“Le exijo que reconsidere la decisión de no abrir la frontera para las condiciones de canales humanitarios y para la activación de la economía formal”, le dijo la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez a Nicolás Maduro, luego que el mandatario venezolano se negara a la reapertura fronteriza, argumentando que “la apertura unilateral de la frontera con Colombia esconde un plan para infectar a Venezuela”.
Sobre este hecho, Gómez recordó que hoy en el Hospital Central de San Cristóbal hay casos de contagios COVID procedentes del estado Aragua, del Distrito Capital, de Apure y Barinas, aunque no desestimó los incrementos de contagio en el territorio fronterizo.
Señaló que la necesidad de un canal humanitario para que se habiliten los puentes, partiendo de la voluntad política del gobierno colombiano, que manifestó su decisión expresa de abrir la frontera, no puede desestimarse, y calificó la decisión de Maduro como “un atentado contra la condición humanitaria de los tachirenses y los venezolanos que deben utilizar los puentes”.
La gobernadora recordó que, en los últimos 15 días del mes de abril y en las primeras dos semanas de mayo, más de ocho personas fallecieron arrastradas por las aguas del río Táchira al intentar cruzar la frontera.
Fuente de recursos
Para Gómez, la apertura fronteriza es una fuente de ingresos que generaría recursos para poder intervenir en los hospitales en medio de la pandemia, habilitar las escuelas para el inicio de las clases presenciales a partir de septiembre, así como para atender las necesidades de servicios públicos “que hoy no funcionan en el estado Táchira porque no envían recursos a la gobernación del estado".
Apuntó como una obligación gubernamental, escuchar “el clamor de un pueblo fronterizo que anhela por condiciones humanitarias y por la necesidad de la activación económica en el estado Táchira mediante la habilitación de los puentes internacionales en la frontera".
El paso de personas y mercancías de forma fluida en la frontera entre Táchira y Norte de Santander se cerró en el mes de agosto del año 2015, por una decisión unilateral del gobierno venezolano.
“Tenemos más de seis años con la frontera cerrada y desde un año incluso cesaron los canales humanitarios, a razón de la pandemia”, precisó Gómez.
El negocio de las trochas
Destacó que según Maduro “la apertura de la frontera debe ser producto de un acuerdo consensuado entre el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales de ambos países”, lo que –a su juicio- se contradice con la actuación que sobre el tema ha tenido Freddy Bernal, de quien dijo “montó una corporación de negocios ilegales en las trochas”.
“La lucha porque se habiliten los pasos fronterizos legales a través de los puentes parece vulnerar intereses individuales vinculados a los negocios en las trochas y las utilidades que generan funcionarios de diversos organismos de seguridad que hacen cobros ilegales por el paso de personas y mercancías”, sentenció Gómez.
La mandataria enfatizó que a diferencia de ocasiones anteriores, hay un componente adicional que impide la normalización del tránsito fronterizo y el conflicto armado que desde hace ya dos meses se libra en el vecino estado Apure entre el Ejército venezolano y distintas facciones de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).