El Gobierno anunció un recorte en el Presupuesto General de la Nación, como medida para mitigar el déficit por la caída del recaudo tributario. Tras un consejo de ministros, se conoció que el Estado buscará ahorrar $20 billones, por lo que cada cartera disminuirá 5,6% de su caja, impactando así el desarrollo de algunos proyectos planteados para 2024.
Según lo que dijo William Camargo, ministro de Transporte, su colega de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla, les ordenó que se hicieran los ajustes respectivos. “La estimación que está haciendo Hacienda es una disminución de 5,6% de cada ministerio. Es una tarea que estamos evaluando con los equipos”, dijo Camargo.
El problema, según el Ministerio de Hacienda, es que la caída del recaudo tributario ya golpeó la liquidez del Estado. Aun así, la reducción no afectará los procesos contractuales que se estén adelantando, pero, según lo dicho por Camargo, sí se impactarán ciertos proyectos, especialmente, los que no han obtenido sus certificados de recursos.
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“Ya se aprobó el recorte presupuestal por $20 billones, como una partida global y se dio plazo a todas las entidades para que el miércoles nos entreguen con precisión y en detalle por dónde va ese recorte, que afecta tanto a funcionamiento como inversión.
Revisando el cuadro de presupuestos de estos rubros, contenidos dentro del PGN, los sectores de educación ($70,4 billones), salud ($61,5 billones) y defensa (55,2 billones), son los que más recursos tienen en el año. En total, si suman todos los sectores, el Estado destina $408,07 billones.
Pero, si se le hace el ajuste de 5,6% anunciado por el Ministerio de Hacienda, por el concepto de presupuestos de inversión y funcionamiento el Gobierno se ahorrará $22,8 billones.
Lógicamente los que tienen mayores recursos son los que más se verán afectados, por ejemplo, educación perdería $3,9 billones, a salud se le restarían $3,4 billones y a defensa se le quitarán $3,1 billones.
“Dada la evidente reducción en el recaudo tributario, mostrado en las cifras al final de mayo, y la decisión de la Corte de negar la no deducibilidad de las regalías, el Gobierno decidió ajustar el gasto presupuestado. Mientras se evalúa por dónde se hará el ajuste, el Ministerio de Hacienda suspendió las partidas presupuestales que tengan que ver con CDP no expedidos para garantizar el control del gasto”, explicó Bonilla.
Es por esto que el Gobierno también le hace un llamado al Congreso para que agilice la aprobación de la ley de endeudamiento, que propone aumentar el cupo en US$17.607 millones. Según lo sustentado por el titular de la cartera económica, parte de esos recursos se destinarán para atender las obligaciones de deuda pública, que habrían subido casi 11 puntos del Producto Interno Bruto entre 2019 y 2020.
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La palabra de los expertos
El ajuste en el gasto y la solicitud de la ampliación del cupo de endeudamiento es una medida necesaria, sobre todo por la caída de la inversión registrada en el año, de acuerdo a los análisis y proyecciones presentadas por varios expertos.
“Es necesario, sin embargo, que protejan el gasto público con mayor impacto sobre el empleo y corregir el sistema de retenciones en la fuente, que explica en parte el débil comportamiento de los recaudos de impuestos en 2024. Y es importante que el Gobierno presente y tramite la ley para el arbitraje de litigios tributarios, que pueden compensar en parte los bajos recaudos”, dijo el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
En un par de días se conocerá qué proyectos o partidas se afectarán por el recorte presupuestal, y si el Gobierno le meterá la mano a otros recursos.
Sectores piden que no se afecten los proyectos sociales prioritarios
Aunque en mayor medida aplauden la decisión del Gobierno, algunos sectores le llaman la atención al ejecutivo para que el ajuste presupuestal no atrase proyectos sociales prioritarios. “Sincerar las cuentas fiscales le dará tranquilidad a los mercados.
Este recorte tendrá que buscar no afectar los proyectos sociales más prioritarios. Importante también que el clima de inversión mejore. La sostenibilidad fiscal pasa por una actividad económica más robusta”, dijo el presidente de Anif, José Ignacio López.
Tomado de La República*
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