Llegar a la Alcaldía de Cúcuta ha sido el sueño de muchos en la ciudad. Para conseguirlo, hay quienes lo intentaron no solo una, sino dos, tres y hasta cuatro veces. Otros nunca fueron los favoritos, pero lograron romper los esquemas y se convirtieron en lo que popularmente se conoce como ‘el palo’ de las elecciones. Y hay también aquellos que, definitivamente, tuvieron toda la estructura para ocupar la silla más importante del Palacio Municipal y eso les funcionó muy bien.
Pero para muchos, esa gran ilusión con la que lograron alcanzar la meta se terminó transformando con los años en una gran decepción y en el motivo que los sacó del camino y les alteró los planes.
Por eso, más allá del recuerdo con el que se quedaron los cucuteños de ellos, por sus obras y sus ejecutorias, fueron los exmandatarios los que se llevaron la experiencia más amarga de su paso por la administración.
Denuncias, procesos, investigaciones penales, fiscales, disciplinarias y de toda clase, pero sobre todo muchos, pero muchos dolores de cabeza fue lo que les terminó dejando a varios de los 20 alcaldes, en propiedad y encargados, que ha tenido la ciudad desde 1988, cuando se eligió por primera vez un gobernante en la capital nortesantandereana mediante el voto popular, hasta el 2023.
A algunos, incluso, su paso por la Alcaldía de Cúcuta los ha llevado a la cárcel o a estar muy cerca de ella, por circunstancias que se les salieron de control o porque se apartaron de ese juramento que hicieron el día que se posesionaron de “cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas y los acuerdos” y se dejaron “embriagar” de poder.
El caso más reciente es el del exalcalde Donamaris Ramírez, quien gobernó la capital de Norte de Santander en el periodo 2012-2015, y al que un contrato por $4.695 millones para la construcción de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Cormoranes, Ciudad Rodeo, Torcoroma Siglo XXI y Comuneros, suscrito en su segundo año de administración, lo tiene en juicio y con una medida de aseguramiento a cuestas, que no se ha podido hacer efectiva, pues se desconoce su paradero desde hace dos semanas.
A Ramírez lo acusan de delitos graves que se habrían cometido en desarrollo de ese proyecto como: prevaricato por omisión, en calidad de autor, en concurso material, heterogéneo y sucesivo; contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros, en calidad de coautor.
Aunque después de dejar la Alcaldía, el exgobernante continuó con su carrera y sus proyectos, y hasta volvió a aspirar al primer cargo de la ciudad y posteriormente a la Cámara de Representantes, el fantasma de este proceso lo seguía atormentando, hasta que en abril de 2023 el Juzgado Tercero Penal Municipal de Control de Garantías de Cúcuta ordenó su detención, pero no en un centro carcelario, sino en su residencia. En mayo de ese mismo año el exalcalde decidió presentarse voluntariamente ante la Fiscalía. Desde ese momento se encontraba cumpliendo la orden judicial, mientras se resuelve de fondo la investigación.
Conozca: Los siete alcaldes de Norte de Santander a los que también buscan anularles la elección
Sin embargo, el proceso dio un giro radical comenzando octubre y, en segunda instancia, el juez Sexto Penal del Circuito decidió revocar la medida de casa por cárcel y ordenó su traslado inmediato a la penitenciaría de la ciudad. Una vez se conoció la orden, de Donamaris Ramírez no se volvió a tener rastro.
Pero el exalcalde no es el único que ha tenido que hacerle frente a la justicia. A continuación recordamos los casos de otros exmandatarios a quienes también su paso por la Alcaldía de Cúcuta les dejó más sombras que luces y hoy se encuentran detenidos, condenados, pero evadidos, o ante el riesgo inminente de una posible condena.
José Gélvez Albarracín - 1998-2000 (no terminó)
El ya fallecido empresario fue elegido como alcalde de Cúcuta por el Partido Liberal para un periodo de tres años, pero muy temprano sus actuaciones terminaron apartándolo del cargo, con una suspensión y una medida de aseguramiento de por medio.
A José Gélvez Albarracín no le salió bien una idea que intentó materializar con el fin de mejorar los servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad, para lo cual pidió la autorización al Concejo para liquidar la Empresa Industrial y Comercial (EIS) y conformar una sociedad por acciones que se convertiría en la nueva prestadora del servicio.
El proceso para seleccionar ese socio inversionista estuvo plagado de irregularidades y al mandatario terminaron involucrándolo en una investigación penal por una presunta celebración indebida de contratos.
Este se conoció como el famoso caso “AQA”, en el que se cuestionaron desde los términos de referencia que se dispusieron para la licitación, la participación de un mismo socio en las dos únicas propuestas y el negocio redondo que pretendía hacer el ganador. La firma favorecida planteó utilizar la infraestructura oficial existente, a cambio de un usufructo de $61.147 millones para el municipio, durante 30 años, a razón de $2.000 millones anuales.
En abril de 1999 la Fiscalía dictó medida de aseguramiento con detención preventiva en contra del entonces gobernante, al igual que de concejal Julio César Vélez Trillos y los asesores Luz Amparo Gélvez y Carlos Alfredo Fitzgerald. En julio de ese mismo año, a José Gélvez Albarracín lo trasladaron al Hotel Casa Blanca para cumplir con la orden de detención de carácter domiciliario.
Finalizando noviembre del año 2000, faltando apenas dos meses para terminar su mandato, la Fiscalía Tercera delegada revocó la medida de aseguramiento proferida contra el alcalde y cinco funcionarios de su administración, por el presunto delito de celebración indebida de contratos.
