A pesar de que el frente 33 de la disidencia de las Farc es una de las facciones del Estado Mayor que continúa en la mesa de diálogos con el Gobierno Nacional, su plan de expansión no se detiene en Norte de Santander y otras regiones vecinas como el Cesar.
Lea también: Maestro Jorge Velosa, por primera vez en la fliC 2024
Así lo dejó en evidencia la Defensoría del Pueblo, luego de emitir la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 021 de 2024, en la que advierte el riesgo que existe en estos momentos para los habitantes de la zona alta del municipio de La Esperanza (Norte de Santander) y San Alberto (Cesar), por las intenciones de esa agrupación armada de extenderse hasta allí.
“Los bloques Gentil Duarte y Jorge Suárez Briceño y el frente Raúl Reyes, también de las disidencias de las Farc, podrían afectar con su accionar criminal los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que también habitan en la parte superior de los dos municipios: en el corregimiento Planes, de La Esperanza, y los corregimientos Trinidad y Fundación, de San Alberto”, informó la entidad en un comunicado.
Para la Defensoría, la situación de los pobladores es preocupante, toda vez que en estos mismos municipios ya hay presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), “organización al margen de la ley que fortalece con armas a su bloque Aristides Meza Páez y frente Edgar Madrid Benjumea, cuya ala militar está en el sur del departamento de Bolívar”.
Lea además: Juzgado analiza posible inhabilidad de candidato a representante de egresados en la UFPS
En la alerta se advierte que uno de los mayores riesgos que desencadena el plan de expansión de la disidencia de las Farc recae en los niños y adolescentes, puesto que esta población termina convirtiéndose en objeto de reclutamiento forzado.
“Mitigar, prevenir y salvaguardar los derechos fundamentales de la población civil, que una vez más padece los efectos del conflicto armado, es el llamado de la entidad”, dice la Defensoría.
De la misma forma, insiste en que es urgente impulsar acciones reales de prevención, protección y atención integral, a fin de que no sean materializadas las conductas vulneradoras de derechos por delitos como homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados, instalación de minas antipersonal, confinamientos, desapariciones, hurtos y uso, utilización y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
En la alerta, que incluye 20 recomendaciones dirigidas a las diferentes instituciones y entidades encargadas de velar por la protección de los habitantes de estos dos municipios, se hace énfasis también en no dejar solas a las administraciones municipales.
Entérese: En Los Patios adelantan pruebas en el Acueducto Metropolitano
“Consciente de lo que está acaeciendo, la Defensoría requiere que las entidades del nivel nacional y departamental apoyen a las dos administraciones municipales, con carácter urgente, para que sea fortalecida su capacidad de respuesta”, dice la entidad.
Un informe de la Fundación Core, que investiga sobre conflicto armado y construcción de paz en Colombia, señala que en un poco más de cinco años, el frente 33 de la disidencia de las Farc, que hace presencia en Tibú, Sardinata, El Tarra y Teorama, se ha convertido en una “autoridad” en el Catatumbo.
Más información: Las pérdidas en Norte de Santander por presuntos “elefantes blancos”
“Un caso particular de una gobernanza amplia puede ser Catatumbo, donde el frente 33 ha logrado gobernar a un nivel quizá jamás visto en años en Colombia. El grupo hace obras de infraestructura y según denuncias de la zona, tiene tres “centros de rehabilitación” a los que lleva consumidores de droga y otras personas acusadas de cometer pequeños delitos. Los ponen a hacer trabajo físico, entre otras tareas y pueden recibir castigos de tres, seis meses o hasta un año”, dice el informe.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .
