La radiografía de la extorsión en el país revela que en Colombia se registra, en promedio, un caso de extorsión cada 39 minutos. Así lo revela el estudio técnico Análisis y caracterización de la extorsión en Colombia, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional muestra que: en el año 2025 se registraron 13.428 casos, frente a 9.791 en 2022, esto equivale a un aumento de, 3.637 casos más al año.

Entre 2022 y 2025, años del gobierno anterior, el delito pasó de uno cada 54 minutos a uno cada 39, y la tasa nacional subió de 18,94 a 25,23 casos por cada 100.000 habitantes. La tendencia no se ha revertido: en los primeros cuatro meses de 2026 se reportaron 3.936 casos, 8% más que en el mismo periodo de 2025 y 10,1% más en las ciudades capitales.

“Hoy se registra un caso de extorsión cada 39 minutos en Colombia. Detrás de cada cifra hay un comerciante, un transportador o una familia que paga con miedo. Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Cartagena concentran dos de cada tres casos de las capitales, y hacia allá tiene que llegar primero el Estado”, aseguró, Julián Buitrago Arango, director del DNP.

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Para Asocapitales, estos resultados hacen necesario avanzar hacia una política nacional que articule las capacidades de investigación, operación, prevención y atención a las víctimas, con responsabilidades y recursos definidos para la Nación y los territorios.

Más de la mitad de los casos se registra en las capitales

En 2025, las 32 ciudades capitales concentraron 7.291 casos, equivalentes al 54,3 % del total nacional de los hechos registrados en estas ciudades.

El comportamiento entre ciudades muestra diferencias que requieren respuestas ajustadas a cada territorio. Entre 2024 y 2025, Cartagena pasó de 197 a 382 casos, un incremento del 93,9%. También aumentaron los registros en Tunja (76,7%), Pasto (37,8%) y Sincelejo (36,6%). En contraste, Bogotá, Barranquilla y Cali reportaron reducciones del 16,1%, 17,8 % y 7,4%, respectivamente.

Estas variaciones refuerzan la importancia de contar con información territorial detallada para identificar riesgos, orientar la prevención y coordinar las intervenciones de las autoridades.

Cúcuta registró una reducción

En Cúcuta, el delito de la extorsión registró una reducción del 7,4% en 2025, al pasar de 296 casos en 2024 a 274 el año pasado, según el diagnóstico de Asocapitales y el DNP.

Sin embargo, las cifras acumuladas evidencian la magnitud de este problema en la capital de Norte de Santander. Entre 2010 y 2025, la ciudad contabilizó 2.374 casos de extorsión, de acuerdo con los registros analizados en el estudio técnico, análisis y caracterización de la extorsión en Colombia.

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La extorsión telefónica y digital

La llamada telefónica representa el 48,8% de los casos registrados en las capitales en 2025. Por su parte, las modalidades asociadas a redes sociales y tecnologías de la información y las comunicaciones alcanzan el 18,6%, frente al 7,6% registrado en 2016.

A este panorama se suma la extorsión originada desde establecimientos de reclusión. Según la estimación de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional (DIASE) recogida en el estudio, cerca del 70% de las llamadas extorsivas podrían provenir de estos espacios.

El diagnóstico también advierte sobre el subregistro: se estima que menos del 20% de los hechos reales se denuncia, lo que limita la comprensión de la magnitud del delito y exige fortalecer la confianza, los mecanismos de reporte y la protección de las víctimas.

Los alcaldes necesitan herramientas

El estudio identifica una asimetría entre las responsabilidades políticas de las autoridades locales y las competencias para enfrentar la extorsión. De 21 puntos de competencia normativa analizados, 14 corresponden al nivel nacional —el 66,7%— y solo dos son propios de las administraciones municipales.

Aunque los alcaldes son la primera autoridad de policía y reciben directamente las demandas de seguridad de la ciudadanía, capacidades determinantes como la investigación penal, la acción operativa especializada y la gestión del sistema penitenciario dependen de entidades nacionales.

Un Conpes y 27 acciones

Entre las propuestas del estudio se encuentra la formulación de un documento Conpes sobre extorsión, con especial atención a la modalidad carcelaria, metas medibles y un plan plurianual de inversión.

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El documento también presenta 27 acciones de política pública que las ciudades pueden adoptar según sus necesidades y capacidades, organizadas en tres ejes: prevención; articulación con la Fiscalía y la Policía; y atención integral a las víctimas. Se trata de opciones de intervención territorial, no de mandatos uniformes para todas las capitales.

Asimismo, plantea mejorar el acceso de los gobiernos locales a los datos, construir mapas de riesgo a escala de barrio y establecer criterios homogéneos para clasificar hechos y delitos conexos, incluidos los asociados al denominado "paseo millonario"

Con este diagnóstico, Asocapitales y el DNP aportan evidencia y alternativas de política pública para fortalecer la respuesta institucional. El propósito es que las decisiones nacionales y territoriales respondan a las distintas manifestaciones de la extorsión y permitan avanzar en la protección de las víctimas.

“El DNP pone el diagnóstico y propone el instrumento: un Conpes contra la extorsión, con metas, responsables y presupuesto. Se suma a la ofensiva del presidente Abelardo de la Espriella contra las estructuras criminales. Sin dinero y sin teléfonos desde las cárceles, la extorsión pierde su motor”, señaló, Julián Buitrago, director del DNP.

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