Aunque cada vez hace falta menos para que la reforma al Sistema General de Participaciones vea la luz en el Congreso de la República, las preocupaciones siguen creciendo en algunos sectores por cuenta del alcance de la norma y los impactos que esta generaría a futuro.
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Si bien gobernadores y alcaldes consideran que la aprobación de esta iniciativa representa un hito para la descentralización y el desarrollo territorial, expertos en la materia opinan que, por el contrario, su puesta en marcha desencadena serios riesgos fiscales.
Para el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar Saenz, a pesar de la importancia que representa esta reforma, fue un error haber centrado el debate principalmente en el monto a transferir, pues tienen mayor peso aspectos como el incremento de las competencias y responsabilidades que le quedarían a las entidades territoriales en caso de su eventual aprobación.
“Lo ideal hubiese sido que antes de discutir el monto, se hubiese hecho esta reingeniería del Estado”, planteó Salazar.
Según el experto, estas nuevas tareas serán definidas por el Congreso, en el marco de la reestructuración que, según la ley, deberá llevarse a cabo en un plazo de un año. “No obstante, sería deseable extender este plazo, ya que el proceso es delicado y complejo. Resulta fundamental medir y analizar cuidadosamente qué funciones pueden ser transferidas. Por ahora, es difícil identificar cuáles serían estas”, añadió el director del Observatorio.
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Para Salazar, esta reforma necesariamente deberá transformar los departamentos y entidades territoriales, pues de no ser así, no será fiscalmente sostenible y las finanzas públicas enfrentan riesgos.
“La única manera en que esta reforma pueda ser fiscalmente neutra es que, en la medida en que se transfieran recursos de la nación a los territorios, esto vaya acompañado de un cambio en las capacidades institucionales, una transferencia de competencias y responsabilidades nuevas, así como una eliminación de las competencias que ha asumido el gobierno central en estas materias”, dijo.
Sin embargo, el monto a transferir sigue siendo un gran problema, y como ya han alertado diferentes representantes del sector, su impacto fiscal mantiene la incertidumbre. Se señala que el 39,5% de los ingresos corrientes serían transferidos a los territorios, lo que equivale a más del 3% del Producto Interno Bruto, una cifra poco realista para muchos.
