En el expediente la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal se incluyó a Olmedo López, exdirector general de la Ungrd; Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, y Víctor Meza, exsubdirector general. Los tres tienen 10 días para presentar alegatos antes de que la Procuraduría formule cargos.

“Con la conclusión de esta etapa, la Procuraduría procederá a evaluar las pruebas que ordenó en su momento y los testimonios que se escucharon como parte del proceso, y evaluará si a partir de ello hay mérito para determinar que las presuntas actuaciones constituyen faltas disciplinarias”, afirmó el ente de control en un comunicado.

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La Procuraduría comenzó a investigar el pasado 21 de febrero, cuando precisó que, al parecer, “existe un posible direccionamiento en la selección del contratista, falta de capacidad e idoneidad de la empresa encargada de suministrar los vehículos y un posible detrimento patrimonial”. En esas fallas el mayor responsable sería Olmedo López.

Entonces, López aún era director de la Ungdr. A La Guajira habían llegado cuarenta de los 80 carrotanques que en total se habían ordenado proveer en el departamento, pero permanecían, como ahora, “inactivos” o “en proceso de preparación”, como señaló Tatiana Oñate, procuradora delegada para la Gobernanza Territorial.

Olmedo López renunció una semana después, en medio de las investigaciones anunciadas por la Procuraduría y por la Contraloría General.

La Procuraduría había adelantado una inspección en la Unidad para recaudar documentación y el pasado 4 de marzo la procuradora general, Margarita Cabello, anunció la vinculación de Sneyder Pinilla y Víctor Meza.

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Dos días después, Pinilla presentó su carta de renuncia a la entidad. Pasaron casi dos meses para que el exsubdirector se convirtiese en una pieza clave del caso, pues públicamente anunció su interés de colaborar con la justicia para develar una supuesta red de sobornos derivados del fondo que sirvió para comprar los carrotanques.

Pinilla, con la asesoría jurídica del exfiscal Luis Gustavo Moreno, busca un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, que lo investiga por presuntas irregularidades en la compra, por parte de la entidad, de los carrotanques con los que el Gobierno buscaba proveer agua en La Guajira.

Se trata de un escándalo de corrupción que podría envolver a toda la Unidad e incluso, según Pinilla, a varios políticos, entre quienes se encuentran el presidente del Senado de la República, Iván Name, del partido Alianza Verde, y el de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal.

La procuradora Cabello, el 3 de mayo, determinó la apertura de las indagaciones disciplinarias “por los presuntos actos delictivos y de corrupción que, al parecer, involucran a altas dignidades del órgano legislativo, incluidos los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, así como a otros altos funcionarios del Estado”.

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Cabello pidió, de acuerdo con la Procuraduría, un “completo recaudo probatorio para esclarecer las denuncias ventiladas de manera pública”, que hablan de millonarias coimas. En concreto, presuntamente Name recibió $3.000 millones y Calle, $1.000, como parte de un direccionamiento irregular de contratos en la Ungrd.

La adquisición de los vehículos se había concretado entre la Ungrd y la empresa Impoamericanana Roger SAS, una compañía dedicada principalmente a la exportación de abarrotes, por más de $40.000 millones. El pasado 7 de mayo la Procuraduría citó a declarar en una diligencia reservada a Luis López, el representante legal de la sociedad.

Pinilla, López y Meza cuentan con 10 días para presentar alegatos previos a la evaluación que el ente de control realice sobre su investigación.

Lo más probable es que, luego de formular cargos y definir que no existen en este caso causales de exclusión de responsabilidad, los tres sean llamados a un juicio disciplinario.

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