En tres semanas vence la prórroga del cese al fuego que decretaron hace seis meses el Gobierno y la guerrilla del Eln como parte  del proceso de paz que adelantan, pero a la fecha su continuidad es incierta.

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Una mesa fracturada y en crisis, compromisos sin cumplir, canales de comunicación suspendidos y una permanente violación de la tregua, hacen parte del panorama que hoy ronda no solo el cese pactado desde 2023 sino las conversaciones mismas entre las partes.

Por medio de un comunicado difundido el fin de semana, la delegación oficial del Gobierno en la  mesa advirtió su preocupación por la parálisis de los diálogos.

“Las labores del proceso se  encuentran paralizadas, tanto en los compromisos adquiridos con el desarrollo de la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz, como en la necesaria preparación de la prórroga del cese al fuego vigente, que expira en la primera semana de agosto, y cuya renovación exige trabajos y discusiones detalladas”, dice el comunicado de seis puntos.

Los representantes del presidente Gustavo Petro en  el proceso agregan que reiteradamente le han solicitado a la delegación de paz del Eln retomar el trabajo de la mesa de negociación para resolver “de manera bilateral y constructiva”, las dificultades que están atravesando, pero todo parece indicar que hasta ahora no ha habido  respuesta.

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Incluso, como la mesa de diálogos  paralela que se instaló en Nariño con un sector del Eln que no comparte las posiciones asumidas por el Comando Central, se ha convertido en la manzana de la discordia con el Gobierno, la delegación deja claro también que se ha insistido en que sea la instancia competente la encargada de resolver la situación “enmarcando su tratamiento dentro del diálogo regional”.

“Esto, reconociendo las dinámicas territoriales, pero reafirmando a la Mesa Nacional como la instancia de negociación con el Eln”, dice el comunicado.

Y finalmente reiteran la necesidad de que las conversaciones se normalicen, “preserven y fortalezcan” a la mayor brevedad.

El 21 de junio, el máximo comandante de esta guerrilla, Antonio García, escribió en su cuenta de X que la reanudación de las actividades de la mesa de diálogos es “algo esperado” por ellos, pero condicionó ese paso a que el Gobierno cumpla “todos los acuerdos firmados”.

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La última vez que ambas delegaciones se encontraron fue en mayo pasado, luego de una reunión extraordinaria, solicitada también por los voceros del Gobierno, y después de la cual se suscribió el primer gran acuerdo entre las partes, que tiene que ver con el proceso de participación de la sociedad civil en la construcción de la paz.

Posteriormente, el 26 de junio, los delegados del Gobierno emitieron un comunicado donde pusieron en evidencia algunos episodios protagonizados por miembros de Eln que representaban una clara violación del cese al fuego bilateral.

Uno de ellos fue el homicidio del subintendente de la Policía Nacional, Anderson Alberto Hernández Villar, en Arauca, y el otro, el reclutamiento forzado de dos menores de edad.

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“Nuestra delegación condena estos hechos como inadmisibles y violatorios del DIH y del cese al fuego; los informará al Mecanismo de Monitoreo y Verificación. De igual modo, reitera que, ante la nueva prórroga del cese al fuego, se debe ampliar y fortalecer la protección de la población civil, así como lograr el funcionamiento eficaz de este mecanismo”, señalaron.

Un informe de monitoreo adelantado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) a la tregua pactada con el Eln desde el 3 de agosto de 2023 da cuenta de que a la fecha se han cometido 45 violaciones del alto el fuego por parte del grupo guerrillero en: Arauca (13 casos); Chocó (7); Cauca (6); Norte de Santander (4); Santander (3); Antioquia (2) y en Casanare, La Guajira, Nariño y Risaralda (1).

De acuerdo con los datos recopilados por la Cerac, en 39 de las violaciones cometidas, 5 personas fueron asesinadas, 3 fueron heridas, 52 fueron secuestradas, 37 fueron liberadas y 3 permanecen secuestradas.

El llamado desde Norte de Santander

En Norte de Santander, la alerta emitida por el Gobierno sobre la incertidumbre que rodea la extensión del cese al fuego también genera preocupaciones, por el impacto positivo que ha tenido hasta el momento la tregua, especialmente en regiones como el Catatumbo.

Enrique Pertuz, presidente del comité ejecutivo del Consejo Departamental de Paz de Norte de Santander, reconoció que el escenario es muy complejo por la crisis que atraviesa la mesa de negociación y el escaso tiempo que queda para definir la prórroga.

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Por esa razón, dijo que el llamado que le hacen desde el departamento a las partes es que intenten superar las dificultades que hay en este momento, y extender el cese por un tiempo indeterminado.

“Hacerlo sería una forma de enviar un mensaje a la comunidad nacional e internacional de que hay voluntad de las partes en continuar con el proceso de paz”, planteó.

Pertuz recordó que durante el año que han cesado las acciones entre el Eln y la Fuerza Pública, los delitos se han reducido casi que en un cien por ciento en zonas como el Catatumbo.

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