Mientras la incertidumbre por la suerte del cese al fuego con el Eln se mantiene en Norte de Santander, el Gobierno confirmó ayer que la tregua que también sostiene con la disidencia del frente 33, con influencia en el Catatumbo, continuará tres meses más.

Al cumplirse el plazo de la prórroga decretada en enero pasado y en medio de la expectativa que existía en el país por cuenta del futuro de los diálogos con el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció el fin de los acuerdos suscritos con quien fuera el máximo comandante de esa disidencia que no se acogió al Acuerdo de Paz, alias Iván Mordisco.

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Entre tanto, informó que el proceso de negociación continuará con los bloques comandante Jorge Suárez Briceño, del cual hacen parte ocho frentes, y el Magdalena Medio-comandante Gentil Duarte, compuesto por siete frentes, entre ellos el  33 Mariscal Antonio José de Sucre que opera en los municipios de Tibú-Sardinata-El Tarra-Teorama. También seguirá en la mesa de diálogos el frente comandante Raúl Reyes (antes Carolina Ramírez).

El decreto que oficializa la declaratoria de cese entre el 16 de julio y el 15 de octubre próximo señala que estas estructuras armadas (que representan un 40% de lo que era la disidencia de Mordisco), en una declaración conjunta firmada con la delegación del Gobierno, el pasado 5 de abril, ratificaron su deseo de seguir negociando la paz, por lo que dejaron en firme todos los acuerdos y protocolos adoptados previamente, entre ellos las disposiciones sobre el cese al fuego, el respeto por la población civil, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, las transformaciones territoriales, entre otros.

En el documento también queda claro que, en adelante, el grupo con el que continuarán las conversaciones pasará de llamarse Estado Mayor Central a únicamente Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio-comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y frente Raúl Reyes.

Recientemente, en una entrevista con el programa Los Informantes, del Canal Caracol, Andrey Avendaño, uno de los jefes de la disidencia en el Catatumbo y negociador con el Gobierno,  confirmó que él es uno de los integrantes del entonces EMC que continúa en el proceso de paz y aseguró que por lo menos 2.500 “unidades”, como denominó a los hombres que están en armas, son los que siguen firmes con esta negociación de paz.

La tranquilidad no es completa

Si bien el anuncio de la prórroga del cese con la disidencia de la antigua guerrilla de las Farc genera un aire de tranquilidad entre las comunidades del Catatumbo, donde tiene presencia la organización al margen de la ley, lo cierto es que en esta zona del departamento la tensión está hoy más viva que nunca.

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La razón es el alto riesgo que existe de que se rompa la tregua pactada desde hace un tiempo entre la disidencia del frente 33 y la guerrilla del Eln, situación que viene siendo advertida por las propias comunidades, la comunidad internacional y las autoridades de la región.

Luis Fernando Niño, alto consejero para la Paz y la Reconciliación de Norte de Santander, manifestó que este escenario fue alertado ya a nivel nacional, durante una audiencia pública que tuvo lugar la semana pasada en el Senado de la República y en la que tuvo la oportunidad de participar.

“Allí manifestábamos la preocupación de que se rompa la tregua que existe en el departamento entre el Eln y las Farc, por varios temas relevantes, entre otros, la muerte del influencer en La Gabarra, Jeikon, y las amenazas que está recibiendo uno de los facilitadores de la mesa de diálogos con el EMC”, manifestó Niño.

Líderes de la zona también le confirmaron a La Opinión que la tensión ha aumentado especialmente en las últimas dos o tres semanas y que es cada vez más evidente que existe una “tensión territorial” entre los dos grupos armados, lo cual mantiene bajo zozobra a las comunidades.

La amenaza a Murgas

Uno de los hechos más claros que confirma la amenaza bajo la cual está el Catatumbo, por la disputa entre el Eln y la disidencia, lo puso de presente el propio equipo negociador del Gobierno en los diálogos con el ahora Estado Mayor.

En una carta enviada este 14 de julio al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, los integrantes del grupo alertan que uno de sus delegados, el reconocido empresario de la palma en el Catatumbo e hijo del exministro Carlos Murgas, Carlos Murgas Dávila, vicepresidente de Oleoflores y directivo de Fedepalma, es objeto de amenazas, al parecer, por parte de miembros del Eln.

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“Grupos que dicen representar al Eln en el Catatumbo han solicitado cifras de dinero a las plantas extractoras de palma del doctor Murgas, afectando gravemente su vida personal, familiar y empresarial, además de generar graves perjuicios a todas las familias campesinas que dependen del sector de la palma en esta región y que son sus socios en esta planta”, dice la misiva firmada por la delegación.

En ella también plantean que es “inaceptable” este tipo de conductas, pues las consideran delictivas y que afectan a la población civil, y especialmente a los miembros de la mesa de paz.

“Por tanto, solicitamos una respuesta pronta y efectiva por parte del Estado colombiano, a través de la oficina del consejero comisionado para la Paz, para que, a través de sus buenos oficios, gestione con la delegación del proceso de paz con el Eln que se detenga de manera inmediata este tipo de conductas que vulneran el Derecho Internacional Humanitario”, concluye la carta.

Por el momento, no ha habido una respuesta del comisionado de Paz a la petición de los delegados en el proceso con el Estado Mayor, frente a la seguridad e integridad del empresario de la palma.

Desde la Gobernación de Norte de Santander, el alto consejero  para la Paz y la Reconciliación, Luis Fernando Niño, manifestó que, en la medida que se han venido presentando estos últimos hechos, han reaccionado ante los mecanismos de verificación y monitoreo.

No obstante, el funcionario insistió en que la esperanza es que mientras persistan las mesas de diálogo y se respete el DIH por parte de los distintos actores, se pueda llegar a acuerdos en el territorio que permitan disipar las alertas que existen hoy.

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