En esa línea, aseguró que las preocupaciones que ha expresado frente a la política de paz total de Petro –que han escalado hasta un rifirrafe público con el jefe de Estado–, también las comparten las autoridades judiciales norteamericanas.
“Hay una preocupación sobre ceses de hostilidades con narcotraficantes porque es una figura inédita dentro del derecho internacional y dentro del derecho de los derechos humanos. Es necesario que eso se entienda de la mejor manera. El decreto produce –y para mí es lo preocupante en el marco de mis competencias–, que se desarticule la política de la persecución policial en Colombia”, agregó Barbosa.
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El encuentro se da como antesala a la reunión que sostendrán el próximo lunes el fiscal y el presidente. Según el jefe del ente investigador, durante esa cita le expresará a Petro esas preocupaciones.
“Hay un apoyo indeclinable (del Departamento de Justicia) en cada uno de los propósitos que tenemos. El objetivo es tratar de recomponer el país en una serie de temas que pueden haber fallado. Es importante que esto sea parte de la discusión que voy a tener con el Presidente para equilibrar lo que está ocurriendo para que todos podamos vivir bajo las ideas de un Gobierno que ganó, pero también bajo el Estado de derecho”, precisó.
Ante los reclamos que ha formulado el fiscal, la semana pasada el propio Petro reconoció que el funcionario “tiene razón en algunos temas” y se declaró confiado de que el próximo 30 de enero puedan sentarse a discutir para “evitar discordias institucionales en el camino de la paz, que es el derecho de la sociedad colombiana”.
La polémica se desató después de que Barbosa se negó a levantar las medidas de la justicia contra 16 jefes de estructuras criminales, advirtiendo que ni el Clan ni los Pachenca tienen carácter político y, por tanto, “no existen condiciones constitucionales” para aplicar esa medida.
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La génesis de los reparos que hizo Barbosa, atizados por su negativa a levantar las órdenes de captura, se remontan a las postrimerías de 2022, cuando Petro anunció que había pactado un cese bilateral al fuego con cinco organizaciones armadas: el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el grupo Sierra Nevada.
Sin embargo, días después se desató la controversia porque la guerrilla del ELN negó que hubiesen pactado tal cese. Ante ello, el Gobierno reanudó las operaciones militares y policiales en contra de los grupos subversivos.
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