La evolución del conflicto armado en el Catatumbo evidencia una preocupante escalada en el uso de drones con fines ofensivos y de inteligencia.
La estadística que llevan organizaciones defensoras de derechos humanos y las mismas autoridades regionales se queda corta con la realidad, debido a que no todos los ataques se han suscitado están contabilizados, lo que supone un subregistro bastante alto, dijo Enrique Pertuz, miembro de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos – Corporeddeh).
Las cifras que está organización maneja reseña que entre 2025 y lo corrido del 2026 se han registrado más de 60 ataques con estos dispositivos no tripulados, dejando un saldo de 75 víctimas reportadas, de ellos, 5 civiles fallecidos, 21 civiles heridos, 8 integrantes de la Fuerza Pública muertos y 27 heridos.
Además, los reportes advierten daños colaterales en viviendas, sedes de puestos de salud, instituciones educativas, hoteles, cultivos y animales.
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Las comunidades más afectadas son las de El Tarra, Tibú, Convención y El Carmen, territorios donde esta modalidad criminal continúa incrementando el riesgo para las comunidades.
Estas cifras reflejan la urgente necesidad de fortalecer las capacidades de prevención, protección y respuesta institucional frente a nuevas amenazas tecnológicas en escenarios de conflicto armado, dijo el secretario de Seguridad del departamento, George Quintero.
Esta situación ha expuesto las actividades académicas, especialmente, debido a que hasta las escuelas han recibido impactos de drones.
El mismo alcalde de El Tarra, Eider Robles denunció a medios de comunicación del departamento en días anteriores, que en el corregimiento de Filo Gingo, los estudiantes enfrentan serios riesgos.
Explosivos desde el aire
A diferencia de otros momentos del conflicto, los habitantes ya no temen únicamente lo que ocurre en tierra, sino también lo que llega desde el aire. Los ataques con drones cargados con explosivos se han vuelto frecuentes, con reportes de hasta dos acciones diarias en algunas veredas, dijeron a La Opinión vía telefónica campesinos de este municipio.
Esta nueva dinámica de guerra ha modificado la cotidianidad de las comunidades, que ahora permanecen en alerta permanente.
La zona se ha convertido en un punto estratégico disputado por el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, estructuras que buscan el control de un corredor clave que conecta con Tibú, Cúcuta y la frontera con Venezuela. En este contexto, la población civil vive bajo una constante zozobra.
El alcalde de El Tarra, dijo que debido a los ataques con drones muchas familias han tenido que abandonar sus viviendas, mientras otras permanecen confinadas en medio del fuego cruzado y los constantes sobrevuelos de drones.
“La población que, en su gran mayoría, le ha tocado dejar sus viviendas, viviendas destruidas, y por miedo les ha tocado salir del territorio. Una gran preocupación porque todavía persiste la confrontación a través de drones, de diferentes medios de conflicto, y genera bastante miedo hasta para dormir, y más en esas veredas en confrontación; la gente no ha tenido tranquilidad, los que se han podido quedar”, dijo el mandatario. Para las autoridades, uno de los puntos más críticos es la situación de la educación. Aunque algunos sectores han planteado la posibilidad de retomar las clases presenciales, en El Tarra las clases se desarrollan de manera intermitente.
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Más de 250 niños, niñas y jóvenes se verían expuestos directamente a los riesgos del conflicto si se reactiva la presencialidad en instituciones ubicadas en zonas de confrontación.
Pertuz manifestó a La Opinión que los ataques con drones se han intensificado en la última semana, “casi día por medio se reporta un ataque entre guerrillas del Eln y del frente 33 de las Farc.
De acuerdo con la información conocida, grupos armados estarían presionando a la población civil para que los menores retornen a clases, pese a la falta de garantías. Frente a esto, el alcalde hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para evitar una tragedia y priorizar la protección de la niñez.
La situación en El Tarra es apenas una muestra de la complejidad del conflicto en el Catatumbo, donde la población civil continúa siendo la más afectada en medio de la disputa armada entre los grupos que delinquen en la zona.
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