Al menos seis soldados del ejército colombiano murieron este martes a manos de disidentes de las Farc, en la peor arremetida de los rebeldes desde que expresaran la voluntad de negociar su desarme, informó el gobierno.
Los militares fueron atacados con granadas, artefactos explosivos improvisados y ráfagas de fusil en una zona rural del municipio de Buenos Aires (suroeste), departamento de Cauca, según un boletín del ejército, que da cuenta de seis uniformados "asesinados".
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"Han perdido la vida varios soldados (..) Todos entre 18 y 20 años", detalló más tarde el presidente, Gustavo Petro, al término de un consejo extraordinario de seguridad en Bogotá.
"La operación que hicieron es de infiltración. Premeditadamente se buscó el ataque, se planificó por parte de la columna Jaime Martínez" uno de los grupos que se apartó del acuerdo de paz al que se acogieron la mayoría de los exguerrilleros de las Farc en 2016, agregó el mandatario.
Otros tres soldados murieron en combates la semana pasada en el municipio de Argelia, cerca de Buenos Aires, también a manos de disidentes. Ambos ataques fueron "concomitantes el uno del otro", precisó Petro.
Desde que asumió el poder el 7 agosto, Petro y sus delegados se han reunido con jefes de las dos principales facciones de disidentes de las Facr con miras a eventuales negociaciones de paz.
El Frente Primero, o Estado Mayor Central -que agrupa a la mayor parte de los combatientes, incluida la columna Jaime Martínez-, anunció en septiembre que iba a reducir los ataques contra la fuerza pública para propiciar un alto al fuego bilateral.
"La posición militar no cesa mientras no haya realmente una voluntad de negociación" por parte de las disidencias, aseguró Petro este martes y anticipó una "reacción" al ataque contra la fuerza pública.
- Acercamientos entre balas -
El primer presidente de izquierda en la historia de Colombia aspira a desactivar medio siglo de conflicto armado con una nueva política de "paz total" que incluye negociaciones y sometimiento a la justicia de las organizaciones alzadas en armas.
Petro reiteró este martes que "la posibilidad de diálogos hoy no está circunscrita al cese de las operaciones militares".
En junio el ejército abatió a Leider Noscue, alias Mayimbú, quien comandaba la columna Jaime Martínez y fue homenajeado en noviembre por cientos pobladores del Cauca y decenas de rebeldes en unas exequias colosales.
Sin un mando unificado, estos grupos suman unos 5.200 miembros repartidos en diferentes regiones del país, de acuerdo al centro de estudios Indepaz, y se financian principalmente del tráfico de droga.
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Según Petro, la violencia en el Cauca "tiene que ver con rutas de narcotráfico y otros (negocios ilegales) que utilizan el área difícil del Naya", un corredor selvático que conecta los inmensos sembradíos de hoja de coca en las montañas del departamento con el Océano Pacífico, donde los narcos embarcan cargamentos rumbo a México y Centroamérica.
Tras décadas de fracasada lucha antidrogas, Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína, el motor de la violencia que deja más de nueve millones de víctimas en el prolongado conflicto.
Además, la fuerza pública está desplegada en las regiones del Putumayo y Arauca, en las fronteras con Ecuador y Venezuela respectivamente, "donde también se están enfrentando conflictividades" con disidentes, informó el gobierno.
Tras el acuerdo de paz con el grueso de las Farc, facciones detractoras del pacto siguieron en armas y aprovecharon que el Estado no copó efectivamente sus regiones de influencia donde hoy se trenzaron en disputas con otras organizaciones por la producción y tráfico de cocaína.
Las disidencias hoy hacen hace parte de la amalgama de grupos armados con los que Petro quiere dialogar para lograr su desarme en el marco de su política de "paz total".
El Ejército de Liberación Nacional (Eln), la última guerrilla reconocida del país, negocia en este momento con delegados del gobierno en Venezuela.
Dos bandas urbanas de Buenaventura, el principal puerto de Colombia en el océano Pacífico, adelantan diálogos con el gobierno para desescalar la violencia.
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