José Tarcisio Celis Rincón, quien fuera alcalde de Gramalote entre  2016 y 2019, se pronunció frente a los señalamientos de veedores quienes manifestaron que fue durante su administración que los damnificados por la destrucción del pueblo fueron forzados a firmar los títulos de propiedad de las viviendas que todavía  no han sido construidas. 

Celis indicó, mediante un escrito, que si bien es cierto estuvo en la Alcaldía en ese periodo, no era de su competencia la construcción ni entrega de las casas, puesto que se trataba de una tarea del Gobierno Nacional por intermedio del Fondo Adaptación.

Expresó que la expedición de títulos está en cabeza de la Superintendencia de Notariado y Registro a través de los notarios y que para la entrega de las viviendas en el nuevo casco urbano debía celebrarse una permuta.

Este contrato -dijo el exalcalde- tenía que previamente ser aceptado entre las partes (Fondo Adaptación y damnificado propietario del lote en el antiguo casco urbano) y se protocolizaba mediante escritura pública ante la Notaría única del Círculo de Gramalote “quien da fe del acto contractual”.

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Además, indicó que la Notaría transfería el título del lote (del antiguo casco urbano) al municipio de Gramalote, el cual quedaba sujeto a la entrega una vez el damnificado (propietario) recibía la vivienda en el lugar donde se levantó después de su destrucción en diciembre de 2010 por una falla geológica. 

De esto, manifestó, se hacía un acta conforme a los requisitos exigidos por el Fondo de Adaptación, como era entre otros la demolición de la vivienda que existiera en el antiguo casco urbano para posteriormente el municipio transferirla a Corponor, “circunstancia que no se ha dado por carencia de materia”.

También expresó que en ese protocolo debía estar implícita la voluntad de las partes del contrato, es decir del Fondo Adaptación y el damnificado. “La administración municipal por competencia legal no interviene en ese proceso”, dijo.

Firmaban o no le daban la casa

El personero Marcos Peñaranda, señaló que aunque desconoce los argumentos jurídicos que sustentan la firma de escrituras de unas viviendas no construidas, aseguró que no es menos cierto que esos documentos fueron protocolizados por el entonces alcalde. Ver facsímil 

La madre y hermana de Peñaranda  forman parte de esa lista de personas que confiando en la buena fe de las entidades firmaron títulos de propiedad y puede dar testimonio que en el caso de la primera, lo hizo por temor a perder el derecho a que el Estado le construyera su casa. 

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En particular, el personero  comentó que la asesora de una entidad que tenía un contrato adjudicado por el Fondo Adaptación le dijo a su madre que si no firmaba no le entregaban la vivienda.

En ese momento, Peñaranda pidió que se lo comunicaran por escrito en un documento oficial, pero, como era de esperar, no lo hicieron. “Cuando le dicen eso a mi mamá casi le da un infarto y esto creo que ocurrió con muchas familias”, dijo el funcionario.

Marcos Peñaranda cree que por la premura del caso, en vista de que ya se iba a liquidar el contrato, hubo familias que decidieron firmar esas escrituras de manera voluntaria. 

“Paso seguido, se hace la escritura, se protocoliza y se lleva Instrumentos Públicos. A partir de ahí, empieza a generar el pago de impuesto predial que a fecha de hoy, casi cinco años, muchos de ellos acumulan deudas por un millón, un millón trescientos, hasta dos millones de pesos de impuesto por una casa que no existe”, declaró. 

El personero expresó que si bien las escrituras son un acuerdo de voluntades, aún no han podido entender porque el señor alcalde, el líder de ese macro proyecto y el Fondo Adaptación firmó esas escrituras. “Yo tengo las escrituras de mi mamá y mi hermana tiene las tuyas y están firmadas por ellos, entre otros”, dijo.

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