Las investigaciones en contra del exgobernador del Magdalena y hoy candidato presidencial, Carlos Caicedo, no son solo por presunto acoso sexual. En las últimas horas se conoció que la Fiscalía lo acusó por haber direccionado irregularmente el contrato de construcción de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas en el corregimiento de Bonda y el barrio Ciudad Equidad.
En concreto fue acusado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. De acuerdo con la investigación, tramitó y celebró el contrato 191 de 2015, por un valor de 6.954 millones de pesos y un plazo de ejecución de seis meses.
Las pruebas indican que Carlos Caicedo presuntamente pidió que fuera contratado mediante prestación de servicios un arquitecto específico para que elaborara los diseños del proyecto. Sin embargo, los productos presentados por el profesional fueron incompletos, no contemplaron paneles ni placas prefabricadas de alta densidad para aislar el calor y el ruido, entre otros aspectos.
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No obstante, el entonces alcalde recibió a satisfacción y dispuso el pago total del dinero. Adicionalmente, en el proceso de contratación no se coordinó ni concertó con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) las normas técnicas y los requerimientos de seguridad y esparcimiento exigidos para la implementación de espacios para la primera infancia.
Finalmente, la construcción de los centros de desarrollo infantil y las ludotecas fue confiada al único proponente que se presentó a la licitación. Lo que genero que se presentaran múltiples imprevistos, pues no se tuvieron en cuenta las redes y acometidas para gas natural, tampoco se gestionó la autorización para construir en un predio privado, que además no contaba con estudios de suelos y sismoresistencia.
Para superar estas y las diversas inconsistencias presentadas se realizaron 11 otrosíes y adiciones por 4.534 millones. 10 años después el contrato no ha sido liquidado y las obras fueron pagadas en 94%, sin ser entregadas en su totalidad.
En cuanto a las denuncias por presunto acoso sexual, la Corte Suprema asumuó la investigación de las denuncias. Hasta ahora, al menos cinco mujeres han entregado versiones en las que describen episodios reiterados de presunto acoso sexual. A esto se suma una denuncia penal presentada por la congresista Ingrid Aguirre, quien acusa al exmandatario de haberla sometido a un proceso de victimización política, lo que amplió el alcance del expediente.
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