Tras cerca de seis años de firmado el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las Farc, la Defensoría del Pueblo presentó un informe de seguimiento en el que destaca avances significativos, pero también grandes retos para los próximos gobiernos.
En el informe se resalta, por ejemplo, que en materia de acceso a tierras se han entregado 1.442 predios a favor de 6.384 familias. Por su parte, al Fondo de Tierras han ingresado 1.912.839 hectáreas correspondientes a 16.923 predios, lo que equivale a un avance del 63,8% frente a los tres millones de hectáreas fijadas como meta en el Acuerdo Final.En cuanto a tierras para la población excombatiente, el informe indica que 10 de los 24 Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) ya cuentan con predios comprados para su consolidación y estabilización. Además, 14 de los 16 Planes Nacionales Sectoriales para la reforma rural integral han sido adoptados y 2 se encuentran próximos a su oficialización.
En cuanto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) el informe indica, que la inversión a febrero de 2022 ascendía a 13,2 billones de pesos, con una ejecución, durante tan solo el año 2021, equivalente al 46% del presupuesto invertido en cinco años.
Frente a los Programas Nacionales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el informe indica que el 92% de las familias beneficiarias han recibido pagos de asistencia alimentaria, el 91% asistencia técnica integral, el 82% ha sido beneficiado con proyectos de seguridad alimentaria y el 55% con proyectos productivos de ciclo corto.Sin embargo, la Defensoría encontró que varios puntos están fallando por lo que entregó varias recomendaciones, en especial por temas relacionados con la violencia en contra de excombatientes y líderes sociales.
Entre estas recomendaciones se destaca tomar medidas urgentes que mitiguen la situación de violencia en algunas zonas rurales, disponer de acciones para disminuir homicidios, amenazas y hostigamientos a líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y población excombatiente, constituir urgentemente la jurisdicción o la especialidad agraria, con el concurso del Gobierno y del Congreso y fortalecer escenarios de participación con las organizaciones sociales en la ejecución de los proyectos y obras en los PDET, entre otros.
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