Un alto porcentaje de transportes piratas con destino a los municipios de frontera, Bolívar y Pedro María Ureña, situados en los alrededores del Terminal de San Cristóbal, mantienen en jaque a los transportistas legalmente establecidos dentro del puerto terrestre.
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Los carritos por puestos sin ningún tipo de legalización ofertan pasajes con un precio por debajo del que tienen establecidas las líneas organizadas, ocasionando una baja afluencia de pasajeros dentro de la terminal y arriesgando la vida de las personas, al no estar sometidos a los controles del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.
Freddy Solano, representante del gremio de transportistas de las líneas de la frontera, refutó las declaraciones del alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, en las que indicó que la piratería ha disminuido en un 95 %.
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Solano aseguró que desde que asumió la nueva administración municipal no han notado cambios con relación al transporte ilegal, puesto que el índice de transportes ilegales se estima en un 70 %.
"No sabemos en qué parte está sucediendo eso", señaló Solano. Y afirmó que, aunque las autoridades nuevas sí están haciendo un esfuerzo por disminuir la piratería, la irregularidad cada día se acrecienta más.
7.000 empleos afectados
Wilmer Pérez, gerente de una de las líneas de autobuses, denunció que la piratería se está institucionalizando en San Antonio, específicamente en la Avenida Venezuela, en vista de que las líneas son obligadas recoger pasajeros solo dentro del terminal de la localidad, pero los piratas cargan en cualquier calle.
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"Esto perjudica directamente a más de 7.000 familias que dependen de empleos directos, que nosotros como bloque de transporte estamos sirviendo, impacta también en la parte económica de la frontera", destacó Pérez.
Relató que el pasado fin de semana no pudieron llenar ni una buseta dentro del Terminal de San Antonio, debido a que los transportistas ilegales cazan a las personas en la entrada del Puente Internacional Simón Bolívar; mientras que los transportistas legales están acorralados dentro del terminal.
José Nieto, conductor de una línea de transporte, recalcó que la piratería afecta tanto a los dueños de las unidades como a los operadores, porque no logran recaudar los recursos suficientes para sufragar los gastos diarios.
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"Son las autoridades, con mano severa, dura y fuerza, las que deben aplicar lo que se tienen que aplicar, como nos exigen a nosotros. Nosotros sí tenemos que pagar los impuestos y garantizamos seguridad a los pasajeros", añadió Nieto.
La situación que viven los transportistas se agudiza por la escasez de gasolina y gasoil, en vista de que tienen limitado el expendio de combustibles, las flotas se dividen a lo largo de cada semana para acudir a las estaciones de servicio, pero en algunos días no llega el hidrocarburo.
Adicionalmente, los precios de los insumos que requieren para el mantenimiento de los autobuses y carros por puesto son fijados en dólares impactando en el bolsillo de las empresas transportistas.
Aunado a ello, los transportistas expusieron que más de 2.600 puntos de la Troncal 1 que conduce a la zona de frontera están afectados por huecos en la carretera, por ende, piden a las autoridades nacionales mejorar la vialidad, antes de que se acerque el período lluvioso.
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"La vía hacia San Antonio requiere reparación inmediata, está extremadamente mala y los carros sufren mucho", dijo el conductor José Nieto.
Por su parte, el alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano dijo que se han erradicado en un 95% las unidades que trabajan sin ningún tipo de permisología o inspección por parte del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, lo cual ha contribuido en el incremento de la seguridad en las instalaciones del Terminal de Pasajeros de la capital del Táchira.
Los carritos por puestos y los autobuses que partían del terminal de San Cristóbal con destino a la frontera realizaban la ruta directo al terminal de Cúcuta, pero tras el cierre de frontera implementado en el año 2015, solo pueden dejar a los pasajeros en la población fronteriza de San Antonio, por ello guardan la esperanza de que la ruta sea retomada a lo largo de este 2022, a fin de contrarrestar la ilegalidad a la que se enfrentan.
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