Cuando restan menos de 24 horas para la juramentación del nuevo presidente de Venezuela, que podría ser Edmundo González, respaldado por las actas electorales, que dan cuenta de una victoria   por el 70% de los votos; o Nicolás Maduro, que sin actas pero con la institucionalidad y la cúpula militar de su lado, asumiría a la fuerza, las detenciones arbitrarias contra líderes y activistas políticos de oposición, lideradas por agentes de la policía del gobierno madurista, están a la orden del día.

Esta práctica, que ha sido una constante del régimen por años, justificada por supuestas acciones conspirativas de opositores y desertores del chavismo, se ha acentuado en los últimos días.

Solo el pasado martes fueron detenidos el defensor de derechos humanos Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público; Enrique Márquez, excandidato presidencial y Rafael Tudares, yerno de Edmundo González.  

Anticipando ese escenario, muchos -se estima que alrededor de 330 personas- salieron de Venezuela justo después de las elecciones del 28 de julio y aunque podría suponerse que el lugar más cercano para ponerse a salvo es Cúcuta, la mayoría se está desplazando unos kilómetros más hacia el centro del país.

La razón es porque agentes de la contrainteligencia venezolana estarían actuando en la capital nortesantandereana, a espaldas de las autoridades colombianas y en alianza con organizaciones criminales transnacionales como el Eln, para recapturar a estos  “enemigos políticos”, retornarlos al país y entregarlos a las autoridades para su judicialización.

Frente a esto, Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario, señaló que “por razones de seguridad, a las personas que están saliendo o que diferentes organizaciones están ayudando a salir, no se les recomienda, ni se les permite quedarse en zona de frontera”.

Apuntó que el perfil de las personas que están saliendo van desde alcaldes, alcaldesas, hasta empleados de estos, como choferes y empleadas domésticas, que no están soportando el esquema de represión y persecución en Venezuela.

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No es nuevo

En este contexto, tras consultar a analistas, políticos, defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil colombiana, así como revisar información publicada sobre el tema,  se encontró que la percepción no es infundada, sino que tiene como base casos que han sucedido en tiempos relativamente recientes.

A principios de 2024 se conoció a través del informe de un medio nacional, cómo con estas prácticas de persecución ilegal en territorio colombiano, fue secuestrado por el Eln cerca de Cúcuta, Ángelo Heredia, un capitán retirado del Ejército venezolano, que luego fue entregado a la inteligencia venezolana en diciembre de 2023.

En esa misma operación logró evadirse el teniente Ronald Ojeda quien, tras llegar a Chile, fue secuestrado y asesinado en Santiago, por miembros del Tren de Aragua, afines al régimen venezolano, según confirmó el gobierno chileno, a través del análisis de la huella digital del hombre que quedó impresa en el botón del ascensor de la residencia de  Ojeda.

Actualmente, esto sigue sucediendo. “En los municipios que conforman el Área Metropolitana, especialmente en Villa del Rosario, Los Patios y Cúcuta, hay desplegada inteligencia y contrainteligencia venezolana en cacería, haciendo seguimiento a líderes políticos, y tienen como aliados e informantes a simpatizantes de la izquierda colombiana”.

Así lo aseguró un exgobernante venezolano, que justamente se encuentra resguardado en Cúcuta a pesar de los riesgos. “Yo conozco esta ciudad, tengo familia aquí, sé cómo moverme y hasta dónde exponerme”, dijo.

Pero este líder fue más allá y señaló al Consulado Venezolano en Cúcuta, como “la base operativa desde donde toman la información y la remiten a los organismos de seguridad en Caracas”.

Por su parte, Enrique Pertuz, coordinador de la  Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, señaló que por lo que se ha demostrado políticamente, no solamente Cúcuta, por ser zona de frontera, sino otras regiones del país y del contexto latinoamericano, ya no son seguras para los miembros de la oposición venezolana.