Ramiro Suárez Corzo - 2004-2007 (no terminó)
El hoy detenido exmandatario de Cúcuta llegó a la Alcaldía en 2004, con el respaldo de 127.261 electores y una popularidad que venía arrastrando ya de tiempo atrás. Sin embargo, la euforia con la que arrancó su administración fue frenada en seco apenas seis meses después, por cuenta de un proceso penal al que fue involucrado como determinador de la muerte del exasesor jurídico de la Alcaldía Alfredo Enrique Flórez.
Dos presuntos miembros de las autodefensas que decidieron colaborar con las autoridades declararon que el asesinato de esta persona se ejecutó como un favor que los comandantes paramilitares quisieron hacerle a Suárez Corzo.
Entérese: ¿Por qué reversaron la sentencia que absolvía al exgobernador Luis Miguel Morelli?
En junio de 2004, el exalcalde fue trasladado a la cárcel La Picota y luego a la del Chofer, de donde salió libre siete meses después, el 4 de marzo de 2005. Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá revocó la resolución de acusación tras considerar que existieron dudas razonables sobre las presuntas sindicaciones.
Sin embargo, luego de permanecer dos años en libertad y cuando todo parecía retornar a su normalidad, la sombra de las autodefensas reapareció en la vida de Ramiro Suárez Corzo y el 7 de septiembre de 2007 fue vuelto a capturar por orden de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. El 3 de abril del 2009 recobró su libertad una vez más.
Pero en agosto de 2011 llegó la decisión definitiva en su caso y en plena campaña para las elecciones locales, cuando se aprestaba a participar en un acto de los candidatos que impulsaba, Suárez Corzo fue recapturado nuevamente, esta vez sí para cumplir ya una sentencia.
El Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a 27 años de prisión por el delito de homicidio agravado, tras revocar la sentencia de primera instancia del Juzgado Octavo Penal Especializado de Bogotá, que el 2 de abril del 2009 lo había absuelto por la muerte de Flórez Ramírez, ocurrida el 6 de octubre del 2003, en Los Patios. Ramiro Suárez paga actualmente la pena en su residencia, debido a sus quebrantos de salud.
Gustavo Villasmil - 2004-2005 (Alcalde encargado)
Fue uno de los encargados de reemplazar a Ramiro Suárez Corzo en la Alcaldía de Cúcuta por cuenta de sus problemas con la justicia y aunque estuvo apenas seis meses en el cargo, terminó involucrado en uno de los casos más sonados de la ciudad en los últimos años: el de los pensionados.
En marzo de 2023 se conoció que la Corte Suprema de Justicia lo sentenció a 12 años de prisión y el pago de una multa de $5.286 millones. El 31 de enero de este año esa decisión quedó en firme en la última instancia.
A Villasmil lo acusaron de ser responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros, por cuenta de las presuntas irregularidades que se presentaron en la celebración de una conciliación entre la Alcaldía de Cúcuta y los pensionados del municipio. Lo que se pretendía era el reconocimiento del reajuste pensional ordenado por la Ley 6 de 1992 y el Decreto 2108 de 1992, pero la Fiscalía alegó que esa conciliación se hizo de manera arbitraria, puesto que habría sido celebrada sin cumplir los requisitos legales.
María Eugenia Riascos - 2008-2011
La exalcaldesa se convirtió en la segunda mujer elegida popularmente en dirigir las riendas de la ciudad. La primera fue Margarita Silva. Su elección fue considerada como una sorpresa y un voto castigo a la clase política del departamento que respaldaba en su mayoría al candidato contra el que ella competía, Hernando Angarita.
Sin embargo, su administración quedó rápidamente arropada por el fantasma del caso de los pensionados que salpicó a Gustavo Villasmil y años después de haber dejado el cargo, María Eugenia Riascos Rodríguez también tuvo que entrar a responder por las irregularidades que rodearon esos pagos.
En marzo del año pasado, la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que la absolvía por estos hechos y, en su lugar, confirmó el de primera instancia que se había proferido en enero de 2018 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, mediante el cual se le condenó a una pena de 10 años de prisión y el pago de una multa de $3.015 millones. Su paradero es incierto.
Nuevos detalles: En el Catatumbo, la ‘Paz total’ tampoco fue con Gustavo Petro
A Riascos Rodríguez la acusaron de incurrir en prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado, toda vez que para la Fiscalía los acuerdos de pago que se hicieron, en cumplimiento de un mandamiento judicial, eran ilegales, y así lo ratificó el alto tribunal.
César Rojas Ayala - 2016-2019
El exalcalde de Cúcuta elegido por el partido Opción Ciudadana y el respaldo de la estructura del condenado Ramiro Suárez Corzo tampoco salió bien librado de su paso por la administración municipal.
César Rojas está involucrado en una investigación que compromete una larga lista de exfuncionarios y contratistas del municipio que, al parecer están implicados con hechos de corrupción en programas como el Plan de Alimentación Escolar y un contrato con la Corporación América Barí (Cambari), entre otros.
En septiembre de 2023, algunos de sus bienes quedaron cobijados con la medida de extinción de dominio y comenzando este año un juzgado de la ciudad dio inicio a la etapa de juzgamiento en la que se definirá la suerte de los bienes inmuebles, a la vez que avanzan los procesos judiciales por estos mismos hechos.
Por esta investigación y la medida de extinción, a Rojas se le enredó su nueva aspiración a la Alcaldía de Cúcuta, en octubre de 2023.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
