Una serie de hechos de violencia extrema contra las mujeres registrados en distintas regiones del país en los últimos días llevó a la Defensoría del Pueblo a pedir a la Fiscalía y demás autoridades que se establezca si existen conexiones entre estos casos y otras actividades delictivas, actores o redes criminales.
La estatal encargada de la defensa de los derechos humanos recordó los asesinatos recientes de María Camila Potosí, en Cali; María Alejandra Castaño, en Líbano, Tolima; Herianny Montilla, una adolescente de 16 años, en Barranquilla; y Yasleidis Martínez, en Valledupar.
Ante la violencia contra ellas, la entidad advirtió que el feminicidio constituye "la manifestación más extrema de las violencias basadas en género" y suele estar precedido por patrones de control, amenazas, agresiones y aislamiento que restringen progresivamente la autonomía de las mujeres.
Señaló que su prevención exige identificar e interrumpir esas violencias antes de que se produzcan daños irreparables. La Defensoría señaló además que la activación temprana de los mecanismos de búsqueda es una herramienta que habría podido impedir la materialización de feminicidios, violencias sexuales, trata de personas y otras formas de violencia de género.
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Pidió evitar interpretaciones que reduzcan estos hechos a casos de "intolerancia", conflictos de pareja o situaciones aisladas, y llamó a profundizar el análisis de patrones y posibles expresiones de macrocriminalidad cuando las características de los casos así lo indiquen.
En ese marco, la Defensoría exigió a la Fiscalía avanzar de manera inmediata y urgente en la búsqueda del bebé que esperaba María Camila Potosí, y pidió al ente investigador que las pesquisas penales sobre estos casos avancen "de manera pronta, exhaustiva e imparcial", con el fin de establecer responsabilidades individuales, contextos y factores de riesgo, además de fortalecer las capacidades institucionales para prevenir nuevas violencias contra las mujeres.
A las autoridades nacionales y territoriales, la entidad urgió revisar y fortalecer los mecanismos de valoración del riesgo, protección y búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, garantizando respuestas oportunas, coordinadas y libres de estereotipos de género.
Mientras que a los medios de comunicación les reiteró la importancia de informar sobre estos hechos sin culpabilizar a las víctimas, sin justificar a los agresores y sin convertir la violencia en espectáculo.
