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Dos implicados en el asesinato de Miguel Uribe aceptaron su responsabilidad y serán condenados
Los dos procesados se declararon culpables de varios delitos, entre ellos homicidio agravado, concierto para delinquir y utilización de menores para la comisión de delitos.
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Colprensa
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Miércoles, 1 de Julio de 2026

El crimen que conmocionó la política colombiana comienza a tener rostro judicial. Dos de los implicados en el magnicidio aceptaron su responsabilidad en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá, tras suscribir un preacuerdo con la Fiscalía que fue avalado por una juez penal especializada.

Se trata de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, quienes aceptaron su participación en el crimen y serían condenados a penas de 26 años y 3 meses, y 21 años y 9 meses de prisión, respectivamente.

Ambos se declararon culpables de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos, fabricación y tráfico agravado de armas de fuego, y ocultamiento de pruebas, detalló esta tarde la Fiscalía.


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La investigación del Grupo de Tareas Especiales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá reveló que los condenados organizaron varias reuniones en la localidad de Bosa y otros puntos de la ciudad para planificar el atentado. El día del crimen, cada uno asumió un rol definido en la operación.

Arteaga Hernández diseñó el plan criminal y asignó funciones a los demás implicados antes, durante y después del ataque. Realizó seguimientos a la víctima, verificó el lugar del atentado —el parque El Golfito—, entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra Uribe y supervisó la ejecución del crimen.

González Cruz, por su parte, permaneció a bordo de un vehículo a pocas cuadras del lugar del ataque y facilitó la huida de otros involucrados hasta un establecimiento de comercio del barrio Santa Fe. Además, vendió uno de los teléfonos celulares utilizados para coordinar el atentado con el fin de entorpecer las investigaciones.

El preacuerdo judicial representa un avance en el esclarecimiento del asesinato del senador uribista, uno de los hechos de violencia política más graves registrados en Colombia en los últimos años. La Fiscalía continúa investigando la cadena de mando y posibles autores intelectuales detrás del crimen.


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