La Asociación de Víctimas de Despojo de Tierras y Desplazados de Norte de Santander (Asovidest) solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declarar cinco ríos del departamento como sujetos de derechos y víctimas del conflicto armado, con el propósito de avanzar en procesos de reparación integral, búsqueda fluvial y restauración biocultural.
La abogada Maritza Pérez Amaya adelanta las gestiones para que los ríos Pamplonita, Sardinata, El Zulia, Tibú y El Tarra, ubicados en municipios que durante décadas han sufrido los efectos de la violencia, reciban una protección especial.
Pérez Amaya fue también quien promovió ante la JEP la declaratoria del río Catatumbo como víctima del conflicto armado y sujeto de derechos, decisión que, según la organización, abre la posibilidad de canalizar recursos estatales hacia la recuperación integral de una cuenca de importancia ambiental y social para la subregión.
Lea además: Ocaña rindió homenaje a los desaparecidos del Catatumbo
La propuesta para los cinco afluentes contempla acciones como la reforestación de sus riberas, el repoblamiento piscícola mediante la siembra de alevinos y la puesta en marcha de programas sociales, económicos y culturales dirigidos a las comunidades asentadas en sus alrededores.
De ríos a cementerios, y ahora a sujetos de derechos
Con el propósito de impulsar medidas de reparación, preservar la memoria de las víctimas y recuperar los ecosistemas, Pérez Amaya, defensora de derechos humanos y buscadora de personas dadas por desaparecidas, emprendió nuevas acciones ante la JEP.
La líder social sostiene que, en Norte de Santander, los ríos no solo han sido fuentes de agua y sustento para las comunidades. Durante décadas de conflicto armado, sus cauces también se convirtieron en lugares utilizados para ocultar las huellas de la violencia.
Según su denuncia, los ríos Pamplonita, Sardinata, El Zulia, Tibú y El Tarra fueron utilizados como fosas comunes fluviales, donde fueron arrojados cuerpos de personas asesinadas o desaparecidas.
Lea además: El río Catatumbo está en medio de una controversia nacional
“Como autora de la medida adoptada en el Auto MGM 10 N1023 del 12 de marzo de 2026, mediante el cual se declaró al río Catatumbo como víctima del conflicto armado y sujeto de derechos, decidí dar un paso más en esta causa por la dignidad regional. Por ello, la semana pasada radiqué ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cinco nuevos proyectos para que las cuencas hidrográficas reciban también esta importante protección”, afirmó Pérez Amaya.
Que no se quede en el papel
Dirigentes comunales del Catatumbo esperan que la declaratoria del río Catatumbo y las nuevas solicitudes ante la JEP se traduzcan en acciones concretas de inversión social, recuperación ambiental y atención a las víctimas.
Neiro Luis Mejía, dirigente del municipio de Hacarí, destacó el precedente que representa el reconocimiento del río Catatumbo como sujeto de derechos y víctima del conflicto armado.
Sin embargo, advirtió que el alcance de estas decisiones dependerá de las medidas que se adopten después de las declaratorias.
“Tal vez esto permita una mayor visibilidad de lo relacionado con las víctimas del conflicto armado, que ha golpeado de manera considerable al departamento”, señaló.
Mejía también consideró necesario garantizar la ejecución de programas ambientales para recuperar las cuencas hidrográficas y evitar que las decisiones judiciales se limiten a un reconocimiento simbólico.
Lea además: Radican dos proyectos de ley para darle vida a la Universidad del Catatumbo
“También se debe velar por la ejecución de programas ambientales para restaurar la cuenca hidrográfica. Quizás esto permita canalizar recursos para tal fin”, concluyó.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.
