A través de un informe, la Contraloría General de la República, a través de su delegada para el Sector Justicia, ha identificado 68 hallazgos con incidencia disciplinaria en varias cárceles del país, centrados principalmente en el proceso de producción de alimentos.
De acuerdo con el órgano de control, las deficiencias detectadas afectan la calidad e inocuidad de los alimentos suministrados a los reclusos, poniendo en riesgo la salud de esta población.
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Las principales irregularidades se encontraron en las cárceles de COBOG–Picota, EPMSC Cartagena–Bolívar, COIBA Ibagué-Picaleña, EPMSC Girardot–Cundinamarca y CPAMSEB El Barne- Cómbita.
Entre los hallazgos, se detectó un presunto caso de corrupción fiscal en CPAMSEB El BARNE- COMBITA, donde no se suministraron 24,645 raciones de alimentos en diciembre de 2023, equivalentes a $382,120,725. Estas raciones no entregadas no fueron descontadas del pago, comprometiendo la seguridad alimentaria y los requerimientos nutricionales de los reclusos.
De acuerdo con la Contraloría, la falta de suministro de alimentos impactó negativamente en la salud física y mental de los reclusos, incrementando el riesgo de disturbios carcelarios debido a la insatisfacción de sus necesidades básicas, situación que también afectó al personal de custodia del Inpec.
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Asimismo, además de los problemas alimentarios, en el establecimiento CPMS Cartagena, la Contraloría encontró que se han perdido cupos en centros médicos por el no traslado oportuno de reclusos que necesitaban atención sanitaria, afectando también la eficacia del servicio de salud.
Deficiencias similares que se observaron en el abastecimiento y entrega de medicamentos en CPAMS La Dorada–Caldas, EPMSC de Buga, CPAMSEB El Barne Cómbita–Boyacá, COJAM Jamundí y EPMSC de Cali.
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Debilidades estructurales
La Contraloría advirtió que encontró tres debilidades estructurales en los componentes de alimentación, infraestructura y salud de los centros penitenciarios.
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En cuanto al componente de alimentación encontraron fallas en:
- Condiciones físicas de los ranchos y proceso de recepción de materias primas.
- Control de proveedores y condiciones de equipos y utensilios.
- Prácticas del personal manipulador de alimentos, requisitos higiénicos y saneamiento.
- Estado de cuartos fríos, sistemas de congelación y almacenamiento de materias primas.
- Control de calidad, contra muestras de alimentos, rotación de ciclos de menú y gramaje de alimentos.
- Procesos de distribución, dietas terapéuticas y falta de supervisión del servicio de alimentación.
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Respecto a la infraestructura, se identificaron deficiencias en:
- Adecuación de infraestructura según necesidades prioritarias, órdenes judiciales y presupuesto asignado.
- Cumplimiento de estándares técnicos de calidad, seguridad y habitabilidad.
- Supervisión e interventoría de la gestión contractual, especialmente en mantenimiento y construcción.
- Ejecución del presupuesto asignado debido a debilidades en la planeación y contratación.
- Funcionamiento de plantas de tratamiento de agua potable y residual sin permisos ambientales vigentes.
En el componente de salud observaron problemas en la prestación del servicio tanto intramural como extramural. Además evidenciaron espacios inadecuados para áreas de sanidad, control y seguimiento en los cupos médicos, problemas en el abastecimiento de medicamentos, insuficiencia de personal y falta de mantenimiento en equipos biomédicos y fisioterapéuticos.
Deficiencias que ponen en riesgo la salud y bienestar de las personas privadas de la libertad, así como la estabilidad y seguridad de los centros penitenciarios, por lo que la Contraloría señaló que continuará con las investigaciones pertinentes para corregir estas irregularidades y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en los establecimientos de reclusión del país.
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