La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los ataques, hostigamientos y hechos relacionados con explosivos registrados entre el 7 y el 8 de agosto en varios departamentos de Colombia, con especial intensidad en Cauca y Nariño, y llamó al nuevo Gobierno a fortalecer las medidas de prevención y protección para las comunidades afectadas.
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Según el organismo, además de los hechos reportados en Cauca y Nariño, se registraron otros acontecimientos en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.
La Defensoría señaló que varios de estos episodios ocurrieron en zonas habitadas o cerca de viviendas, establecimientos comerciales y vías utilizadas por las comunidades, lo que aumenta los riesgos para la población civil.
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Aunque las circunstancias y los responsables de varios de los hechos aún son materia de verificación, la entidad advirtió que en un periodo corto se han presentado ataques con armas de fuego, drones y explosivos contra instalaciones, vías y otros puntos estratégicos.
Sin embargo, precisó que la información disponible no permite establecer, por ahora, que se trate de una acción coordinada a nivel nacional.
La Defensoría también llamó la atención sobre el impacto que estos hechos pueden generar en la vida cotidiana de las comunidades, debido a afectaciones a civiles y restricciones en la movilidad.
El organismo recordó que la población no puede convertirse en escenario de confrontaciones y que quienes no participan en las hostilidades deben ser protegidos.
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Ante el inicio del nuevo Gobierno, la entidad pidió fortalecer desde los primeros días una respuesta que combine las acciones de seguridad con medidas de prevención y protección de las personas y comunidades en riesgo.
En ese sentido, destacó la información recopilada por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, así como las advertencias territoriales y recomendaciones que, según el organismo, pueden servir para anticipar escenarios de riesgo y orientar respuestas de acuerdo con las condiciones de cada región.
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