En lo que va del 2024, 11 excombatientes han sido asesinados, mientras que en 2023, más de 35 fueron víctimas de homicidio, esto según los registros de Indepaz. Constantes son las alertas y denuncias de muchos de los firmantes de paz, quienes aseguran que se encuentran actualmente amenazados y otros afirman haber tenido que desplazarse del territorio en donde realizaban su proceso de reincorporación. Los departamentos como Cauca, Meta, Huila y Arauca son los que registran mayor número de muertes y amenazas.
Recientemente, las denuncias provienen desde el Centro Poblado Mariana Páez, espacio destinado para la reintegración, excombatientes denuncian la presencia de grupos de encapuchados que han estado rondando cerca de sus casas. Con las recientes denuncias de amenazas por parte del ELN, la alarma por la seguridad de los firmantes aumenta.
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La situación de inseguridad no es nueva, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz ya había hecho un llamado desde el mes de abril a la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) para que en conjunto con la Unidad Nacional de Protección (UNP), definieran acciones que garantizaran la vida y proporcionar seguridad a los firmantes, o que reubicaran a quienes se encontraban amenazados o ya desplazados. Esto, para asegurar la continuidad de los proyectos productivos que están en curso durante su proceso de reincorporación.
Recientemente Pastor Alape, excomandante de la guerrilla de las Farc y ahora integrante del partido político Comunes, denunció amenazas de parte del ELN. En un comunicado publicado en la red social X, señaló que la población firmante del acuerdo de paz en proceso de reincorporación han sido estigmatizados y amenazados de muerte, en este caso por parte de la guerrilla del ELN.
Alape hizo un llamado al Gobierno Nacional, al Comisionado Consejero para la Paz, Otty Patiño, a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y a los países garantes para que brinden seguridad a los firmantes de paz que están siendo sentenciados a una condena de muerte.
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El comunicado de Alape es el tercer mensaje sobre el riesgo en que se pone la vida de los firmantes desde las acusaciones lanzadas por el ELN. Rodrigo Londoño, conocido en las extintas Farc como Timochenko y actual presidente del partido Comunes, ya se había pronunciado al respecto en señal de rechazo, indicando que eran señalamientos infundados y afirmando que son personas comprometidas con los intereses de los sectores populares y la reconciliación nacional.
Las amenazas no solo vienen del ELN, provienen desde diferentes sectores, por lo que el Tribunal Especial para la Paz exigió celeridad en las investigaciones judiciales por las amenazas de las disidencias contra los excombatientes.
Después de la firma de los acuerdos de paz en el 2016, más de 420 excombatientes han sido asesinados en el país, situación que preocupa a los jefes negociadores, especialmente temiendo que este los lleve a enfilarse en otros grupos armados.
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