Distintos sectores de la política colombiana manifestaron su preocupación ante el anunció que hizo el Gobierno en relación a la creación de un protocolo que establecería en qué casos las autoridades podrían intervenir en las universidades públicas ante hechos de violencia o vandalismo.
El presidente, Abelardo de la Espriella, anunció la noche del domingo la creación de este mecanismo con el objetivo de prevenir que se presenten hechos de violencia o destrucción de la infraestructura en medio de las protestas que se realizan en inmediaciones de las universidades públicas del país.
El anuncio causó todo tipo de opiniones divididas. Por su parte, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández aseguró que este protocolo violaría por completo la Autonomía Universitaria, un principio que ha sido protegido por todos los Gobiernos.
Reiteró que quienes deciden si las autoridades deben intervenir en sus instalaciones son los rectores de las universidades, no el Gobierno de forma arbitraria. Además, la senadora enfatizó en que esta norma es de vital importancia, pues surgió poco después de que en cierto momento de la historia del país, los gobiernos tomaran control de las universidades.
“No puede vulnerar la autonomía universitaria que tiene protección constitucional. Quienes deciden si entra la Policía o no, son los rectores. Esta protección no es un capricho; nació precisamente después de que varios gobiernos militarizaron los campus en el pasado, cobrando la vida de numerosos estudiantes. No se equivoque Abelardo. No provoque a uno de los movimientos más organizados, críticos y resistentes del país: el estudiantil”, señaló la senadora del Pacto histórico.
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En ese misma línea se manifestó la Universidad Pedagógica Nacional, institución que reiteró que la autonomía universitaria figura como un principio fundamental dentro del sistema de educación superior, protegiendo la libertad de pensamiento, la producción de saberes y el debate crítico.
La institución educativa también señaló que a lo largo de la historia de Colombia se ha evidenciado que responder ante los hechos de violencia que se puedan presentar en la universidad con militarización y represión trae graves efectos.
“Por lo anterior, cualquier intervención que limite la autonomía universitaria o pueda derivar en intervenciones de la fuerza pública que no entiendan el principio de proporcionalidad, va en contra de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la protesta pacífica y el derecho a la educación”, indicó la Universidad.
“Hacemos un llamado a que la política pública dirigida a las universidades de la nación se enfoque en el fortalecimiento integral del sistema universitario público, mediante una financiación suficiente, progresiva y sostenible que permita ampliar las oportunidades de acceso y permanencia de jóvenes y adultos”, agregó la Pedagógica.
Por otro lado, figuras como el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, aseguraron que la impunidad no puede esconderse detrás de la figura de la autonomía universitaria, por lo que la decisión del Gobierno es importante para garantizar que quienes infrinjan la ley paguen por ello.
“Pero autonomía no significa impunidad. Las universidades no están por fuera de la ley. Una cosa es proteger la libertad de cátedra y el pensamiento crítico; otra, muy distinta, es permitir la fabricación de papas explosivas o la venta de drogas. La ley debe aplicarse a todos”, afirmó Galán.
La exsenadora María Fernanda Cabal se unió a estas declaraciones reiterando que las universidades no deben convertirse en un espacio donde la violencia y el vandalismo sean los protagonistas.
“La autonomía universitaria no es patente de impunidad. La universidad es para estudiar, no para esconder vándalos, jíbaros y reclutadores. El que quiera protestar en paz, que proteste. El que quiera delinquir, que lo haga fuera y pague”, expresó Cabal.
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