Los firmantes del Acuerdo Final de Paz pidieron al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella información sobre las decisiones que adoptará frente a la implementación del acuerdo y, en particular, sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incluida cualquier eventual modificación a su estructura, competencias, duración, autonomía o presupuesto.
Entre los peticionarios están Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez, quienes señalaron que buscan obtener información oficial, verificable y completa sobre las decisiones que tomará la nueva administración.
Los firmantes preguntaron si el Gobierno tiene previsto presentar proyectos de ley, actos legislativos, decretos u otras iniciativas para modificar su estructura, competencias, duración, autonomía administrativa, técnica o presupuestal, así como cualquier otro aspecto relacionado con el funcionamiento de la jurisdicción.
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En caso de existir iniciativas de este tipo, pidieron conocer su estado y los estudios que las sustentan.
La petición también solicita información sobre los recursos presupuestales que serán destinados a la implementación del Acuerdo Final y al funcionamiento de las entidades responsables de ejecutarlo.
Los firmantes pidieron conocer si el Gobierno contempla modificar, reducir, redistribuir o aumentar esos recursos y cuáles serían las entidades afectadas por esas decisiones.
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En ese sentido, solicitaron precisar qué entidad o funcionario tendrá a cargo la coordinación de la implementación, qué recursos tendrá disponibles y cuál será la entidad responsable del seguimiento y la rendición de cuentas ante las instancias creadas para ese propósito.
El documento también pregunta por las medidas que adoptará el Gobierno para garantizar la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz y el funcionamiento de los mecanismos de reincorporación.
Entre otros aspectos, solicita información sobre la continuidad de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el Consejo Nacional de Reincorporación y los espacios territoriales de capacitación y reincorporación.
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En relación con la JEP, además de las eventuales modificaciones a su estructura y funcionamiento, los firmantes pidieron conocer qué decisiones adoptará el Gobierno para garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Acuerdo Final y las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en materia de paz.
La solicitud incluye además preguntas sobre el proceso de empalme entre el Gobierno saliente y la nueva administración, y pidieron conocer las reuniones, diagnósticos, informes, decisiones y recomendaciones relacionadas con la implementación del acuerdo que hayan sido producidos durante ese proceso.
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