
Aunque en el informe se analizaron inicialmente los crímenes ocurridos en el sur de Córdoba, norte del Cauca, Urabá antioqueño y Bajo Atrato chocoano y nordeste y bajo Cauca antioqueños, Posso indicó que Norte de Santander presenta características muy similares a las ocurridas en esas zonas del país.
De acuerdo con el análisis de las organizaciones, entre noviembre del 2016 y junio del 2020 habrían ocurrido en el país 944 asesinatos de líderes y ex-Farc, concentrándose la mayoría de los asesinatos (568) en Cauca, Antioquia, Nariño, Valle y Norte de Santander. La cifra de las oenegés contrasta con la de 434 asesinatos que para el mismo periodo maneja el Gobierno.
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González Posso indicó que la diferencia en las estadísticas se deriva, según sus conclusiones, en que el Estado se apoya solo en los registros de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, mientras las ONG acuden a las diferentes organizaciones sociales, observatorios regionales e información que manejaba la Defensoría del Pueblo.
“La Fiscalía sabe, porque lo ha documentado, que las cifras son más altas. Las mismas Naciones Unidas han dicho que no tienen una cobertura más amplía. El Gobierno quiere limitarse a defensores de derechos humanos y establece allí un filtro. Eso también contribuye a la diferencia de cifras”, agregó González.
La situación en Norte de Santander
La disputa por territorios y rutas de narcotráfico, ante el aumento de los cultivos de coca, y el marco geopolítico de la región marcado por su extensa frontera con Venezuela son algunos de los factores que, según González, han generado en Norte de Santander la exposición de los líderes sociales y exguerrilleros.
“Hay confrontaciones entre diferentes grupos y las organizaciones sociales. Las comunidades tratan de ejercer control o desarrollar programas de sustitución y por ese comportamiento autónomo son costreñidas, violentadas y sometidas a amenazas y terror”, indicó el presidente de Indepaz.
El reconocido analista concluyó que, al igual que en las otras regiones analizadas, en Norte de Santander se conjugan tres patrones que alimentan el conflicto: sistematicidad, estigmatización e impunidad.
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Según González, la sistematicidad está relacionada con la frecuencia en que se repiten en el mismo territorio las modalidades de perpetración, violaciones y abusos a los derechos humanos que no se tratan de fenómenos aislados ni problemas de vecindario.
Con la estigmatización, añadió el integrante de Indepaz, se estaría desconociendo la naturaleza de la agresión vinculada a la condición de liderazgo y defensores de derechos humanos. “Incluso, si se habla de excombatientes, la situación es mucho más evidente porque le niegan la condición de ciudadanos que han dado un paso especial en buscar un camino de justicia y reconciliación”, señaló el exministro de Salud y autor de varios libros, ensayos y artículos periodísticos dedicados a temas económicos, políticos o sociales de la construcción de democracia y paz.
Frente a la impunidad, indicó que existen denominadores hasta del 80% en los casos de asesinatos donde no se conocen operativas efectivas de la justicia, juicios y sanciones.
Desde la ONG Comisión Colombiana de Juristas indicaron que están en proceso de validar información de Norte de Santander para incluirla en el informe, pues solicitaron datos a la Fiscalía para poder contrastar los hechos y hacer un balance definitivo.
Avalan el informe
Dirigentes de varias organizaciones sociales de Norte de Santander no solo avalaron el informe de las oenegés sino que también manifestaron su preocupación por lo que ocurre en el departamento.
Wilfredo Cañizares, director de la fundación Progresar, acotó que entre los años 2019 y 2020, según su Observatorio de Derechos Humanos, fueron asesinados en Norte de Santander 27 líderes sociales y 11 excombatientes de las Farc.
“La situación de riesgo en el departamento, sobretodo en el área metropolitana de Cúcuta, se ha agravado dese el año pasado. Venimos en una situación de 15 meses producto de la guerra entre Los Rastrojos y Eln y desde diciembre con la incursión de Los Gaitanistas que están en un proceso de expansión en el bajo y medio Catatumbo. Los Gaitanistas han amenazado a cerca de 30 líderes de Cúcuta, Puerto Santander y El Zulia. El mayor problema que tenemos es el tema de impunidad. No conocemos resultados de investigaciones por amenazas y agresiones”, dijo Cañizares.
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Por su parte Enrique Pertuz, director general de la corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, manifestó que en el 2020 se registraron, de acuerdo con su análisis, 12 agresiones contra líderes y defensores locales.
“Pensábamos que con la pandemia iban a disminuir los ataques y presiones. Se destaca el asesinato en Ocaña (en noviembre del 2020) de Jorge Solano, caso por el que hay dos personas detenidas. En el área metropolitana hubo dos atentados contra un líder comunal y una líder social y en Tibú fueron cuatro los asesinatos”, complementó Pertuz.
La Opinión intentó hablar con la secretaria de Gobierno de Norte de Santander, Taiz Ortega, pero la funcionaria no respondió a las llamadas. Tras ser contactado por este medio, el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante (e) de la Policía en el departamento, indicó que devolvería la llamada después de intervenir en una reunión virtual, pero no lo hizo.
