De ocho a 15 años de cárcel, más una multa, es la pena que contempla actualmente el Código Penal Colombiano por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, un delito que viene en alza en Colombia y Norte de Santander ante el recrudecimiento del conflicto armado, pero también como consecuencia de las nuevas dinámicas delictivas que se han creado en los centros urbanos.
En este contexto se llevó a cabo el panel “Cruzada contra el Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes para la comisión de delitos”, organizado por la Policía Nacional, y que también contó con la participación de representantes de la Fiscalía General, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, la sala penal del tribunal superior del distrito judicial de Cúcuta y la organización no gubernamental Antitrafiking Bouro, ATB.
Conozca: Mintrabajo ordena cierre preventivo de la Alcaldía de Chinácota por fallas
Durante la actividad, uno de los aspectos abordados por los panelistas fue justamente si estaban de acuerdo con el castigo establecido en la legislación colombiana contra este flagelo o si consideraban la necesidad de aumentarlo.
Ariacna Lara, delegada de la Fiscalía General de la Nación en Norte de Santander, señaló que aunque no era contraria a la justicia restaurativa, sí veía pertinente un aumento de la pena.
Señaló que incrementar el castigo actuaría como agente disuasivo en las personas que están vinculadas a este delito. “Al dimensionar la consecuencia podrían optar por no continuar o repetir, constituyendo un ejemplo para quienes decidan ir a ser parte de esos grupos armados organizados y se atrevan a reclutar estos menores de edad”, dijo.
Lea más: Conozca la herramienta para resolver choques simples en menos de 15 minutos
Justicia restaurativa
Una posición distinta manifestaron los representantes de la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familia, Icbf, y la propia Policía, al considerar que un incremento de la pena no necesariamente se traduciría en la reducción del delito, pero además que podría poner en riesgo a los menores que siguen en poder de los reclutadores.
“Desde la perspectiva de los derechos humanos le apostamos más a la prevención y a la justicia restaurativa”, dijo Jeiny Villamizar, representante de la Defensoría del Pueblo para la Infancia, la Juventud y Vejez, y aseguró que no está comprobado que la acción punitiva cambie el comportamiento de la persona.
Señaló que la prioridad es que los niños reclutados puedan retornar a sus casas o que el actor armado tenga la voluntad de entregarlos, en ese sentido sostuvo un aumento de la pena de prisión puede tener el efecto contrario; desde su punto de vista, la cuestión sería “cómo hacer para que disminuya o mengüe un poco el tema del reclutamiento y la instrumentalización”.
Entérese: Así avanzan las obras de mejoramiento vial para los pueblos de Occidente
Desde la organización no gubernamental ATB, señalaron que si no existe el componente activo de la responsabilización real, la pena no disminuye el factor criminal en la sociedad, por lo que aumentar el tiempo en prisión resultaría inocuo.
Gerardo Colmenares, del Icbf, apoyó las acciones de tipo preventivo y educativo en torno a este delito, considerando también que una acción punitiva más fuerte puede entorpecer la entrega de menores por parte de los agentes reclutadores.
23 casos de reclutamiento
Sobre la actualidad del delito de reclutamiento en Norte de Santander, desde la Defensoría del Pueblo manejan 23 casos en lo que va de 2024, como consecuencia del conflicto armado.
10 de estos corresponden a amenazas de reclutamiento, que implicaron la activación de la ruta de prevención en unos, que implicó sacar a los niños de esos territorios de riesgo, y la salida por cuenta propia de las familias, lo que constituye otro delito contra el Derecho Internacional Humanitario, como el desplazamiento forzoso.
Los otros 13 casos fueron de niños y niñas que estuvieron vinculados a un grupo armado organizado, y provienen de los municipios de Tibú, Convención, El Tarra, El Zulia, Lourdes, Santiago y Cúcuta, según datos de la Defensoría.
En cuanto a la población más vulnerable frente a este flagelo, la representante de la Defensoría señaló que eran los niños migrantes los de mayor riesgo frente a los colombianos y al respecto han emitido hasta tres alertas tempranas que advierten sobre esta situación en los últimos tres años.
De acuerdo con los registros de ese organismo, entre 2021 y 2022 hubo nueve casos de riesgo de reclutamiento, mientras que en 2023 hubo nueve casos de reclutamiento, cinco de niños colombianos y cuatro venezolanos, de los cuales cinco fueron recuperados por la intervención de sus familiares.
La tendencia es al alza
Desde los organismos oficiales como la Policía Nacional, así como de la organización no gubernamental ATB, saben que las cifras oficiales no son las reales, sino que existe un subregistro mucho mayor y preocupante, por lo que son enfáticos en su llamado a los ciudadanos para que denuncien.
“Lamentablemente los números son basados en denuncias y procesos de restablecimiento de derechos de los niños, pero la tendencia es al alza en estos fenómenos, no solo por cuenta de los grupos armados, sino de las bandas criminales en las ciudades”, dijo el representante de la ONG.
Con el fin de desnudar las cifras reales y visualizar la magnitud de este delito se lanzó la cruzada contra el reclutamiento, para propiciar un espacio que permita incentivar la denuncia por parte de los afectados, así como generar y mejorar las rutas de atención y canales de prevención desde las entidades correspondientes.
Pero generar esos espacios pasa también por la recuperación de la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos, y al respecto los participantes en el panel hicieron acto de contrición, comprometiéndose a corregir las fallas que han llevado a las personas a alejarse de la institucionalidad y quedar en una especie de desamparo, luchando en soledad contra este delito.
Que la respuesta del Estado sea efectiva, que haya empatía por parte de los funcionarios de las instituciones, que no se incurra en la revictimización, “es la única manera de recuperar la confianza de las comunidades”, dijo la representante de la Fiscalía.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
