En una especie de limbo jurídico se encuentran los privados de la libertad recluidos, tanto en el Centro Penitenciario de Occidente, situado en la población de Santa Ana del Táchira, como los que están bajo detención en los centros de coordinación policial. 

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La abogada Raiza Ramírez, coordinadora del Observatorio Venezolano de Prisiones Capítulo Táchira y miembro de la comisión de derechos humanos del Colegio de Abogados de Venezuela, comunicó que en la región se tiene una deuda procesal, debido a que, en el año 2020, los tribunales dejaron de laborar durante 8 meses. 

La paralización de los tribunales ocasionó un retardo procesal del 100 %, ya que solamente se hacían detenciones en flagrancia y se presentaban esos detenidos

Tras el inicio de las labores judiciales en los tribunales durante este mes de enero, formalmente se retomaron las audiencias y juicios, según explicó Ramírez. 

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"Venimos de un retardo procesal desde el 2020, por motivo de la pandemia. Luego con el 2021 con el esquema laboral 7x7, se limitó el trabajo tanto a los abogados, como en los tribunales, porque solo daban despacho una semana al mes", describió la defensora de los derechos humanos.

Procesos judiciales han tardado hasta 2 años 

Para la representante del Observatorio de Prisiones, el retardo procesal es muy grave, en vista de que, se retrasan los juicios comenzados y audiencias preliminares, mientras que hay personas que tienen posibilidad de salir con una misión de hecho en una audiencia preliminar.  

Sin embargo, los lapsos procesales se cuentan en días hábiles, por cuanto el retraso es mucho mayor, por lo que el retardo procesal se alargó hasta dos y tres meses de espera para los privados de libertad. 

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Sin bien es cierto el lapso para el Ministerio Público no se interrumpió y presentaban las acusaciones fiscales para los procesos en tribunales, entonces, "causas" que podían durar tres meses, han durado dos años, mientras que esos presos quizá tenían posibilidad de salir, quedaron atrapados allí, detalló la defensora. 

Inclusive a los que han cometido delitos graves, no se les establece con certeza su culpabilidad o no en un juicio, detalló la jurista. El Código Orgánico Procesal Penal venezolano establece que el juicio no debe durar, en teoría, más de dos años, mientras que en la Circunscripción Judicial Penal del estado Táchira hay juicios que llevan muchos años, por causa del retardo procesal penal. 

"A finales del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia había decretado en una resolución, que aun cuando hubiese 7x7, los tribunales iban a trabajar, sin embargo, esto no se cumplió a cabalidad, porque cómo hace el personal que trabaja en tribunales para llegar a sus labores habituales de trabajo si no hay transporte público, si no hay gasolina", refirió Ramírez. 

Sin vehículos ni gasolina 

Ya los últimos meses del año 2021 no se laboraba a cabalidad porque el personal de los tribunales no podía llegar. 

Por ello, los tribunales de ejecución han retrasado las decisiones, por lo que hay muchos privados de libertad que pudieran salir, tomando en cuenta que han cumplido sus penas, pero aun así no se le hacen los cómputos, en razón a que el único motivo es que el tribunal no está despachando, acusó. 

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Durante el año 2021, el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) I, duró más de tres meses sin trasladar presos a los tribunales, supuestamente, por falta de vehículo. 

"Los mismos familiares preguntaban: ¿por qué si hay traslados del CPO II y hay traslados del anexo femenino, no puede trasladar a los del I?", aseveró. 

Hambruna en las cárceles 

Las deficiencias de alimentación en la cárcel ubicada en la población de Santa Ana se mantienen, los padres y familiares de los reclusos deben acudir cada semana a llevar "paqueterías", que es la alimentación de ese día, la cual se sigue haciendo a través de la reja de entrada a la prisión, por prevenciones de la COVID-19, por lo cual son los días en que los internos comen bien. 

Raiza Ramírez denunció que la mayoría de los privados de libertad son alimentados solo con arepas y ensalada de remolacha, pasan semanas y hasta meses sin comer proteínas. 

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Recordó que a finales del 2021 se registró una fuga masiva en el Retén de Varones Menores de San Cristóbal, de donde se evadieron 14 internos. En el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) también hubo una fuga de tres privados de libertad que habían salido a recoger leña porque no había gas para cocinar la comida de los internos. 

"Entre el CPO I, II y el Anexo Femenino, hay aproximadamente 1.700 personas privadas de libertad, ¿cómo pretenden cocinar con leña para 1.700 personas?", se preguntó. 

Sumando al retardo procesal de los tribunales, los privados de libertad se encuentran en una especie de limbo jurídico, lo que se pudiera solucionar con que les dicten una condenatoria o que les den libertades a los que tienen delitos menos graves, añadió la coordinadora del Observatorio Venezolano de Prisiones en Táchira. 

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