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Alonso Torres, concejal de Cúcuta, también confirmó la existencia de esta percepción de inseguridad de los opositores venezolanos sobre la ciudad. “Conozco empresarios cucuteños que son muy venezolanos que tienen temor de venir a Cúcuta, porque no se sienten seguros como era en otros años”.

Asimismo, Torres señaló que la cercanía política entre Cúcuta y San Cristóbal hace que crezca la desconfianza por parte de los opositores venezolanos en la ciudad, pero también en el país en general, por la afinidad entre Bogotá y Caracas, en consecuencia indicó que la ciudad pasa a convertirse en un lugar de tránsito para ellos.

¿Y la acción de las autoridades?

Frente a lo que sucede muchos esperarían una reacción contundente de parte de las autoridades colombianas, pero tal cosa no resulta tan sencilla, entre otras cosas porque efectivamente son operaciones que se desarrollan de manera clandestina, aprovechando las facilidades que brinda una frontera abierta, en la que cualquiera puede pasar de manera particular.

Por otra parte está el hecho de la ausencia de denuncias formales. En este sentido, al ser consultados sobre el tema, tanto el secretario de Seguridad del Departamento, George Quintero; como el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, brigadier general William Quintero, aseguran no tener conocimiento sobre estos casos y en consecuencia aseguran que no es prudente fijar una posición.

“En este momento nosotros, en el sistema de la Policía de Cúcuta, no tenemos denuncias al respecto, y llegado el caso que las hubiera, serían remitidas a las autoridades correspondientes”, dijo el comandante de la Mecuc.

Al respecto, Pertuz señaló que en efecto al no haber una denuncia formal es delicado que la Policía o algún otro organismo de inteligencia colombiano se atreva a reportar una situación como esta, teniendo en cuenta que esto corresponde a políticas de Estado, que se manejan a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Es difícil que autoridades de la ciudad o del departamento entren a denunciar este tipo de hechos”, sostuvo el defensor de derechos humanos.

Denunciar ¿Una acción contraproducente?

No obstante, denunciar lo que sucede tampoco es vista como una salida segura. Y es que de acuerdo con lo que explica Ronal Rodríguez, investigador de la Universidad del Rosario, hay pocas acciones concretas que pueden llevar adelante los perseguidos políticos.

“Muchos de ellos están solicitando refugio y entienden que poner una demanda o hacer un requerimiento, puede llegar a afectar su dinámica de refugio; otros no lo hacen porque no sienten confianza en las autoridades colombianas”, dijo Rodríguez.

No obstante, destaca que así como muchos se sienten inseguros, otros han recibido el apoyo y protección bajo perfil de autoridades colombianas, que los han ayudado a  salir de Venezuela.

En todo caso, según Rodríguez, “Colombia tiene que garantizar los derechos humanos de la población y no puede admitir, bajo ninguna circunstancia, que la escala de represión que adelanta el régimen venezolano transgreda nuestra frontera y se ejerza también en su territorio”.

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¿Nuevo estigma sobre Cúcuta?

Ante la posibilidad de que esta percepción negativa respecto a la seguridad de opositores venezolanos afecte de alguna manera la reputación de Cúcuta en otros aspectos, como el económico y productivo, Francisco Unda, gerente de la Asociación Nacional de Industriales en Norte de Santander, la descartó por completo.

“Lo que afecta la economía del departamento son los problemas de seguridad; tantos los internos como los que generan y promueven desde Venezuela; nunca denuncias como estas”, señaló.

Sin embargo, sobre la situación en particular con los políticos venezolanos “es muy importante siempre oír y atender las denuncias sobre las percepciones de seguridad que tienen las personas, especialmente si hacen parte de algún grupo poblacional que ha sido estigmatizado y perseguido como la oposición Venezolana”.

Considera Unda que razones para creerles hay, sobre todo cuando es sabido que varios grupos al margen de la ley operan y delinquen en Norte de Santander, y tienen resguardo y facilidades de movilidad en Venezuela, y además hay denuncias que asocian a estos grupos con el régimen de ese país.

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