A través de una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez la Corte Constitucional emplazó a los colegios del país, incluyendo a los de Norte de Santander, para que actúen y eviten la negligencia ante los casos de matoneo contra los estudiantes por parte de sus compañeros. El llamado se originó después del caso de un alumno en Bogotá que sufrió acoso y matoneo en un colegio que fue negligente frente a su situación.
El tribunal, en sus consideración, aseguró que la institución educativa “no le prestó la debida atención a los acontecimientos, por la simple razón de que no los encontró como constitutivos de matoneo escolar o bullying”, a esto agregó que actuaron de forma “pasiva y negligente ante las constantes alarmas de presunto acoso escolar que se presentaron en el colegio”.
“A pesar de las reiteradas veces en que la accionante acudió a la institución vía correo electrónico, en las cuales si bien no individualizó a los presuntos agresores, manifestó la preocupación por la situación de su hijo, el (colegio) se limitó a responder de forma ambigua y generalizada a las inquietudes de la accionante e incluso a recomendarle al niño que no anduviera solo por las instalaciones del plantel”, agregó un comunicado de la Corte.
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Si bien el alto tribunal concluyó carencia actual de objeto bajo la modalidad de daño consumado, teniendo en cuenta que el niño fue retirado de la institución accionada, se pronunció de fondo considerando que la decisión que lo apartó de la institución educativa se dio como consecuencia de la falta de protección efectiva a sus derechos fundamentales, lo cual derivó finalmente en un perjuicio, concluyó en su análisis el portal de Ámbito Jurídico.
La Corte determinó que el colegio debe reparar al menor y restablecer sus derechos, lo que incluye ofrecer disculpas y asumir su responsabilidad por no haber activado las rutas previstas oportunamente ni haber actuado con el mayor cuidado y confidencialidad ante los actos de bullying cometidos en perjuicio del niño.
También le solicitó al colegio capitalino que se abstenga de incurrir en dilaciones injustificadas frente a casos de acoso o matoneo escolar y a que incluya en sus protocolos de atención: mecanismos prácticos de capacitación a sus docentes y directivos, así como a toda la comunidad estudiantil, sobre acoso o matoneo escolar y ciberbullying.
Reacciones en la región
Representantes de colegios privados y funcionarios aseguraron que se está trabajando en la región para evitar y controlar los fenómenos relacionados con el matoneo, bullying y ciberbullying.
Ángel Suárez, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Norte de Santander (Eduprinor), dijo que el tema del acoso escolar ha sido un reto para las instituciones educativas que deben afrontar estas nuevas realidades.
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“Las escuelas hemos venido enfrentando la situación, algunos colegios con más recursos y éxitos que otros, pero sabemos de la responsabilidad legal que tenemos de hacer procesos de formación, prevención y educación para enfrentar este tipo de fenómenos”, agregó Suárez.
El directivo indicó que se han hecho varias capacitaciones con las secretarías de Educación creando rutas de atención para la atención de estos casos.
“Somos conscientes que el uso de los nuevos medios tecnológicos, como el celular, ha disparado el fenómeno, principalmente en redes. A buena hora la Corte hace ese llamado perentorio y aprovecho para hacer un llamado a los rectores y profesores y todas las instituciones para que reforcemos estas acciones fundamentales para la familia”, concluyó el delegado de las instituciones educativas privadas.
Por su parte, José Humberto Pérez, funcionario adscrito al área de Calidad Educativa Secretaría de Educación de Norte de Santander, aseguró que se han hecho acompañamientos para fortalecer la convivencia escolar, suministrando asistencia técnica y jurídica a los establecimientos educativos del departamento.
A través del trabajo realizado con los profesores han surgido las estrategias denominadas ‘Territorio, memoria y convivencia’, ‘Hagamos memoria y cuidemos la vida’, ‘Nos cuida y nos cuidamos’ y ‘Entornos protectores, familias seguras’ con las que buscan tener herramientas para analizar el contexto sobre convivencia.
