La Procuraduría General denunció que una presunta situación de acaparamiento de ayudas humanitarias se estaría registrando en la ciudad de Ocaña, donde a corte del 29 de enero y de acuerdo con el último balance del Puesto de Mando Unificado de la gobernación de Norte de Santander, habían 10.285 personas desplazadas.

Javier Sarmiento, procurador delegado para hacer seguimiento al Acuerdo de Paz, señaló que “hay ayudas acumuladas y abarrotadas en la estación de bomberos de Ocaña”, y que esos mercados están siendo fraccionados.

“Es muy preocupante que viendo esta situación humanitaria, que es evidente en los ocho albergues, pues no se estén suministrando (las ayudas), y que se estén fraccionando algunos mercados que lógicamente tienen unos destinatarios previstos en la ley”, afirmó el funcionario.

La Opinión conversó con Fredy  Arengas, secretario de gobierno de Ocaña, reconoció que sí hay un alimento almacenado en el cuerpo de Bomberos, pero que en ningún momento se trata de un acaparamiento o mal manejo de la ayuda humanitaria.

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“Hemos dispuesto de tres bodegas para la selección y organización de los kits de alimentos para poder entregarlos y cumplir con las familias; y Bomberos es uno de esos sitios de almacenamiento”, dijo el funcionario.

Señaló que en el caso de los kits que ya vienen listos, como los de la Unidad para las Víctimas, se entregan previo cruce con el censo de las familias que llegaron, para evitar colados.

“La entidad territorial hace todo el esfuerzo para poder realizar las entregas a la población lo más rápido posible”, añadió.

No obstante, Arengas indicó que efectivamente hay una parte de esas ayudas o alimentos que quedan almacenadas, “para poder alimentar a las 913 personas que, al día de hoy (ayer) están en alojamientos temporales”, dijo.

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“Si al realizar una visita (la  Procuraduría General) encuentran alimentos, estos van a estar siempre para la entrega por vereda, donde se hacen las ollas comunitarias diariamente, que es la forma como sostenemos las 13 cocinas y estamos suministrando las comidas a las familias que se encuentran tanto en alojamientos como en hogares de acogida en los barrios”, expuso Arengas.

Preocupación por minas antipersonas

Por otra parte, el procurador delegado llamó la atención por los riesgos a los que se enfrentan los desplazados que estén considerando la posibilidad de retornar a sus territorios, pues asegura que las condiciones de seguridad todavía no están dispuestas.

“Desde el Ministerio Público consideramos que es muy prematuro hablar de retorno, sobre todo por la gran cantidad de minas antipersonales, hay que recordar que el Catatumbo que históricamente ha estado afectado por esta situación, y no se ha podido realizar ni desminado militar ni desminado humanitario”, dijo Sarmiento.

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Señaló que en la hipótesis de un retorno lo que hay que hacer es comenzar a educar a las personas sobre el riesgo de minas, y para eso pide la colaboración de las autoridades y responsables de la materia, esto a los fines de que las más de 50.000 personas desplazadas estén conscientes de los riesgos y cómo evitar que puedan caer en estas minas.

Asimismo, que la dificultad viene dada por la suspensión desde hace tiempo del desminado humanitario, consecuencia de los problemas de seguridad y orden público.

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