El Ejército ordenó este martes el retiro de seis oficiales, cuatro suboficiales y ocho soldados profesionales involucrados en las amenazas y agresiones contra pobladores de la vereda Bocas de Manso, jurisdicción de Tierralta (Córdoba).
La determinación también alcanzó a 13 soldados profesionales que, pese a no haber participado en los hechos pero relacionados con el mismo pelotón, fueron retirados de zonas de combate y enviados a cumplir "labores administrativas y servicios de régimen interno", mientras se adelantan las investigaciones.
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Mientras que el oficial comandante de la compañía involucrada en los hechos seguirá en incapacidad médica, pero "vinculado a las investigaciones que cursan por estos hechos".
El Ejército dijo que la determinación se tomó basada en la inspección realizada por la institución y en los hechos plasmados en los videos que circularon en redes sociales, donde se vio a los militares hacerse pasar por disidentes de las FARC para intimidar a los pobladores.
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"Lo registrado en los videos y los resultados de la inspección determinaron que los procedimientos efectuados fueron totalmente contrarios al actuar institucional, transgrediendo las normas, las leyes y la doctrina militar, al realizar actos inapropiados en contra de la población civil, emplear prendas no autorizadas, cubrirse el rostro, usar inadecuadamente las armas de la República; entre otros aspectos tácticos militares", argumentó el Ejército.
A raíz de lo sucedido, los altos mandos militares ampliaron su abanico de posibilidades para "fortalecer el aprendizaje" en todas sus estructuras de formación y capacitación para "evitar estos comportamientos individuales, que se apartan de las políticas y lineamientos institucionales, que han sido recabados de manera constante en los diferentes programas radiales que se difunden a todos los niveles del mando".
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La Fiscalía General, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar adelantan investigaciones sobre lo ocurrido, incluso se indaga sobre el ataque perpetrado contra un helicóptero en el que se trasladaban funcionarios de varios organismos al sitio donde ocurrieron los hechos para indagar sobre lo ocurrido.
La Fiscalía investiga eventuales delitos contra los derechos humanos, una denuncia sobre agresión sexual y el ataque a la aeronave, mientras que la Procuraduría emprendió indagaciones en el terreno de lo disciplinario.
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