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Se inició la formalización laboral para madres comunitarias en Norte de Santander
En Norte de Santander, 128 madres comunitarias ya fueron incluidas en el listado aprobado el 31 de octubre para recibir el bono pensional.
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Deicy Sifontes
Deicy Sifontes
Sábado, 30 de Noviembre de 2024

En línea con los compromisos establecidos en el artículo 137 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Gobierno nacional dio un paso significativo hacia la formalización laboral de 2.353 madres comunitarias en 141 municipios de 19 departamentos del país, entre esos, Norte de Santander.


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Un avance que incluye a quienes trabajan en los servicios de Hogares Comunitarios de Bienestar, una labor esencial para el cuidado y desarrollo de la primera infancia en el país.

El proceso de formalización será progresivo y gradual, tal como lo establece la normativa que involucra al Ministerio del Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), precisando que esta decisión marca un hito en la dignificación del trabajo de miles de madres comunitarias, reconociendo su papel fundamental en el sistema de atención a la niñez en Colombia.

El Gobierno nacional dio a conocer que la formalización se llevará a cabo mediante la creación de una planta temporal en el ICBF, sin afectar la reforma laboral en curso en el Congreso de la República. 

Astrid Cáceres, directora del ICBF, destacó que la ampliación de la planta de personal refleja el compromiso estatal con la atención integral a la infancia. 


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“Reconocemos la labor de las madres comunitarias, quienes desempeñan un papel crucial en el desarrollo de las niñas y niños del país, y fortalecemos el sistema de atención a la niñez”, señaló.

Actualmente, según el ICBF, 40.469 mujeres y 109 hombres trabajan como madres y padres comunitarios en 933 municipios del país, atendiendo a 454.531 niñas, niños y adolescentes, grupo que ha demostrado su compromiso con la profesionalización, pues cerca de 28.000 madres comunitarias que se han graduado como tecnólogas en distintas disciplinas a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La decisión gubernamental no solo busca garantizar estabilidad laboral a este sector, sino también reconocer el impacto positivo que han tenido en el desarrollo integral de la primera infancia y es que las madres comunitarias han desempeñado un rol clave en las comunidades, especialmente en zonas rurales y vulnerables, donde los Hogares Comunitarios de Bienestar han sido esenciales para el desarrollo educativo y social de miles de niñas y niños.


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Madres comunitarias se encuentran a la espera del pago de sus sueldos.

 

Panorama regional 

Blanca Albarracín, presidenta de los Hogares Comunitarios del ICBF en Norte de Santander (Sindimaco), aseguró que, en esta primera etapa, Norte de Santander no fue incluido. Sin embargo, desde la entidad señalaron que el departamento sí será beneficiado, por lo que se está a la espera de que confirmen dicha información. 


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Albarracín señaló que han venido adelantando mesas de diálogo con el Gobierno nacional y el ICBF, pues este proyecto de formalización laboral es apenas un plan piloto, pero la meta es lograr que todas las madres comunitarias ingresen a la nómina de planta. 

“Actualmente, las madres comunitarias de Norte de Santander se encuentran bajo contratos por prestación de servicios (OPS), pero logramos asegurar la firma de un contrato por un año, con inicio el 21 de diciembre de 2024 y vigencia hasta el 21 de diciembre de 2025”, mencionó Albarracín. 

La representante de las madres comunitarias aseguró que, aunque habían solicitado contratos por 18 meses, esta propuesta aún está en espera de aprobación por parte del Ministerio de Hacienda, para la aprobación de recursos. 

En este sentido, manifestó que la transición hacia la nómina de planta significaría estabilidad laboral para las madres comunitarias, garantizando beneficios laborales completos y permanencia en sus cargos. 


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“Esto eliminaría la incertidumbre que genera trabajar bajo la modalidad de OPS y nos darían las mismas prestaciones que cualquier funcionario del Estado”, explicó la dirigente sindical.

Albarracín destacó otro avance significativo que lograron este año, con la implementación del bono pensional, un beneficio que busca apoyar a las madres comunitarias mayores de edad y con más de 30 años de servicio. Según explicó, este bono equivale al 95% del salario mínimo legal vigente, lo que representa un ingreso mensual aproximado de $1.300.000 para quienes se jubilen bajo este esquema.

Señaló que en Norte de Santander, 128 madres comunitarias ya fueron incluidas en el listado aprobado el 31 de octubre para recibir este bono. 

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