Santurbán vuelve a estar en el centro de una disputa política, ambiental y social que parecía entrar en una nueva etapa, pero que el cambio de Gobierno volvió a poner sobre la mesa.

La controversia se originó con las decisiones adoptadas por el Gobierno de Gustavo Petro en los últimos días de su administración. El 6 de agosto, el Ministerio de Ambiente declaró una reserva definitiva de recursos naturales sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, Santander, como parte de una estrategia de protección del sistema hídrico del macizo de Santurbán. La medida impedía nuevos contratos, autorizaciones y licencias para proyectos de mediana y gran minería dentro de esa área, aunque contemplaba la pequeña minería y procesos de formalización bajo condiciones ambientales.

Sin embargo, pocos días después, el nuevo Gobierno revocó esa decisión mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto. El Ministerio de Ambiente argumentó que debía reiniciarse el procedimiento para corregir irregularidades relacionadas con la participación ciudadana y cumplir un fallo del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga. La cartera aclaró que la revocatoria no constituye, por sí misma, un pronunciamiento contra los fundamentos ambientales de la protección.

Pero políticamente el mensaje fue interpretado de otra manera.

Para las organizaciones ambientalistas, la decisión significa un retroceso en la defensa de Santurbán y abre nuevamente la posibilidad de que actividades mineras de gran escala avancen sobre un territorio considerado estratégico para el agua. El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán anunció acciones ante el Tribunal Administrativo de Santander y solicitará medidas cautelares para intentar frenar los efectos de la revocatoria.

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Santander, epicentro de la confrontación

La nueva etapa del conflicto tiene como principal escenario a Santander, especialmente los municipios de California y Vetas, en la provincia de Soto Norte.

Allí la discusión tiene una dimensión diferente a la que se observa en Bucaramanga. Mientras organizaciones ambientalistas defienden la protección integral del ecosistema, habitantes de las zonas mineras sostienen que las decisiones tomadas desde Bogotá no pueden desconocer las actividades económicas que históricamente han sostenido a sus familias.

Ese es uno de los elementos que hace más compleja la discusión.

En la firmatón que concluyó la semana pasada, las comunidades paramunas reunieron más de cincuenta mil firmas, que respaldan la solicitud de medidas cautelares  que se radicaron ante el Tribunal Administrativo de Santander. “El agua de más de 2 millones de personas no se negocia. La ciudadanía habló y el mensaje es muy claro”, afirmaron voceros del Comité Santurbán.

Entre las medidas solicitadas está el pedido a la justicia de frenar de inmediato el proyecto de Aris Mining y ordenarle al Gobierno Nacional detener la desprotección y asumir medidas reales de conservación de Santurbán. 

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“La ciudadanía unida ya actuó. Ahora la justicia debe responder. Santurbán no se toca”, puntualizaron.
Santurbán no es solamente una confrontación entre ambientalistas y empresas mineras. También involucra a campesinos, pequeños mineros, comerciantes y habitantes que reclaman el derecho a permanecer en sus territorios y desarrollar actividades productivas.

El Gobierno de De la Espriella ha utilizado precisamente el argumento de la participación para justificar la reapertura del proceso. El Ministerio de Ambiente sostiene que ahora se realizará una nueva evaluación técnica y jurídica y que las comunidades tendrán nuevamente participación en la discusión.

Norte de Santander mira hacia la montaña

En Norte de Santander el debate tiene una particularidad: Santurbán no se observa únicamente como un territorio ambiental que debe conservarse, sino como una fuente estratégica de agua.

El complejo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín es compartido por Santander y Norte de Santander. Por eso, las decisiones que se adopten en el territorio santandereano tienen una dimensión regional.

Para Cúcuta y otros municipios nortesantandereanos, la discusión sobre la protección de los ecosistemas de alta montaña está relacionada con la seguridad hídrica de sus habitantes.

De allí que las organizaciones ambientales de Norte de Santander hayan mantenido una posición de defensa del páramo y de sus fuentes hídricas. La preocupación no se limita a las 1.499 hectáreas de La Baja: el interrogante de fondo es cuál será el modelo de protección que finalmente se aplicará a todo el sistema.

La pregunta que vuelve a aparecer es sencilla: ¿hasta dónde puede avanzar la minería sin comprometer los ecosistemas que regulan y producen el agua que consume la región?
 

El conflicto vuelve a los tribunales y a las calles

La disputa entra ahora en una fase en la que la movilización ciudadana y la batalla jurídica avanzarán paralelamente.

Los ambientalistas preparan nuevas acciones judiciales y mantienen la presión política contra el Gobierno. En Santander, el debate también se mantiene activo entre quienes defienden la protección ambiental y quienes respaldan la revisión de las restricciones que afectan a las comunidades mineras.

El escenario, por tanto, está lejos de resolverse.

La delimitación del páramo y la protección de las áreas que se encuentran por fuera de sus límites continúan siendo asuntos sensibles. El Gobierno Petro había presentado la delimitación progresiva de Santurbán-Berlín como una respuesta a las obligaciones derivadas de la Sentencia T-361 de 2017.

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Ahora, el Gobierno de De la Espriella plantea rehacer parte del proceso bajo nuevos criterios de participación, soporte técnico y seguridad jurídica.

Dos departamentos, una misma preocupación

La discusión tiene dos caras.  En Santander, comunidades de municipios como California y Vetas reclaman que la protección ambiental no termine convirtiéndose en una prohibición para vivir y trabajar en el territorio.
En Norte de Santander, el principal temor es que una flexibilización de las medidas ambientales termine afectando un ecosistema cuya importancia trasciende las fronteras departamentales.

En ambos casos existe una preocupación común: qué futuro tendrá Santurbán y quién tomará las decisiones sobre su territorio.

El nuevo Gobierno tendrá que demostrar que la reapertura del proceso no significa simplemente reducir las restricciones ambientales, sino construir una decisión legítima con participación de las comunidades, evidencia científica y seguridad jurídica.

Mientras tanto, el movimiento ambientalista ya anunció que continuará la defensa del páramo en los tribunales y en las calles.

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Santurbán vuelve así a convertirse en uno de los principales conflictos ambientales de la región.

Y esta vez el debate no se limita a decidir si se permite o no la minería. La discusión de fondo es qué vale más para Santander y Norte de Santander: la explotación económica de un territorio estratégico o la protección de las fuentes de agua que sostienen a millones de personas.

La respuesta, por ahora, sigue pendiente.

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