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“Conformamos una red de docentes encargados de los procesos de convivencia escolar y los focalizamos en los municipios PDET del Catatumbo y Ocaña en una primera fase. También implementamos la Semana por la Convivencia Escolar donde hacemos énfasis en los derechos humanos y la prevención de todo tipo de violencias donde se manejan temas como ciberbullying y prevención de violencia sexual”, añadió Pérez.
Shirley Espinosa, adscrita al área de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación departamental, precisó que se crearon todas las estrategias para asistir a las instituciones en la elaboración de los manuales de convivencia que deben atacar todas esas conductas de acoso escolar.
Según la funcionaria, con jurisdicción en 39 municipios, en la atención de casos por bullying se activan las alarmas del comité departamental conformado para proteger los derechos de los niños, apoyado con las comisarías de Familia y la Fiscalía. “Somos reconocidos como uno de los equipos más articulados en el país por la capacidad de reacción que tenemos”, precisó Espinosa.
¿Qué debe saber si su hijo sufre bullying escolar?
El acoso escolar es un problema que afecta a muchos niños y adolescentes en Colombia. Con el objetivo de abordar esta preocupante situación, es crucial comprender la legislación vigente, los recursos legales disponibles y las responsabilidades de los colegios en su prevención y manejo de la mano de un experto.
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Según estudios recientes, el bullying escolar sigue siendo una preocupación significativa en Colombia. Estadísticas alarmantes revelan que un 32,3% de los estudiantes han sido víctimas de bullying en algún momento, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad urgente de abordar este problema.
Además, el Senado de la República ha expresado su inquietud por el creciente fenómeno del acoso escolar, situando a Colombia en el segundo lugar entre los países latinoamericanos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con mayor exposición al acoso escolar.
Según el congresista Pedro Flórez, ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla presentan índices preocupantes de violencia escolar, con un 21%, 13% y 12% respectivamente. Estos datos resaltan la importancia de tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes en los colegios del país.
Santiago Calle, Asociado Senior de CMS Rodríguez-Azuero, y quien ha tratado la legislación sobre bullying en Colombia, compartió la información sobre cómo actuar frente a casos de acoso escolar:
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Legislación vigente: En Colombia, la Ley 1620 de 2013, conocida como Ley antibullying o anti-acoso escolar, establece una serie de derechos, deberes y obligaciones para proteger a los menores y promover políticas de prevención del acoso en las instituciones educativas. Junto con el Decreto Reglamentario 1965 de 2013 y el Código de Infancia y Adolescencia, estas leyes contienen normativas aplicables a casos de acoso escolar.
Recursos legales disponibles: Los padres y tutores tienen a su disposición diversos recursos legales para proteger a sus hijos. Pueden presentar quejas ante las Secretarías de Educación correspondientes, iniciar acciones penales cuando sea necesario, recurrir a la acción de tutela en casos de afectación inminente de derechos y utilizar los mecanismos institucionales establecidos en los manuales de convivencia de los colegios.
Además, pueden realizar denuncias en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (Siuce) a través del sitio web del Ministerio de Educación.
Responsabilidades de los colegios: Los colegios tienen la obligación de contribuir a la formación de ciudadanos activos en una sociedad democrática y proteger los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes. Deben promover la convivencia escolar, desarrollar estrategias de prevención del acoso y garantizar la inclusión de todos los estudiantes.
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Consecuencias legales para los colegios: En caso de incumplimiento de sus obligaciones legales, los colegios pueden enfrentar sanciones que van desde amonestaciones públicas hasta la cancelación de la licencia de funcionamiento. Además, los funcionarios que omitan, incumplan o retrasen la implementación de las medidas de prevención y atención del acoso escolar pueden ser sancionados según lo establecido en el marco legal vigente.
Consecuencias legales para los agresores y sus padres: La gravedad de las consecuencias legales para los agresores depende de la situación en concreto y la edad del menor. En casos leves, se aplicarán medidas pedagógicas y disciplinarias según lo establecido en los manuales de convivencia.
En situaciones más graves, se pueden activar procesos disciplinarios que pueden resultar en amonestaciones, expulsiones y medidas pedagógicas más severas. Además, los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los actos de sus hijos menores de edad. Sin embargo, una vez los hijos cumplen la mayoría de edad, ya no habrá responsabilidad solidaria por parte de los padres.
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