El Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta les ordenó a diferentes autoridades de salud de Norte de Santander que tomen medidas inmediatas para proteger la salud sexual y reproductiva de las mujeres del departamento, incluido el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Lo anterior, luego de que la organización internacional Women’s Link Worldwide interpusiera una acción popular y solicitara medidas cautelares para que las mujeres de la región puedan acceder a servicios de salud vitales como la atención materno infantil, la interrupción voluntaria del embarazo y la atención a víctimas de violencia sexual.
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Según la organización, entre enero y septiembre de 2020 hubo un incremento del 16 % en denuncias de violencia sexual en la población migrante, principalmente en mujeres y niñas, en donde Norte de Santander es el segundo departamento con mayor número de casos reportados.
En su decisión, el juzgado afirma que la acción popular presentada por la organización evidencia que las mujeres del departamento no cuentan con la información suficiente para acceder a estos servicios, ni han recibido soluciones eficaces y pertinentes por parte de las autoridades de salud, “lo cual se convierte en un problema de salud pública, en cuanto afecta a una población numerosa, que requiere soluciones estructurales”.
La organización señala que faltan controles prenatales y atención post parto, en especial para las mujeres migrantes venezolanas.
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En la decisión, el juzgado le ordenó al Instituto Departamental de Salud y a la Secretaría Municipal de Salud de Cúcuta, presentar de manera inmediata, informes en los que consten las actividades que están haciendo para difundir información y garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, sin importar la condición, nacionalidad o estatus migratorio de las mujeres.
Y, en caso de estar incumpliendo con la normativa vigente, como el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la adecuada aplicación del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, o la prestación de servicios de salud maternoinfantil, en especial en la frontera colombo-venezolana.
“Decisiones como la de este juzgado de Norte de Santander mandan un claro mensaje a la Corte Constitucional y a otros jueces y juezas del país, pues muestran la necesidad de eliminar las barreras que aún siguen enfrentando las mujeres en las regiones para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, en especial la interrupción voluntaria del embarazo, y de tratar estos asuntos como lo que son: asuntos de salud pública”, aseguró Lucía Hernández, abogada de la organización.
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