En un reporte entregado sobre los hechos ocurridos durante el paro nacional de mitad de año, la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU, aseguró que durante esas jornadas hubo abuso desproporcionado de la Fuerza Pública.
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A esta conclusión llegó la ONU tras analizar los reportes recogidos de lo sucedido entre el 28 de abril y el 31 de julio, “hay razones fundadas para sostener que en el contexto del Paro Nacional, se habrían cometido violaciones a los derechos humanos, tales como el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza que resultaron en privaciones arbitrarias de la vida y las violaciones a la integridad y seguridad personal, así como las detenciones arbitrarias, la violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo. En algunos de estos casos, las víctimas eran indígenas y afrodescendientes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, se lee en el informe entregado por la ONU.
Este documento añade que recibió alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de las protestas y que a la fecha, la Oficina ha verificado 46 de ellas, de las cuales 44 eran civiles y dos eran policías. De estas el 76% de las víctimas murieron por heridas de bala.
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“...existen motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la policía y que, en al menos 10 de esas 28 muertes, estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía. Actores no estatales habrían matado a 10 personas, mientras que no existe información suficiente para establecer la autoría de la muerte de ocho personas”.
Este informé documentó además varias instancias de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de Policía, especialmente miembros del ESMAD, para dispersar protestas pacíficas y bloqueos. Asimismo, reporta sobre individuos armados que atacaron y dispararon contra manifestantes, sin que las fuerzas de seguridad intervinieran.
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Otros incidentes detallados en el documento demuestran un uso inapropiado e indiscriminado de armas menos letales por parte de la policía, en violación de los estándares internacionales.
El documento también reporta 60 casos de violencia sexual presuntamente cometidos por la policía, de los cuales la Oficina pudo verificar 16 hasta la fecha.
En este informe la ONU también dijo que durante las protestas hubo criminalización y estigmatización de los manifestantes, incluso por parte de medios de comunicación relacionándolos con actos vandálicos o incluso alegando actos de terrorismo. Asimismo, el informe expresa preocupación por agresiones contra defensores de derechos humanos y contra periodistas que documentaron los acontecimientos.
El documento concluye que la gran mayoría de las protestas fueron pacíficas y que cuando las autoridades recurrieron al diálogo en lugar de la fuerza para interactuar con los manifestantes e incluyeron a los defensores de derechos humanos en las decisiones relacionadas con las protestas, resultó en una clara disminución de las tensiones y contribuyó a prevenir la violencia.
Conclusiones y recomendaciones
Ante la grave situación que se presentó durante el paro nacional, el informe destaca la importancia de que los agentes de las fuerzas de seguridad respeten los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad, y no discriminación a la hora de controlar las manifestaciones y de que las armas de fuego sólo deben ser utilizadas como último recurso ante una amenaza inminente para la vida o de lesiones graves.
Además, recalca que el uso de armas de fuego para dispersar de forma indiscriminada una protesta siempre es ilegal, porque estas no son apropiadas para el control policial de manifestaciones y que no deben usarse nunca para dispersar una manifestación.
El informe agrega que todos los presuntos implicados en causar lesiones o muertes, incluyendo agentes del Estado, deben ser objeto de investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes.
“El Estado debe garantizar también el derecho de las víctimas a una reparación integral. Las medidas tomadas por las autoridades para investigar y perseguir penalmente estos abusos son bienvenidas”, dice el informe.
El informe agrega que se deben revisar los protocolos y procedimientos de uso de la fuerza, para asegurar su plena adecuación con las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
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Además pide impulsar un debate amplio en la sociedad sobre la reforma a la Policía Nacional, incluyendo los mecanismos de control y de rendición de cuentas, así como valorar la pertinencia de transferir la policía del Ministerio de Defensa a un Ministerio de autoridad civil, para reforzar el carácter civilista de la institución y el enfoque sobre la seguridad ciudadana.
Este informe también se refirió a la intervención militar en las protestas, donde dijo que “garantizar el mantenimiento de la seguridad ciudadana, incluyendo la gestión de las manifestaciones, está reservado a los cuerpos policiales civiles y que toda asistencia militar sea excepcional y conforme con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, recordando que su participación debe ser temporal y limitada, subordinada a la autoridad civil, y regulada y fiscalizada por órganos civiles competentes".
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Por último la ONU le pide al Gobierno implementar las recomendaciones de la CIDH formuladas a raíz de su visita a Colombia en junio de 2021, las cuales en repetidas ocasiones han sido consideradas por el gobierno, como de no obligatorio cumplimiento.
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