Si ha habido un tema espinoso en la reactivación de las relaciones entre Colombia y Venezuela es el de las expropiaciones. Aunque ambos gobiernos auguran un fuerte repunte del comercio, ese fantasma aunado a la falta de un marco jurídico no terminan de convencer a los empresarios.

Las amargas experiencias que sufrieron Éxito, Avianca, Argos y otras marcas que tuvieron que salir casi a la fuerza de Venezuela, son el oscuro antecedente. En ese sentido, las autoridades de los dos países anunciaron un Tratado para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

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El documento fue firmado el viernes, y ayer se radicó en el Congreso de la República, donde, una vez pasé, deberá ser revisado por la Corte Constitucional. Su objetivo es claro: darle tranquilidad al sector privado, que desde la reapertura a finales de septiembre pasado exportó US$175 millones a Venezuela, apenas el 1,3% de todo lo que Colombia despachó en ese lapso.

En la espina vertebral del Tratado aparecen, entre otras, las expropiaciones. “Los Estados se comprometen a no expropiar salvo por razones muy específicas como la utilidad pública y el interés general, siempre que se respete el debido proceso, se pruebe la necesidad del interés general, no haya una discriminación, y medie el pago de una indemnización previa”.

Confusión

Sobre este punto sucedió un hecho particular y es que al intentar explicarlo en su cuenta de Twitter, el ministro de Comercio, Germán Umaña, terminó sembrando más dudas. “El Acuerdo (...) establece: Expropiación y nacionalización por razones de interés o utilidad pública, necesidad o interés general. Posibilidad de compensación”.

Luego de que varias personas expresaran inquietud por el mensaje, el ministerio de Comercio aclaró que “como lo manda nuestra Constitución, en su artículo 58, el Acuerdo para la Protección de la Inversión que negociamos con Venezuela contempla la indemnización cuando haya expropiación por motivos de utilidad pública o de interés social. Así protegemos a inversionistas nacionales”.

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El pacto además establece que inversionistas que potencialmente se vean afectados puedan iniciar incluso un arbitraje internacional y, a ojos del Mincomercio, se estaría brindando una “protección sin precedentes” para los empresarios colombianos.

El énfasis en este punto no es para menos. Es que adicional a las dificultades que padecieron las empresas nacionales mencionadas, datos de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) aseguran que las acciones de expropiación por el gobierno del vecino país entre 2002 y 2012, bajo el concepto de “procesos de nacionalización”, afectaron a 1.168 firmas, varias de ellas colombianas.

Una fuente del sector logístico que prefirió no ser citada aseguró que a hoy prima la curiosidad entre los empresarios y no parece haber una apuesta decidida por llegar a Venezuela en tanto no estén las nuevas reglas del juego claras y plasmadas en un documento oficial.

Este punto es clave si se tiene en cuenta que la meta fijada es mover entre US$1.000 millones y US$2.000 millones en el intercambio comercial para este año.

En esa línea, el ministro Umaña precisó que “este acuerdo es uno de los aspectos que contribuye con ese objetivo. Con este buscamos establecer, mantener y consolidar un marco jurídico que facilite y promueva las inversiones directas transfronterizas”.

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Otros alcances

Aunado a los temas referentes a la expropiación, el acuerdo buscará promover el desarrollo sostenible, la diversificación productiva, la formación de cadenas de valor y la creación de empleo calificado, según el Ministerio.

“Igualmente, establece un trato igual entre nacionales venezolanos y colombianos, bajo la protección del estándar de trato nacional, lo cual guarda así los equilibrios entre los potenciales inversionistas extranjeros y nacionales”, complementó la cartera.

Para los investigadores económicos de Corficolombiana, al final, la cercanía geográfica de Venezuela con Colombia mejora sustancialmente los costos relacionados a los tiempos de envío de mercancías, y allí hay un factor por explotar. “Además, existe una ventaja comparativa revelada en la producción de bienes que hoy Venezuela importa en mayor magnitud desde China”, sentencian.

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